Por Walter Curia.

La reforma a la ley de hidrocarburos avanza en el Congreso. El Senado dio el miércoles media sanción a la norma: el oficialismo impuso su mayoría con 38 votos; hubo 28 votos negativos y dos abstenciones. El proyecto será enviado a Diputados para su sanción a más tardar en la primera semana de noviembre. Trámite express medio, podría decirse.

La ley aspira a que la Argentina recupere el autoabastecimiento perdido en 2011 después de años de crecimiento económico y falta de inversión. La ley también busca adaptarse a las nuevas formas de explotación. Hablamos del yacimiento de Vaca Muerta, cuarta reserva de petróleo y segunda reserva de gas no convencional del mundo. La Argentina busca replicar allí el boom de los hidrocarburos no convencionales que llevará a EE.UU. a desplazar en 2016 a Arabia Saudita como principal productor mundial. Como pasó con el Acuífero Guaraní, en este punto se cruzan las fantasías predatorias del nacionalismo argentino: "Volvemos a estar en la mirada de los poderosos", advirtió ayer la Presidenta en un acto en la localidad santacruceña de Las Heras. Fue después de hablar con Vladimir Putin.

El proyecto ofrece nuevos incentivos a la inversión y su punto más débil es, contra lo que sugiere la Presidenta, la generosidad: más de 40 años de extensión de las concesiones. En el mercado lo explican así: una gran porción de Vaca Muerta está en áreas ya concesionadas. Tienen un horizonte corto, una década máximo, y las compañías no llegarían a amortizar la inversión si no se extendieran los plazos.

La media sanción llegó después de una larga y áspera discusión con los gobernadores de las provincias petroleras. Medió un ejemplo de disciplinamiento: sin ningún pudor, el Gobierno excluyó a los gobernadores petroleros de un tramo de la refinanciación de deudas provinciales y los dejó sin invitaciones al acto en el cual se anunció el beneficio. Para que no hubiera dudas, cuando los gobernadores se avinieron a llegar a un acuerdo por el proyecto energético, se terminaron los problemas.
Cuando se le pregunta al gobernador de Neuquén, dice que era poca plata. "Por
$ 20 ó $ 50 millones una provincia no se va a dejar presionar", responde Jorge Sapag. "La provincia ya renegoció sus deudas en 2012. Esto fue una estrategia del gobierno nacional desafortunada", dice.

El Movimiento Popular Neuquino mostró una conducta llamativa en torno a la reforma de la ley, comportamiento que contrasta con las obediencias kirchneristas que han llegado a la exacerbación en estos días con iniciativas como la ley de abastecimiento, el presupuesto, la reforma del código civil y comercial y la aplicación de la ley de medios.

Sapag acompañó el proyecto. Los dos representantes del MPN no sólo no lo hicieron sino que uno de ellos, Guillermo Pereyra, votó en contra, y el otro, la senadora Lucía Crexell, se abstuvo. En Neuquén dicen que el fondo de la cuestión es política local. Pereyra perdió en agosto la interna para la renovación de autoridades partidarias y en noviembre su línea Azul y Blanca deberá competir por la candidatura a gobernador con la corriente Azul –la política neuquina tiene una paleta pobre en colores– que impulsa al ministro de Economía Omar Gutiérrez. Lo anunció Sapag en una rueda de prensa.

"La ley es una condición necesaria pero no suficiente para favorecer inversiones", confiesa en privado un hombre respetado en el sector. ¿Qué significa eso? Que con este contexto económico, nada va a alcanzar. El senador Pereyra lo dice más claro: "Las inversiones no van a venir, a pesar de la ley. ¿Qué hizo Petronas? Puso u$s 500 millones. Se necesitan 20 mil por año. Todo lo que hacen es venir a poner un pie de cada área. Tiene que cambiar la macroeconomía".

Cada ley, resolución, dictamen sacado por mayoría automática confirma el grosero error de la oposición de no haber ido unida en 2011. Cuestiones estratégicas como la política energética se resuelven con el expediente de la obediencia. La ley, por ejemplo, adolece de un capítulo ambiental para una actividad -el fracking- de impacto comprobado.

El antecedente para una ley que saldrá sin consenso es reciente: la Presidenta ha sido llevada a la justicia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a raíz del decreto que habilitó el acuerdo con Chevrón sobre Vaca Muerta. El acuerdo tiene cláusulas secretas pero algo se sabe: garantiza a la empresa la comercialización del 20% de la producción en el exterior, tribunales internacionales en caso de litigio, garantías de pagos a precios internacionales y aranceles 0 de importación. Además, fue rubricado por una subsidiaria de Chevrón en un paraíso fiscal y, de manera insólita, por una sociedad de responsabilidad limitada integrada por dos ejecutivos de YPF.

La sala II de la Cámara de Casación resolverá si la Presidenta debe ser investigada, después de que ya se rechazó un primer recurso del fiscal Eduardo Taiano para evitar que la causa prospere. En el juzgado de Servini de Cubría no son optimistas. Todo indica que tendremos otro caso de obediencia.