LA NACIÓN
Para los ex secretarios de Energía de la Nación, la ley de hidrocarburos que impulsa el Gobierno es "la ley de los que se van". En contraste, ellos elaboraron otra propuesta, en la que ya estamparon su firma los principales candidatos a presidente para las próximas elecciones. En el documento aparecen las firmas de Sergio Massa, Mauricio Macri, Hermes Binner, Julio Cobos, Ernesto Sanz y Margarita Stolbizer. Además, se adhirió el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical.
-¿Por qué ven la ley de hidrocarburos como una parte más de una política cortoplacista?
Guadagni: -Hay tres modelos de organización del sector hidrocarburos: está el capitalismo de Estado, el capitalismo competitivo y el capitalismo de amigos. Los países que necesitan invertir en exploración tienen dos opciones, o el capitalismo de amigos o el competitivo. La ley de hidrocarburos que se impulsa ahora se inserta dentro del capitalismo de amigos, porque muchas decisiones clave, como por ejemplo renovación de concesiones, no van por la vía de la licitación, sino por la vía discrecional, proclive a la corrupción, de la renovación automática a voluntad del Gobierno. Esta ley no va a servir para movilizar capitales de riesgo de calidad de primera magnitud ni para recuperar el autoabastecimiento.
Lapeña: -Estamos de acuerdo sí con una nueva ley de hidrocarburos que pueda durar 30 años, porque esta modificación sólo sirve para perpetuar las tenencias actuales de las actuales empresas.
Olocco: -El gobierno de los Kirchner jamás quiso una política energética, porque lo que hizo fue entregar primero el sector a los amigos. Después, apelando al "patrioterismo" barato, se lo entregó al Estado y vaya si les pagó bien a los amigos que se fueron. Y ahora pretenden, con esta ley, perpetuarse en el negocio. Por eso, el sector ha andado sin rumbo.
Aráoz: -Ésta es la ley de los que se van. A Cristina Kirchner le falta un año; de los nueve gobernadores de la Ofephi sólo uno puede ser reelecto, y además el presidente de YPF que es el que lleva adelante la política energética del país también se va. Los que vienen firmaron nuestra propuesta.
Apud: -Además se van las provincias. Es decir, los que están aprobando ahora este acuerdo también se van. Ahora la van a sancionar porque tienen mayoría, pero después puede denunciarla cualquier Estado provincial por ser inconstitucional. Ahora, ¿quién es el protagonista de esta ley? Es YPF, que tiene el 40% de todo el negocio.
Montamat: -Y no tiene suficiente capacidad de inversión, entonces se quiere colocar como nuevo acarreador, para ver cómo negocia con terceros lo que ya no van a poder negociar las provincias.
Apud: -Las empresas importantes, que ya han hecho algunas perforaciones, como Exxon Mobil, Shell, Total y Pan American, dicen por qué si tienen el dinero y la tecnología para acceder a un área, se tienen que asociar con una empresa privada con mayoría estatal, que es YPF. En última instancia, se querrían asociar con uno que esté en mejores condiciones que ellas. Con esta ley, que no va a durar más de un año, van a tener que pasar por el embudo de YPF todas las inversiones.
Montamat: - Este proyecto de ley, no es pro inversión, sino pro capitalismo de amigos. Porque concentra en YPF estas posibilidades de negociación, e YPF hoy no tiene capacidad ni de ir a los mercados internacionales ni de traer inversión externa directa.
DIARIO RÍO NEGRO
Como los viejos textos sagrados, la reforma de la ley de hidrocarburos que obtuvo media sanción del Senado esta semana tiene tantas interpretaciones como "religiones políticas". Algo curioso tratándose justamente de una ley, que se supone debe zanjar al menos las cuestiones más urgentes que aspira a reglamentar.
El avance de la norma, con algunos cambios en el medio, generó un proceso inverso al esperable: a medida que evolucionaba el debate, las certezas del acuerdo político entre Nación y las provincias dio paso a las inquietudes. Todos comenzaron a darse cuenta lo complejo que es el mercado petrolero y sus eventuales regulaciones. Las miradas se posaron entonces en las fisuras en la letra chica de la norma, que de cualquier manera se presenta como un cuerpo contrafáctico: sólo se conocerá su eficacia si las inversiones que promete arrastrar efectivamente llegan.
Si se intenta esquivar el consignismo político-partidario (otra derivación de la ley en la antesala del año electoral), es posible identificar cinco puntos que, lejos de la pretensión resolutiva de la nueva norma, podrían abrir futuros debates.
