Luego de la aprobación en el Sernado, el proyecto de modificación de la actual Ley de Hidrocarburos ingresará a la Cámara Baja esta semana para su tratamiento en comisiones.
Según Tiempo Argentino, el objetivo del oficialismo es tener aprobada la ley cuánto antes y, seguramente, durante este período legislativo que concluye el 30 de noviembre. De esta manera buscan llegar con la ley aprobada de cara a una resolución del diferendo con los buitres una vez superados los plazos de vigencia de la cláusula RUFO que, en definitiva, ha puesto la política de inversiones externas en una impasse.
El objetivo de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, según el oficialismo, es la de aceitar los mecanismos necesarios para estimular las inversiones externas en el sector. De este modo se busca conseguir un efecto doble que tenga impacto en la restricción externa de divisas.
Por un lado, viabilizar ya para 2015, un "shock de inversiones" y un ingreso de divisas para este propósito que, a su modo, ingresarán al circuito del BCRA y por el otro, conseguir a mediano plazo la recuperación del autoabastecimiento energético. Es que, ya para 2013 la balanza comercial energética fue deficitaria en 6163 millones de dólares (con importaciones por casi U$S 12 mil millones). Para este año el desequilibrio totalizaba, para agosto, unos 4922 millones de dólares que podrían redundar en un déficit anual de 6000 millones a partir de una leve merma en las importaciones según datos proporcionados la consultora AMF.
El proyecto, en lineas generales, consagra a nivel legislativo, los términos del acuerdo que permitió dar cauce a las inversiones de Chevron con YPF en el área de Vaca Muerta. Es que para ese propósito se establecieron una serie de normas y decretos provinciales y nacionales que ampliaron los plazos de las concesiones y crearon un marco específico para la remisión de utilidades de esa empresa petrolera. De este modo se espera que se incentiven las inversiones necesarias para recuperar el autobastecimiento energético en un plazo de siete a diez años.
La potencialidad en materia de inversiones hidrocarburífeas es inconmensurable. Para graficar el alcance de la industria vale tomar el caso del yacimiento de Vaca Muerta. que ocupa una superficie de 30 mil km2 de los cuales, 12 mil están bajo concesión de YPF. De ese total, apenas 300 km2 están incluídos en el acuerdo de YPF con Chevrón que significó en los últimos dos años inversiones por un total de 3000 millones de dólares. Para la explotación del total del area comprendida en ese acuerdo se estiman necesarios alrededor de 15 mil millones de dólares. Sólo en los 30 mil Km2 de Vaca Muerta, por lo tanto, hay inversiones potenciales por 1,5 billones de dólares equivalentes a poco menos de tres PBI anuales. En la Argentina existen además ocho cuencas de recursos convencionales todavía no del todo exploradas.
Con todo, un cálculo más ajustado a la realidad de los posibles proyectos surge de las inversiones necesarias para que la Argentina consiga recuperar el autoabastecimiento. Fuentes del sector estiman que, para lograr ese objetivo se necesita explotar cinco clusters como el que hoy está bajo el marco del acuerdo YPF-Chevron, es decir un total de 1500 km2.
Para eso, proyectando los mismos cálculos, el objetivo es obtener inversiones externas por 75 mil millones de dólares en los próximos siete a diez años.
La voluntad de Chevron de llevar adelante inversiones por un quinto de ese monto bajo las condiciones establecidas en el acuerdo permite inferir que, la elevación al rango de ley de esos beneficios, sería suficiente para lograr ese objetivo. Tanto en lo que hace a la extensión de concesiones como por los beneficios contemplados en el Decreto 929/13 que otorgan libre disponibilidad de divisas, del 20% para proyectos convencionales y no convencionales y del 60% para proyectos offshore. La ley, además, amplía el beneficio a proyectos por 250 millones de dólares (el decreto lo fijaba en mil millones).
Es que la producción de gas de YPF creció 31% durante el primer trimestre de este año con relación al del año anterior y, sin embargo, la producción de gas del país cayó. YPF hoy explica sólo el 34% de la producción de hidrocarburos en el país.
