POR CRISTÓBAL SAMARDZICH, CLAUDIA VALDIVIEZO Y JOAN TORRE
Kausachun, Cambio Ucayalino e Integración Descentralista: éstos son algunos de los movimientos regionales que accedieron a la presidencia de una región en las últimas elecciones. Si nunca ha escuchado hablar de ellos, no es el único. Su proliferación y corta vida imposibilitan conocerlos. El APRA, símbolo de la institucionalidad partidaria -pese a sus denuncias de corrupción-, apenas aparece en el nuevo mapa electoral y perdió su último gran bastión electoral en el ya no tan ‘sólido norte’.
En el actual panorama político, la preocupación de las empresas ante las elecciones ya no sólo recae sobre la posición de los candidatos respecto a la inversión privada (pro o anti-business). La crisis de los partidos tradicionales y la alta fragmentación política impiden trabajar en una agenda de desarrollo nacional, y dificultan implementar las políticas públicas del Gobierno Central en todo el país. Ya no basta conocer el símbolo de la agrupación política elegida para tomar el pulso al futuro clima de negocios regional.
Los movimientos regionales presentaron la mitad de las listas de candidatos a las elecciones municipales y regionales, y obtuvieron hasta ahora 18 de las 25 presidencias regionales (algunas se definirán en segunda vuelta). Los partidos tradicionales de alcance nacional sólo ganaron en tres regiones (La Libertad, Lambayeque y San Martín) y competirán en segunda vuelta en una más: Apurímac. Este panorama contrasta con las primeras elecciones regionales del 2002, donde 17 de los presidentes regionales elegidos pertenecían a partidos tradicionales.
La fragmentación política hace que ni siquiera los movimientos regionales se consoliden, por lo que no hay predictibilidad política ni seguridad jurídica para los inversionistas. Ello repercute en la capacidad del Gobierno Central de gobernar adecuadamente e implementar sus políticas a nivel nacional, ya que debe negociar con numerosas organizaciones pequeñas (por ejemplo, para impulsar los proyectos mineros o de infraestructura).
Los candidatos anti-business ya no son el mayor de los problemas. La prédica antiminera que preocupa a los empresarios es mucho más limitada que la que la prensa local y algunos analistas sostienen. Se centra principalmente en Cajamarca, donde la arrolladora victoria de Gregorio Santos (45% de los votos) reduce las posibilidades de que el proyecto Conga se desarrolle, lo que afecta seriamente el futuro de la mineraYanacocha en la región y d el proyecto aledaño El Galeno, del consorcio chino Lumina Copper. Pese a ello, Cajamarca continuará siendo una fundamental región minera. Los siguientes proyectos importantes de la región, La Granja y Michiquillay, enfrentan más una dificultad económica -la caída de los precios de los metales- que social.
Otras regiones en riesgo, según algunos analistas y la prensa local, son Puno y Apurímac, la región que concentra la mayor cantidad de futuras inversiones mineras (US$12,000 millones). Pero en ambos casos es poco probable que los candidatos radicales Walter Aduviri (Puno) -quien lideró las protestas contra el proyecto minero Santa Ana en el 2011- y el excongresista Michael Martínez ganen en segunda vuelta. “La población radical no es mayoritaria en Puno; hay un fuerte ‘antiaduvirismo’”, afirma Hugo Supo, editor del diario Correo de Puno. Incluso si ganara Aduviri, la fuerte oposición lo forzaría a una gestión más moderada. Una vez en el poder, las presiones sociales dificultan el radicalismo.
Respecto a Michael Martínez, “no es en lo absoluto un Santos o un Aduviri”, señala Paul Pilco, periodista de Apurímac. “Durante las elecciones moderó su discurso político y se alió con un empresario muy pragmático“. En realidad Martínez busca negociar para obtener aportes adicionales de las mineras, como lo hicieron las autoridades de Moquegua y Arequipa.
Los verdaderos riesgos de estos candidatos provienen de sus nexos con actividades ilícitas, como la minería ilegal (SE 1426). Luis Otsuka, quien casi gana la presidencia regional de Madre de Dios en primera vuelta -obtuvo el 29.5% de los votos-, es presidente de la Federación Minera de la región, un gremio de mineros informales e ilegales, y ha liderado las fuertes protestas en contra del proceso de formalización minera.
En otras regiones donde no amenaza el radicalismo -como Arequipa, Ica, La Libertad y Piura-, existe una preocupación adicional respecto de la competencia de los candidatos regionales para gestionar con eficiencia los proyectos necesarios para que estas regiones sigan creciendo. Los vínculos de los candidatos con actividades ilegales permanece una preocupación también en las regiones pro-business.
¿Cuál es el impacto final de las elecciones regionales sobre el clima de negocios local? ¿De qué manera influyen los movimientos regionales sobre la política nacional?
