El Concejo Deliberante de Andalgalá le solicitó al juez de Minas, Guillermo Cerda, que aclare su posición con respecto a la ubicación del yacimiento de Bajo El Durazno. Es que, según un informe que envió a la Cámara de Senadores, a raíz de un pedido del senador Ricardo Castellanos (FCS), el emprendimiento se encuentra en el departamento Belén.
Mediante un proyecto de Comunicación, el cuerpo solicitó que el magistrado remita las pruebas pertinentes. "Nosotros no estamos de acuerdo, porque tenemos inclusive la información cartográfica que avala que ese sector del territorio está ubicado claramente en Andalgalá”, dijo el concejal Carlos Sánchez (FCS).
Su par de bancada José Luis Olas agregó: "Estas declaraciones y el expediente que habría sido elevado al Senado de la Provincia constituyen un hecho agravante para la soberanía de Andalgalá. Nosotros, en nuestro afán de defender nuestro territorio, estamos pidiéndole al juez de Minas Guillermo Cerda, que nos eleve el mencionado expediente y toda la documentación en la que se basa para hacer todas esas declaraciones”.
La concejal Gloria Peña, del bloque unipersonal 15 de Febrero, expresó: "Se van a agotar todas las instancias administrativas, pero yo sigo sosteniendo que acá tiene que haber una medida cautelar de no innovar porque calculo que a esta altura ya se está trabajando en Bajo El Durazno. Y no es la primera vez que nos pasa a los andalgalenses, acá hay una seria invasión de otros departamentos”, disparó.
Días pasados, las empresas Ymad y Minera Alumbrera conformaron la UTE para comenzar con la explotación del yacimiento.
El diputado provincial Miguel Vázquez Sastre (FCS) presentó un proyecto de ley de "Inclusión de trabajadores y empresas proveedoras locales en la explotación minera en la Provincia”.
La iniciativa, que fue presentada nuevamente –ya había perdido estado parlamentario- prevé que empresas mineras que realicen sus actividades en territorio provincial estarán "obligadas” a contar entre su personal de planta permanente, profesional o no, con un porcentaje de por lo menos el 80% del total de su plantel, radicados en Catamarca, los que deberán acreditar fehacientemente una residencia de tres años como mínimo en la Provincia.
"Las empresas mineras deben volcar de manera directa e indirecta una importante masa monetaria en las localidades cercanas a los emprendimientos, mediante el pago de haberes a trabajadores y de bienes y servicios a proveedores locales", fundamentó Vázquez Sastre.