Efectivamente según Eduardo Barreiro, prestigioso consultor en petróleo y gas, "para llegar en diez años al autoabastecimiento hace falta una gran inversión que se estima en 12 a 15 mil millones de dólares todos los años. Lo único que falta, es resolver el diferendo con los buitres. Cuando venza la fecha de la cláusula RUFO se va a poder negociar mejor. Esta ley y el arreglo con los holdouts aumentarán la seguridad jurídica". Es que, según los especialistas consultados los rasgos fundamentales de la ley están asociados, en primer lugar, a una homogeneización de los gravámenes y regalías que se cobran en cada una de las provincias cuyos topes serán establecidos taxativamente por la ley. Según Barreiro, "cada provincia estaba lanzando su propio marco regulatorio para la actividad. Si se hubiera seguido así habría habido una multiplicación de costos de producción inhabilitando muchos proyectos y bajando las inversiones. La ley hace que las condiciones para las inversiones petroleras sean similares en cada una de las provincias y las rentas provinciales dependerán de lo que se saque de petróleo y gas pero no de tasas e impuestos que puedan poner las provincias. Se estaban queriendo cobrar hasta tasas municipales… es irracional!", se quejó.
Hoy las provincias cobran sus regalías, ingresos brutos, bonos por extensión de concesiones, bonos por exploración. La ley homogeneízaría el sistema que deja de ser discrecional favoreciendo la planificación empresaria. Solo se puede cobrar lo que está en la ley, que incluso determina qué se puede cobrar, cómo y cuándo. Incluso el porcentaje de responsabilidad social que tienen que cobrar.
Por ese motivo el proyecto del ejecutivo resulta de varias reuniones entre nación y las provincias petroleras donde primó la idea de que "el cero por ciento de nada es nada" es decir que al promover mas extracción las provincias terminarán recaudando más. En Neuquén, por ejemplo, con el acuerdo de Chevron se redujeron las alícuotas pero se incrementaron las regalías por la mayor extracción casi un 200% en dos años. El proyecto establece la regalía única del 12%, que se puede aumentar un 3% en la primer prórroga y otro tanto en la segunda. Además se estableció un techo del 3% de ingresos brutos.
Según el diputado nacional por el FPV y presidente de la comisión de presupuesto, Roberto Feletti, "la ley tiene tres ejes: en primer lugar manejar la política energética por parte del ejecutivo nacional compatibilizada con el derecho al recurso que tienen las provincias, en segundo lugar crear un marco legal homogéneo para un flujo de inversiones y por último articular la producción de gas y petróleo para un desarrollo industrial. No queremos autoabastecimiento con 20 por ciento de desempleo." resumió. Además, agregó que "las estimaciones más convergentes plantean inversiones para los próximos cinco años de 5000 millones de dólares anuales para un total de 25 mil millones en lo inmediato y el flujo debería ampliarse hasta los 50 mil millones. Lo fundamental es que crea una visión de largo plazo dandole fuerza de ley a un régimen de promoción a la inversión que hoy está por decreto".
El proyecto busca adaptar las condiciones de explotación de hidrocarburos a los nuevos desafíos del sector. Según la U.S. Energy Information Administration la Argentina es el segundo país con recursos recuperables de gas no convencional y el cuarto de petróleo no convencional. Este tipo de proyectos demandan una inversión muy alta y, por lo tanto, las concesiones deben adaptar sus plazos a las posibilidades de repago de esa inversión. Así ocurrió con el acuerdo con Chevrón en la provincia de Neuquén para la explotación del yacimiento de Loma Campana. La aprobación de la ley generalizaría el plazo de 35 años concedido en ese caso para todas las explotaciones de ese tipo.
Pero además la ley establece normativas que ponen el foco también en el estímulo de la extracción off shore permitiendo una mayor remisión de utilidades para financiar la reinversión (en este caso las regalíasvan directamente a Nación y no a las provincias) y de estímulo indirecto a lo que se conoce como recuperación secundaria y terciaria de recursos convencionales. Se trata de volver sobre un pozo supuestamente agotado para ponerlo en producción. Barreiro explica que "un yacimiento típico convencional en producción primaria –o sea por producción natural y bombeo mecánico– puede llegar al 20 a 25% del recurso; aplicando secundaria (haciendo water flooding, o sea inundando el yacimiento con agua), se puede lograr un 30 a 35%; con una recuperación terciaria bien hecha se puede llegar a un 45% y más de recuperación. Si no fomentamos la inversión para poner los yacimientos en terciaria, estaríamos dejando abajo una cantidad de petróleo muy importante", alertó. Loma la Lata, por ejemplo, que es el yacimiento de gas que abasteció a la Argentina durante casi cien años empezó a declinar en la década del '90 y del 2000. Hoy gracias a estas técnicas de recuperación se logró recuperar su punto de equilibrio.
