En el marco del acto por el Día de la Lealtad peronista en Río Gallegos, el gobernador santacruceño Daniel Peralta anunciará hoy la caducidad de la concesión de dos áreas petroleras que posee la firma OIL M&S, del empresario Cristóbal López, en medio de un litigio judicial por la supuesta falta de inversiones.
En las últimas horas, la compañía sorpresivamente presentó un escrito en el cual desistió de su reciente pedido de prorrogar nuevamente una cautelar dictada hace dos años por el juez en lo Civil y Comercial de Río Gallegos Enrique Arenillas, que impedía al Ejecutivo avanzar en la reversión de esas áreas de la Cuenca Austral.
Destrabado ese camino, le quedó a Peralta la puerta abierta para desde hoy quitarle la concesión de las áreas de Gran Bajo Oriental y Sierra España, concedidas en 2008. La primera -denuncian los funcionarios- arrastra una deuda en inversiones de u$s 5.497.000, mientras que en la segunda, ese monto escalaría a u$s 2.538.600.
En paralelo, Santa Cruz le exige a López el pago de
$ 400.539,61 más intereses por "deuda de canon hidrocarburífero" en el primer caso, y de $ 178.830,08 por el segundo; y u$s 2.505.600 por ambas áreas, bajo el argumento de que no se cumplieron más de 1.100 unidades de trabajo, "conforme a las obligaciones asumidas en los contratos suscriptos entre las partes".
El mandatario cuestiona a la empresa de López desde 2012 por la supuesta falta de inversiones. Ese año, tras una carta documento del Gobierno con ese planteo -bajo la pena de hacer caducar los contratos-, la firma desembarcó en la Justicia con un recurso de amparo, que le fue concedido por Arenillas.
El magistrado ordenó a la provincia abstenerse de definir la caducidad de las áreas, aunque no le prohibió el camino del reclamo administrativo. En 2013, en tanto, hizo lugar a otro pedido de OIL y prorrogó por otro año el paraguas que beneficia a la firma.
Esa nueva tregua venció sobre la medianoche de ayer, aunque seguirá abierta la causa en torno de la cuestión de fondo sobre la existencia o no de las inversiones comprometidas -la empresa cuestiona la denuncia-, e incluso en círculos oficiales no descartaban ayer una embestida de la firma por daños y perjuicios.
En 2008, la petrolera de López resultó adjudicataria de otras cinco áreas. Según el Gobierno de Peralta, de las siete, sólo dos muestran actividad e inversión.
Desde la 0 horas de mañana, 17 de octubre, la provincia de Santa Cruz está en condiciones de comenzar los procesos administrativos, si así lo determina, para caducar las áreas que hoy posee en concesión la empresa OIL M&S, según pudo confirmar en fuentes judiciales La Opinión Austral.
El litigio entre el Gobierno provincial a través del Instituto de Energía y la petrolera de Cristóbal López comenzó en el año 2012, cuando ante una carta documento intimando a realizar inversiones en sus áreas ‘so pena’ de caducar las mismas, la empresa acudió a la Justicia con un recurso de amparo para evitar esa decisión.
Carlos Enrique Arenillas, titular del Juzgado Nº 1 en lo Civil y Comercial de Río Gallegos, hizo lugar a la cautelar y si bien no prohibió que el Instituto avanzara en los reclamos administrativos sí ordenó a la provincia abstenerse de resolver la caducidad de las áreas que tiene OIL, que son sobre las que el IESC indicó no se ha hecho ningún tipo de inversión por parte de la petrolera.
Un año después el juez hizo lugar a otro pedido de OIL y dictaminó que para “asegurar el marco del proceso y la futura composición del litigio, así como de mantener la igualdad de las partes” se prorroga por un año más la solicitud de la empresa de López y el fallo sostiene: “Ordenar, nuevamente, la prohibición de innovar respecto de las áreas petroleras del accionante, sólo en lo que respecta a una posible resolución del contrato, por el plazo de un (1) año a contar desde el vencimiento de la anterior cautelar”, plazo que vence a las 24 horas de hoy.
El gobierno sólo reconoce inversiones “en las dos áreas en las que OIL constituyó una UTE con la petrolera de Eduardo Eurnekián” mientras que en las otras “no ha invertido ni un peso” señaló en más de una oportunidad el propio gobernador.
El titular del IESC, Juan Ferreiro indicó a La Opinión Austral que lo que ahora se abre “es el camino para todo el proceso que podría terminar en la caducidad de las áreas”, para evitarlo “la empresa debería demostrar las inversiones realizadas” o bien presentar un plan de inversión que satisfaga los requerimientos que la provincia viene reclamando, algo que demandará su tiempo.
Cabe recordar que existe otro proceso, que hoy está en trámite de apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia, en el que OIL reclama por el decreto 423/13 por el cual el Gobierno quita del Registro de Operadoras habilitadas a trabajar en suelo santacruceño a la petrolera cuestionada. Ese proceso judicial aún no terminó y sigue su curso.
Reclamos
De las siete áreas que se le adjudicaron a la petrolera de López el 5 de agosto de 2008, sólo dos muestran actividad e inversión, ubicadas en cercanías a la localidad de Piedra Buena, iniciaron trabajos de sísmica 2D a través de la UTE que constituyó con Eduardo Eurnekián. En las cinco áreas restantes el incumplimiento de los planes de inversión contabiliza una deuda de U$S 3,9 millones que el Gobierno Provincial reclama a OIL.
Además el Gobierno planteó que el área Bajo Oriental presenta según la provincia un incumplimiento de planes de trabajo por U$S 5.497.000, y Sierra España contaba con un compromiso de inversión que ascendía a U$S 2.538.600 y tampoco se concretó.
Además de las inversiones que adeudaría, Santa Cruz le reclama a Cristóbal López el pago de $ 400.539,61 más intereses por “deuda de canon hidrocarburífero” en Gran Bajo Oriental. Bajo el mismo concepto y correspondiente al área Sierra España, el reclamo es de $ 178.830,08.
A estos números, hay que incorporar un pedido de pago de U$S 2.505.600 por ambas áreas petroleras, por considerar el Instituto de Energía que no se cumplieron más de 1.100 unidades de trabajo “conforme a las obligaciones asumidas en los contratos suscriptos entre las partes”, argumenta la presentación del ente provincial.
