Mañana volverá a la Legislatura el debate sobre la minería que el Gobierno quiere desarrollar en Malargüe. Los senadores discutirán en un plenario de comisiones el proyecto más ambicioso y tal vez conflictivo, Cerro Amarillo, que busca realizar la exploración en búsqueda de cobre.
Frente a la discusión, el oficialismo tiene estrategias definidas. Las conversaciones se acotarán a la etapa de exploración de los dos proyectos (el otro es Hierro Indio, proyecto que busca reabrir una vieja mina de hierro) y los legisladores serán muy cuidadosos al momento de las declaraciones, para no volver a cometer los errores ("afirmaciones desafortunadas", según califican los propios legisladores) que se produjeron hace menos de una semana.
Sucede que, en medio del ímpetu por darle impulsos a la minería, Silvia Calvi, una senadora de Malargüe, donde la actividad tiene mucho viento a favor, pidió sorprendentemente que los dejen “contaminar un poquito”.
En el PJ aseguran que esto no volverá a pasar. El cuarto intermedio pedido por el propio oficialismo sirvió para replantear cómo seguir dándole envión a la minería. La idea es que las exposiciones sean desde ahora específicamente técnicas, con protagonismo de expertos de Irrigación y el Ianigla.
Es importante en particular la palabra científica del Ianigla, dado que sobre este organismo recae el inventario de glaciares protegidos por ley y sobre Cerro Amarillo recae la sospecha de que se halla en una zona periglacial. Ni el oficialismo ni la oposición saben a ciencia cierta hoy si esto es así o no.
Otro aspecto relevante del debate es el uso del agua en los emprendimientos mineros y en especial la afectación de líquido del río Atuel. Hasta aquí no hay demasiada claridad al respecto ya que es menor el uso de agua en la etapa de exploración.
Para Hierro Indio prácticamente no hay empleo de agua y en el caso de Cerro Amarillo, la empresa de capitales canadienses involucrada en su desarrollo afirma que el proyecto “incluye un programa de perforación que requerirá unos 3000 litros de agua por día, algo así como lo que utilizarían unas tres familias en su vida cotidiana”. Pero en ambos casos hay que aclarar que sólo se habla de la exploración, no de lo que insumiría una eventual explotación de minerales.
Cerro Amarillo seduce al Gobierno, por otra parte, con una inversión en etapa exploratoria de 10 millones de dólares y el empleo de alrededor de 100 personas de manera directa.
El emprendimiento se ubica a 60 kilómetros de la ciudad de Malargüe. Según la empresa Meryllion, “80 kilómetros al sur de la Laguna del Atuel, fuera de la Reserva Natural Laguna del Atuel. De esta manera, el proyecto no viola la Ley Provincial 6045 siendo que bajo ningún concepto se pone en riesgo el ambiente protegido del sur provincial”.
Técnicamente se denomina a la zona un “pórfido de cobre”, aunque también podrían encontrarse, en una proporción menor, molibdeno y oro.
Ir por partes
Aunque el radicalismo reclama un debate global de los proyectos mineros, en el oficialismo es una decisión que hay que ir por partes. Esto significa viabilizar ahora la aprobación de las declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y dejar para más adelante la explotación, que requerirá, en caso de mantenerse el interés de los empresarios, un nuevo proceso, con dictámenes técnicos e incluso audiencias públicas.
“Nuestro sistema para aprobar estos proyectos distinguen cada etapa y en cada etapa deben hacerse todos los estudios y aprobar la Legislatura. La empresa realiza procesos de exploración, y si le conviene, empieza a hacer el proceso de explotación. Entonces hay que pedir otra vez dictámenes, hacer una audiencia pública y volver a pasar por Legislatura. Que aprobemos la exploración no compromete a aprobar la explotación. En esta etapa no vamos a tener información sobre explotación porque se trata de estudios previos”, explicó Fernando Simón, jefe del bloque de senadores del PJ.