Para Eduardo Barreiro "la ley debería establecer una discriminación también en el caso de los convencionales que establezca "en casos de crudos extrapesados, como el Llancanelo en Mendoza, o de recuperación terciaria, una tipificación distintiva de las formas de producción que permitan aplicar una disminución en las retenciones o un porcentaje mayor de crudo de libre disponibilidad que el 20 por ciento. Por ejemplo el 30 o el 40 por ciento". explicó. De todas formas, "lo que diga la ley va a ser ampliado por los decretos y resoluciones derivadas de la ley, así que hay tiempo de mejorarla".
El tratamiento de la ley coincide con una merma sensible en los precios del petróleo a nivel internacional que, habiendo rozado los 120 dólares el barril en 2012 cayeron hasta los U$S 83 y que podrían afectar las decisiones de inversión. Según el diputado Feletti, "nada hace pensar que sea un tendencia de largo plazo. Lo que hace esta caída de los precios en la coyuntura es tenderle un puente financiero a la Argentina hasta que lleguen las inversiones porque mantiene la importación a precios más baratos. Además tiene un impacto fiscal por la disminución del subsidio a la generación. No invalida las decisiones de inversión que se van a tomar." Una vez que "se resuelva el problema con los buitres se apuntalará el recorrido previo que, a través de los acuerdo con el CIADI, el Club de París y Repsol, se venía trazando un camino en procura de crear un frente externo amigable a la inversión y que se topó con el fallo de Griesa". recordó.
Barreiro, por su parte, agregó que si bien "es un golpe a las inversiones porque se va perdiendo rentabilidad, como contrapartida, la aplicación de tecnología va a ir bajando los costos. YPF ya encontró su segundo sweet spot (zona de Vaca Muerta de alta producción) donde el costo de extracción ya se hace retributivo aún con estos precios. De todas maneras, en mi opinión lo que se produjo fue una revaluación del dólar". Por último, el especialista llamó la anteción, "que tengamos un recurso no convencional grande (no una reserva porque el recurso es presuntivo) ni significa que tenemos todo solucionado y es solo cuestión de esperar. No es así. Hay que transformar esos recursos en reservas y para eso se necesita mucho trabajo, mucha tecnología, exploración e inversión. Por eso una tarea fundamentaql sigue siendo diversificar la matriz energética de argentina que hoy se concentra en un 90% en hidrocarburos", recomendó.
La nueva ley tiene sus claroscuros
El proyecto de ley en proceso de sanción tiene aspectos positivos como el haber cerrado un conflicto entre la Nación y algunas Provincias. Una solución de compromiso que le hace bien a la política. Algunos sectores de la oposición con mirada corta alegan que fueron avasallados los derechos provinciales: por el contrario si alguna parte resignó posiciones ha sido la Nación.
Por un lado al imponerse el concepto de dominio sobre los recursos, alejándose de la letra y el espíritu de la Reforma del 94. El dominio originario de la Constitución es otra cosa, no es la propiedad, y esa interpretación reiterativa será fuente de conflictos porque atenta contra la unidad nacional. Por otra parte, al exigir esas provincias su participación en la redacción de las condiciones de licitación de los yacimientos: si hay una cuestión en la que se establecen políticas a futuro es esa, la que es una facultad nacional expresa en nuestro sistema político, según la Constitución.
Otro aspecto positivo es dejar en claro la intención de recibir capitales para la rápida explotación de los recursos no convencionales de Vaca Muerta y otros yacimientos, tan necesaria para el autoabastecimiento, para los cuales se han fijado importantes beneficios. Se critica que esa fórmula está dirigida especialmente a YPF, lo cual es cierto y es un mérito: poco ha hecho en materia de inversiones el resto del empresariado petrolero que representa el 65% de la producción de gas y petróleo.
Se critica que atrás de YPF se encolumnarán esas empresas reticentes: puede ser cierto, pero siempre que el Estado convalide conductas espúreas, cosa improbable. Entre las ausencias que se desprenden del proyecto de ley hallamos la falta de un organismo nacional para acompañar este proceso de inversiones: poco se puede esperar de un Estado ausente en la programación, control y regulación de los yacimientos, incluyendo los aspectos ambientales, cuando las grandes multinacionales participen activamente de la explotación de hidrocarburos que anhelamos.
