Que la reforma laboral ingresará este año al Congreso es un hecho, o por lo menos así lo han asegurado los ministros del Trabajo y Hacienda  a los partidos de la Nueva Mayoría y a los gremios de trabajadores.

En todo caso, pese a que el compromiso con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -al momento de firmar el acuerdo por salario mínimo- era que las iniciativas laborales se presentarían con ”mes preferente en octubre”, eso ya no ocurrió.

Hasta ahora las autoridades se han remitido a decir que la reforma laboral ingresará antes de fin de año, pero en realidad ya existiría un período estimativo. Según han señalado fuentes ligadas al proceso de construcción de la iniciativa, desde el Ministerio del Trabajo se ha planteado presentarla  a partir de la segunda mitad de noviembre.

Ya existiría una mayor claridad respecto a los tiempos de la reforma, luego que el sábado pasado se pusiera fin a la mesa de trabajo entre el equipo técnico del ministerio, liderado por Roberto Godoy, y la CUT.

En las últimas semanas, tanto en los encuentros con la multisindical como con partidos oficialistas, las autoridades de Trabajo habrían sincerado el cronograma de la reforma laboral, la que se tramitaría en el Congreso durante todo el próximo año. Específicamente se ha hablado de 10 meses, para ser aplicada recién en 2016.

Así también lo confirma el diputado socialista Manuel Monsalve, quien participó  de la reunión de su bancada el martes pasado en el Congreso (Valparaíso) con  la ministra Javiera Blanco y con el subsecretario Francisco Díaz.

Según Monsalve en la oportunidad la ministra “sostuvo que la reforma laboral no tendría un efecto inmediato sólo porque se envía el proyecto al Congreso.  El articulado tendrá un trámite largo,  entre 8 a 10 meses, y probablemente se aplique en 2016, cuando tengamos un ciclo mejor en la economía. Había que despejar la idea de que no existe un vínculo directo del tiempo económico y el tiempo legislativo”.

Tratativas con la CUT

Si bien terminó  la mesa técnica con la CUT, las diferencias entre las partes persisten en cuatro puntos: definición de servicios especiales para poner fin al reemplazo en huelga; titularidad sindical, ya que la autoridad quiere seguir permitiendo la facultad del empleador de extender beneficios a todos,  independiente si están sindicalizados o no; la posibilidad de permitir la negociación colectiva con titularidad sindical por parte de las agrupaciones interempresas; y modificaciones al artículo 161 del Código del Trabajo, que permite despedir por necesidades de la empresa.

Donde hay mayor punto de acuerdo entre la autoridad y la multisindical es en la simplificación del proceso de negociación colectiva. 

Ahí los consensos estarían por adelantar la respuesta de la empresa en la negociación durante los primeros 5 días; regularizar la primera negociación permitiendo al quinto día votar huelga si el empleador no responde, y al contrario, poder optar a un mediador de la Dirección del Trabajo para monitorear esta acción entre las partes.

Ya finalizado el trabajo con la CUT el equipo técnico de la ministra Blanco iniciará la redacción de la iniciativa, la que mantendrá los nueve titulares ya anunciados.

Continúan diálogos

Pero este proceso de diseño no significa que el equipo  ponga fin al diálogo con otros gremios. De hecho, el mandato es construir la reforma en medio de conversaciones.

Y ayer los asesores de Trabajo se reunieron con la Conapyme para escuchar sus apreciaciones. El asesor de la Conapyme, Enrique Román, señaló que solicitaron dejar fuera de las normas generales a las Pymes, ya que éstas tienen una capacidad de distribución menor a las grandes empresas, por lo que el fortalecimiento de los sindicatos y negociación colectiva podría ser contraproducente. “No es lo mismo mejorar la capacidad de negociación en un área en que existen recursos más que suficientes para redistribuir, y hacerlo en el área de las Pymes, en las cuales los recursos para distribuir casi no existen”,  dijo Román.

Un ejemplo de esto, sostuvo Román, es que las grandes empresas acumulan el 85% de las ventas del país y son alrededor de 10 mil empresas, mientras que las Pymes acumulan menos del 13% de las ventas y son 800 mil empresas, por lo que las normas generales de la reforma laboral podrían afectar su capacidad productiva y de contratación de mano de obra, donde concentran casi el 80%.

Tras esta cita, ambas partes acordaron seguir con los diálogos y buscar la forma en que la norma se adecue a esta realidad.