Por Silvia Pisani.

La seguidilla de los fondos buitre en busca de bienes supuestamente generados por corrupción y con los que pretenden cobrar su deuda se extiende. Ahora, con el agregado de que, por primera vez, una de sus demandas ante los tribunales de este país cita eventuales vínculos con la familia presidencial, a la que pretende investigar.

Con la firma, una vez más, del fondo NML, de Paul Singer, la presentación apunta esta vez contra Cristóbal López, el empresario cercano al kirchnerismo que logró de su gobierno concesiones para casinos, juegos de azar y medios de comunicación.

En ella, el fondo asegura poseer información según la cual López se valió de "vínculos irregulares" tanto con la presidenta Cristina Kirchner como con su fallecido esposo y predecesor en el cargo, Néstor Kirchner, para "alzarse" con millones de dólares públicos que están ahora "escondidos alrededor del mundo".

Lo que pide la presentación es que la empresa de López en los Estados Unidos suministre información tanto sobre esos vínculos como sobre los que tenga o haya tenido con Máximo Kirchner, el hijo del matrimonio presidencial.

Idéntica información requiere sobre su relación con el empresario kirchnerista Lázaro Báez -también objeto en sí mismo de una investigación local-, así como con otras 17 personas y seis entidades, algunas de ellas claramente identificadas con el constructor patagónico.

Elevada ante los tribunales de Nevada, la presentación se suma a la que NML hizo días atrás sobre la llamada "ruta del dinero K", en la que aportó el nombre de tres bancos europeos supuestamente ligados a la maniobra, así como un croquis de las operaciones.

En la misma línea se sitúa la presentación contra Guido Forcieri, ex representante argentino ante el Banco Mundial (BM), a quien se abrió investigación por su supuesta participación en la venta de la imprenta Ciccone.

La investigación local contra Forcieri es vista aquí como un tiro por elevación contra el vicepresidente Amado Boudou, a quien los "buitres" también tienen en la mira, según recogió la nacion.

Forcieri se desempeñaba como jefe de gabinete y mano derecha de Boudou durante su gestión al frente del Ministerio de Economía, período en el que ocurrió el cuestionado traspaso de la imprenta.

A todo eso se suma ahora la presentación contra Val de Loire, una empresa radicada en Nevada a la que se vincula con Cristóbal López y con su negocio de casinos dentro y fuera de los Estados Unidos.

NEGOCIOS CON BÁEZ

"La documentación a la que se tuvo acceso prueba que, al menos en forma periódica, Val de Loire hacía negocios con alguna de las 123 empresas que integran el conglomerado que se adjudica al empresario Báez" en los tribunales de Nevada, dice el expediente, al que tuvo acceso la nacion.

"López ha sido objeto de intensa investigación en la Argentina. Al igual que en el caso Báez, se lo tacha de haberse beneficiado de forma irregular de su relación con [el fallecido ex presidente] Néstor Kirchner", añade la presentación.

En todos los casos, lo que se inicia es un expediente de "discovery", la figura por la cual se puede requerir judicialmente la presentación de información y documentos cuando se sospecha que detrás de ello hay bienes públicos que fueron indebidamente apropiados por terceros.

De comprobarse que ése es su punto de origen, los fondos buitre podrían iniciar un expediente paralelo para intentar embargarlos y, con ello, cobrarse parte de la deuda que el Estado argentino tiene con ellos.

"El discovery les sirve de doble manera. Por un lado, para presionar al Gobierno a negociar. Por el otro, para efectivamente identificar bienes y, con ellos, intentar cobrar parte de la deuda", se indicó a la nacion.

Lo que añade este caso, que lleva por objetivo central a la firma Val de Loire, es que, por primera vez, se apunta a investigar en sede judicial norteamericana los supuestos "vínculos" de López con la presidenta Cristina Kirchner, con su fallecido marido y con el hijo de ambos.

El requerimiento, en ese caso, figura en el anexo C de la presentación, en el que se adjunta un listado de 17 individuos y seis empresas cuyos vínculos se pretende investigar.

La familia Kirchner figura entre los primeros nombres de ese listado, junto con otros tres integrantes de la familia Báez. Esto es, el padre, Lázaro, y dos de sus hijos: Martín y Leandro.

REUNIÓN CON LOS BUITRES Y POLLACK

Los abogados de la Argentina se reunieron ayer con los fondos buitre ante el mediador designado por la justicia de Nueva York, Dan Pollack, aunque sin lograr ningún avance. El Ministerio de Economía informó que no "tiene interés" en esta mediación ordenada por el juez Thomas Griesa, al menos hasta que el magistrado le permita al Gobierno pagarles a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Por Esteban Rafaele. 

El Gobierno ayer volvió a dar muestras que no tiene ninguna intención, al menos hasta que venza la cláusula RUFO, de negociar con los fondos buitre. Una muestra de ello es que a la reunión que había convocado el Special Master designado por el Juez Griesa, Daniel Pollack, concurrieron los abogados de la Argentina, pero sólo como "oficiales de la corte", es decir, sin autorización para actuar en representación del país.