Hubiera sido importante que además de crear ese organismo se alentara la participación de la industria nacional en este proceso de inversiones para no caer en un nuevo ciclo de primarización de la economía. El proyecto de ley permite alentar esperanzas de inversiones en general y de desarrollo de YPF en particular.
En yacimientos de carácter extraordinario como son estos de Vaca Muerta y otros no convencionales, similares al “presal” de Brasil y los importantes de Bolivia y Venezuela, es de rigor regular la captación de renta que quedará para los países, para los pueblos: esas naciones, y otras en el mundo, los establecen en porcentajes importantes, y en este proyecto se expulsó expresamente el tímido y apresurado intento de las provincias de un 10 por ciento. Para la Nación ese porcentaje ha sido solamente el silencio.
El Cronista
El oficialismo busca apurar el tratamiento de la reforma de la Ley de Hidrocarburos en la Cámara de Diputados. Mañana está previsto que la comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza la kirchnerista Diana Conti, convoque a un plenario, donde Minería, Energía y Combustibles y la comisión de Presupuesto y Hacienda debatirán los 32 artículos y dos anexos que presenta el texto, que obtuvo media sanción hace diez días en la Cámara alta. Se espera que la discusión se retome el jueves, tras un cuarto intermedio, día en que se estima la iniciativa obtendrá dictamen sin modificaciones. La idea del kirchnerismo es que a más tardar el 29 de octubre el proyecto consiga sanción definitiva.
Como sucedió en el Senado, el debate lo encabezará el presidente de la estatizada YPF, Miguel Galuccio, quien volverá a defender la iniciativa de la que fue mentor y que, entre otros puntos, beneficia a las empresas para acelerar las inversiones en el área energética y recuperar el autoabastecimiento. También expondrán el ministro de Planificación, Julio De Vido; la secretaria de Energía, Mariana Matranga y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.
El apuro oficial obedece a la intención del Gobierno de sacar la ley antes de que termine el 2014 (el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias y es la última fecha que tiene el Congreso para dictaminar). Pero en los últimos días se sumó un nuevo motivo a la prisa. La caída en el precio internacional del petróleo amenaza el debate. El precio del Brent, que se utiliza en Europa, anota una baja de 28% desde junio, mientras que el barril de crudo extraído en Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos y que también se usa como medida en la Argentina, está entre sus niveles más bajos del año. Su valor se ubica en torno a los en u$s 80, lejos de los máximos de u$s 110 y ya hubo legisladores que alzaron sus voces advirtiendo que la situación complica futuras inversiones en el país. La persistente caída en el valor del petróleo será un punto que la oposición tendrá en cuenta a la hora de refutar el proyecto, alegando que bajo este escenario no es el momento oportuno de tratar esta ley.
Entre los cambios más polémicos, la reforma fija nuevos para plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 pa ra los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima.
Son momentos de cambio para el mundo petrolero. Mientras Vaca Muerta deja de ser una promesa para pasar a ser una realidad, se torna urgente el arribo de inversiones para revertir la declinación productiva. En ese tren, cuya locomotora por estas horas es la empresa bajo control estatal YPF, el gobierno nacional impulsa una reforma de la ley de hidrocarburos, que tiene más de medio siglo de vida.
En un proceso lleno de tensiones y que implicó duros cruces entre las provincias petroleras, YPF y la Nación, se acordó un texto que ya obtuvo media sanción del Senado y que ahora deberán tratar los diputados.
En este escenario de cambios, donde el desarrollo petrolero pasó a la primera fila de la agenda, "Río Negro" a través de su suplemento "Energía" invita a la segunda jornada de debate que se realizará en el Museo de Bellas Artes de Neuquén. Será el próximo martes 21, a las 18, en el auditorio central.
En esta oportunidad, los expositores serán el CEO de Shell Argentina, Juan José Aranguren; el senador nacional rionegrino por el FpV, Miguel Ángel Pichetto y el exsecretario de Energía durante la gestión de Alfonsín, Jorge Lapeña.
La capacidad de la sala es limitada. Se aconseja a los interesados confirmar su asistencia al mail: jornadas@rionegro.com.ar
Un plenario firmará esta semana despacho favorable al proyecto que el oficialismo quiere convertir en ley en la sesión del 29 de este mes, luego de escuchar las explicaciones del ministro de Planificación Julio De Vido y del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
De esta manera, el Frente para la Victoria -que conduce Juliana Di Tullio- cumplirá con su compromiso de sancionar esta ley en octubre y así otorgar una herramienta clave para atraer inversiones para el estratégico sector petrolero, con la mirada puesta en lograr la soberanía energética.