“No quiero hablar ahora de explotación, porque llegado el momento quiero estudiarla”, sintetizó el legislador oficialista. Bajo esta premisa, el peronismo buscará cerrar en una sola reunión más el debate en comisiones de las DIA de Malargüe y después pasar a la votación en el recinto.
Hasta aquí hubo algunos claros desajustes en esa estrategia, pero Simón destacó que “se expresaron con seriedad todas las posiciones y nadie se planteó como antiminero. Sí hubo posiciones muy firmes en defensa del agua y de minería para generar crecimiento, y quedó en claro que los glaciares y si se consume o no agua son los temas más importantes”.
Una agencia que hace ruido
Respecto de esos problemas en el propio oficialismo, quedó claro que el planteamiento en paralelo de creación de una Agencia de Protección Ambiental por parte del ministro de Tierras, Guillermo Elizalde, hizo ruido y trajo complicaciones.
El funcionario presentó un bosquejo de su proyecto en la Cámara de Diputados unas horas antes de que se comenzaran a debatir las DIA de Malargüe en el Senado. La oposición planteó en ese sentido que el proyecto sugería que la protección del ambiente no había sido tenido en cuenta en los procesos de impacto ambiental, en los que tiene incumbencia el área de Elizalde dentro del Poder Ejecutivo.
La molestia en el Senado por esta situación no se puede ocultar y está claro que la Agencia de Elizalde no ha sido contemplada en la apurada estrategia oficialista para darle cabida a la minería en Mendoza, después de años de silenciarla. Se cuestiona la oportunidad del proyecto del ministro de Tierras: dicen que debería haberlo planteado meses antes de que se discutiera Cerro Amarillo y Hierro Indio, o luego de que las DIA para estos proyectos pasaran el filtro legislativo.
En Mendoza, de todos modos, el nuevo escenario parece promover la minería con controles y por ello que en la Legislatura también seguirán las discusiones respecto de un organismo autárquico y con independencia del poder político para custodiar la actividad.
El proyecto para crear la Agencia de Protección Ambiental que impulsa el gobierno llega a la Legislatura este martes. Su director deberá tener acuerdo del Senado.
La danza de nombres ya comenzó pero falta un largo trecho para saber quién comandará la Agencia de Protección Ambiental que está impulsando Francisco Pérez y que estará orientada a dar tranquilidad en torno a las inversiones mineras.
El proyecto de ley para su creación ya se está terminando en el Ejecutivo y tiene más de 30 artículos.
Mientras tanto genera rispideces con la oposición, que ya advierte quién será finalmente el controlador de las actividades que generen pasivos ambientales.
El ministro de Tierras, Guillermo Elizalde, confirmó que el proyecto de ley ingresará este martes por Diputados y que agencia será dirigida por una persona que propuesta por el gobernador pero que deberá lograr acuerdo del Senado. "Será como una especie de Fiscal de Estado", sostuvo.
Concretamente servirá para fortalecer la Dirección de Protección Ambiental (DPA), un organismo creado en 1988 que no había sufrido reformas destacadas.
La financiación del nuevo organismo se logrará a través de las tasas de fiscalización con las que se gravan diferentes actividades. Según Elizalde sumarán entre 17 y 18 millones de pesos anuales.
Además se le pedirá a los dirigentes de la Agencia que pongan en marcha algún mecanismo de fondo estímulo, aunque sobre este tampoco hay mayores precisiones al respecto.
El funcionario explicó que dentro de esta agencia habrá un cuerpo de Policía Ambiental, aunque no precisó cantidad de efectivos ni cómo se financiará su incorporación.
La matriz productiva de la provincia debe diversificarse y el Gobierno arremeterá con la actividad minera como forma de conseguir empleo pero también recursos.
De hecho, en paralelo, este miércoles se tratarán en Senadores los dos primeros proyectos mineros que intenta impulsar el oficialismo.