La noticia fue confirmada por la noche por el Ministerio de Economía mediante un comunicado. Fuentes de la cartera de Hacienda aseguraron también que los abogados de la Argentina asistieron a la reunión porque de no presentarse hubiesen sufrido penalidades de la Justicia de Estados Unidos.

"A pesar de las repetidas explicaciones brindadas por la República Argentina sobre la falta de condiciones legales, justas, equitativas y sustentables, que permitan el inicio de negociaciones en el caso NML c/ República Argentina, el Special Master designado por el Juez Griesa, Daniel Pollack, ha forzado una reunión entre los abogados de las partes para el día de la fecha", dijo Economía. "El pasado 7 de octubre, la República Argentina remitió formalmente una nota al Sr. Pollack manifestando que, momentáneamente, no están dadas las condiciones para mantener un dialogo como el propuesto por el Special Master. No obstante este señalamiento efectuado por la República, el Sr. Pollack confirmó a la prensa dicha reunión", sostuvo.

En el comunicado el Gobierno también dijo que tal decisión se basa en las circunstancias actuales del litigio, incluyendo el impasse entre las partes por la imposibilidad de cumplimiento de las órdenes pari passu, y el inicio por parte de las demandantes de un "insólito e injustificado procedimiento por desacato y pedido de sanciones". "Asimismo, la preocupación de la República sobre potenciales reclamos en el futuro basados en la cláusula RUFO se ve también exacerbada por el tema propuesto por el Special Master".

"Por tales motivos, la República Argentina ha presentado una nueva comunicación al Juez, expresando su disconformidad y preocupación por el irresponsable y parcial comportamiento del Special Master designado por la Corte, manifestando además que la asistencia de los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a dicha reunión convocada por Pollack , responde únicamente a sus obligaciones como ‘officers of the Court‘, ya que no están autorizados para actuar en representación de la República Argentina para esta oportuni dad", concluyó el comunicado oficial.

El magnate Paul Singer, titular del fondo buitre NML Capital que lidera el litigio contra el país en las corte del juez Thomas Griesa, finalizó el vínculo con la consultora de la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, indicó ayer el periódico New York Post (NYP). Fue contratada para lograr un acuerdo con las autoridades argentinas en el pago de la sentencia a su favor, pero recogió una mala reacción por parte del gobierno argentino.

“Albright, que ha convertido sus amplias relaciones diplomáticas tanto en una empresa de consultoría como en un fondo de cobertura que invierte en mercados emergentes, fue contratada por Singer para ayudar en la rencorosa disputa de su deuda con Argentina”, dijo NYP.

Singer esperaba que Albright sería capaz de reunirlo con funcionarios de Argentina ala mesa de negociaciones.

“Pero el rechazo de Argentina condujo a Singer y Albright a terminar su asociación, al menos por ahora”, dijo NYP.

La asignación de la ex funcionaria fue contraproducente, ya que la presidente Cristina Kirchner atacó públicamente a la firma de Albright por entrometerse en los asuntos del país.

La Presidente afirmó que la consultora dijo que Singer tenía un plan de cinco puntos para desestabilizar al gobierno argentino si no se sentaba a negociar con los holdouts liderados por Singer, que ganaron un juicio por su tenencia de títulos argentinos en default por 1.600 millones de dólares.

Cristina dijo que el ex secretario de Comercio del segundo gobierno de Bush y socio de Albright, Carlos Gutiérrez, planteó a los funcionarios que los holdouts: desgastarían la figura de la Presidente con ataques mediáticos y denuncias sistemáticas a nivel internacional; propiciarían ataques especulativos en la variación del tipo de cambio marginal; impedirían el acceso de Argentina al financiamiento internacional; propiciarían una estrategia para lograr un acuerdo favorable a los fondos buitres en 2016, y contratarían a medios de comunicación para esmerilar al gobierno.

Albright Stonebridge Group, la consultora acusada, negó tener un plan de este tipo. Pero la unión entre Singer y Albright dejó de tener sentido, por ahora.

Singer retuvo a la diplomática de 77 años en una “tarea a corto plazo”, que se canceló debido a que “los argentinos no parecen estar interesados” en lo que ella está diciendo, dijo una fuente cercana al inversor multimillonario, según NYP.

Hace un mes y medio
A fines de agosto, el NYP había informado la contratación de la funcionaria de la presidencia de Bill Clinton por parte de Singer para fortalecer su poder de lobby en el conflicto que mantiene con Argentina por los títulos defaulteados que tienen en su poder y con sentencia firme de la Justicia de Estados Unidos, y que el país aún no pagó.

El mismo periódico había revelado que también el ex secretario de Comercio durante la presidencia de George Bush Gutiérrez estuvo en la Argentina para intentar impulsar la oposición al Gobierno.

Desde julio pasado, Argentina se niega a negociar con los fondos buitre por la vigencia de la cláusula Rufo, que obliga a pagar lo mismo al resto de los bonistas que entraron al canje y vence en 2015. Mientras tanto, el país deposita los vencimientos aunque los fondos no lleguen a los bonistas, por trabas que impone Griesa.