Para cumplir con su meta deberá garantizar la presencia de sus 118 diputados, y de sus aliados para alcanzar el piso de 129 votos para poder sancionar esta iniciativa, ya que la oposición ya anticipó que se opondrá a esta propuesta como hizo en el senado y en las diversas conferencia y audiencias que organizó en el ámbito legislativo.
De hecho, el oficialismo tiene asegurado el voto de los siete diputados del Frente Cívico, 3 de Nuevo Encuentro, un fueguino, uno del PJ Pampeano, con lo cual se asegura al menos 130 sufragios, a los que se podría sumar otro de Tierra del Fuego y la ex aliada de Raúl Castells Ramona Pucheta.
En cambio, el Movimiento Popular Neuquino se encuentra dividido dado que dos de ellos que responden a Guillermo Pereyra rechazan esta iniciativa, mientras que aún no se sabe que postura asumirá la aliada del gobernador Jorge Sapag Alicia Comelli.
Por lo pronto, el oficialismo estará concentrado esta semana en emitir el dictamen el jueves tras la reunión que se realizará el próximo martes donde recibirá la opinión de los funcionarios sobre el proyecto que reforma la ley de Hidrocarburos, aprobado en la sesión del ocho de octubre en el Senado.
De acuerdo al cronograma de trabajo, este martes expondrán en el plenario de comisiones el ministro de Planificación, Julio De Vido, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, el titular de YPF, Miguel Gallucio, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga.
La reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Energía y Combustibles y de Presupuesto fue citada para el martes a las 13 en el Salón C del segundo piso del nuevo edificio anexo de la Cámara de Diputados.
Durante la reunión, que será conducida por la presidenta de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, junto a los titulares de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, y de Energía, Mario Metaza, los funcionarios darán un informe sobre diversos aspectos de la iniciativa que reforma la ley de hidrocarburos y responderán preguntas de la oposición.
El proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos fija nuevos para plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina.
Además establece que las emprendimientos off shore tengan un beneficio fiscal del 20 por ciento siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia será del 60 por ciento.
En tanto, los derechos de los actuales concesionarios no se verán afectadas por las reformas a la ley de hidrocarburos.
Por otro lado, el proyecto otorgo la potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones, las cuales deberán pagar regalías por un 12 por ciento.
Además dispone que "en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un tres por ciento las regalías con un tope del 18 por ciento".
Para las nuevas licitaciones, en tanto, se determina que "se suprimen las reservas de áreas", mientras que las empresas provinciales "podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión".
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.
El exgobernador de Neuquén, aspirante a retomar ese cargo, se expresó contra la Ley de Hidrocarburos que espera aprobar el Gobierno. Remarcó que la medida "es anticonstitucional" y "no sirve a los intereses de la Nación"
El ex gobernador neuquino y precandidato a retomar el cargo, Jorge Sobisch, planteó la necesidad de rediscutir la nueva ley de Hidrocarburos que espera aprobar el gobierno en diez días porque, dijo, "es anticonstitucional" y "no sirve a los intereses del desarrollo energético".
En ese marco, dijo que desde su espacio van a "hablar con cada uno" de los candidatos presidenciales para preguntarles "qué van a hacer desde el próximo año" con proyectos petroleros como Vaca Muerta.
"Un desarrollo de esta envergadura, el segundo de gas del mundo, no lo puede llevar adelante la provincia pero no queremos ser convidados de piedra. Todos hablan de Vaca Muerta desde el gobierno nacional pero ninguno de Neuquén", advirtió.
Además, en una entrevista con el diario Río Negro señaló que "la ley que se plantea es anticonstitucional. Va a ser rediscutida con el próximo gobierno nacional".
"Planteamos que es una ley anticonstitucional que no sirve a los intereses del desarrollo energético de la república Argentina. Lo pone al presidente de YPF por arriba del gobernador de la provincia", añadió.
Y, apuntó que el suyo "es un planteo de respeto a la constitución que dice claramente que los recursos del subsuelo son de la provincia. Lo firmó Cristina Kirchner que lo que firmó con la mano lo borra con el codo".