1.Cristalización del mercado: Probablmente fueron pocos los que lo entendieron desde un principio. Hoy parece una verdad revelada: la nueva ley petrolera congela el estado del arte del negocio petrolero en Argentina. Las concesiones shale de 35 años más las prórrogas indefinidas por 10 años estratifican el mapa de operadores. Quienes quieran entrar a esa promesa que es Vaca Muerta o en cualquier otro reservorio del país deberán tocar las puertas de YPF, GyP o algunas de las 50 concesionarias que hay en el campo. Esto revalúa a las empresas, les permite capitalizar reservas y eleva su status de "inquilino" al de "ocupante con derechos". Alquilar una casa y subalquilar los cuartos no es lo mismo si se tiene un contrato por 25 años, que uno por 35, para colmo, renovable a perpetuidad bajo ciertas condiciones. Y si alguien piensa que aquí ganaron las empresas, no está mirando la película completa: también lo hizo la Nación vía YPF, que tiene más para ofrecerle a eventuales socios en contratos de farming y la provincia de Neuquén a través de GyP –y sus émulos en otros distritos-, que podrá tomar idéntico camino.
2.Prórrogas indefinidas: Está claro entonces que a ninguno de los actores que intervino en el debate les inquietó esta cristalización, que convierte a las "licitaciones competitivas" que supuestamente pregona la ley en un objeto vetusto. Lo que sí preocupa es cómo se dará ese proceso de prórrogas indefinidas. En ese punto puso el acento la senadora del MPN, Lucila Crexell, que finalmente se abstuvo de votar la norma. El artículo 35 establece que los concesionarios "que hayan cumplido con sus obligaciones, estén produciendo hidrocaburos, y presenten un plan de inversiones consistente", "podrán solicitar prórrogas por un plazo de 10 años de duración cada una de ellas".
Lo que preocupa a Crexell es el verbo "podrá". O en todo caso, que el sujeto de esa sentencia sean las empresas. La senadora cree que el artículo debería ser redactado al revés: que sea la autoridad de aplicación quien "pueda" otorgar esa prórroga. Sobrevive el temor que se interprete cierto grado de automaticidad allí, algo que todos niegan pero que podría generar cuantiosos juicios contra las provincias en caso que decidan no extender un contrato.
Por lo pronto, tanto el gobernador Jorge Sapag como el CEO de YPF, Miguel Galuccio, indicaron que la provincia puede "no aceptar" el plan de inversión y por lo tanto revertir el área para volverla a licitar. Bajo las nuevas reglas del juego, donde supuestamente las provincias tienen un techo en sus posibilidades de captura de renta (regalías, bono e impuestos) ¿Qué alicientes tienen los gobernadores para extender una prórroga? ¿Cómo se determina objetivamente qué plan de inversiones es acorde o no para un área?
3.Renta provincial. Inmediatamente surge otra pregunta: ¿Realmente están limitados los mecanismos de captura de renta de las provincias? Lo que más inquietó a Galuccio a la hora de impulsar esta norma es evitar que la avidez de caja de los gobernadores sea la que rija el mercado petrolero. Su razonamiento es el siguiente: que no entre en las áreas quien más dinero en efectivo ofrezca a las arcas provinciales, sino el que más dólares hunda en el campo. Por eso, se le puso un techo a las regalías y el bono. Ahora eso está regulado: no se discute cuánto hay que pagar sino cuánto invertir.
Sin embargo este punto también tiene fisuras. ¿Qué impide a las provincias establecer algún tipo de compensación por ganancias extraordinarias? El artículo 59 asegura que las regalías "serán el único mecanismo de ingreso sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones". Antes, el proyecto indicaba que eran el único mecanismo de percepción de renta. La variación, en apariencia semántica, puede ser determinante.
Lo mismo ocurre con los futuros pliegos de licitación unificada, que podrían contener carry, o un extracanon, o cualquier tipo de mecanismo de captura de renta no atado estrictamente a la producción, según interpretan algunos.
4.RSE. Entre los mecanismos de captura de renta reservados para las provincias está la Responsabilidad Social Empresaria. El artículo 20 de la norma que obtuvo media sanción establece que las provincias productoras recibirán "el 2,5% del monto de inversión inicial del proyecto" en concepto de RSE. Lo que no dice de forma taxativa es qué provincia productora. El tema preocupó a algunos gobernadores como Jorge Sapag. Temen que las empresas puedan hacer pasar como RSE actividades en otros distritos. De ser así, Neuquén se vería claramente perjudicada, ya que será indefectiblemente el destino de la mayor parte de las inversiones hidrocaburíferas del país.
5.Canon discrecional. Existe un concepto heredado de la vieja ley que es el de canon de explotación. La idea es que sea gravoso para las empresas retener un área sin invertir. Por eso la suma va subiendo conforme avanzan los períodos de concesión. A pedido de Neuquén, se ató el valor del canon al precio del Brent para que su valor no quede desactualizado. Como muestra alcanza la vieja ley 17.319 donde está tasado en pesos moneda nacional. Sin embargo, en el dictamen que llegó al Senado se quitó la referencia y seguirá siendo la Secretaría de Energía quien actualice esos valores.
La ley ya pasó a Diputados y comenzará a ser analizada por los asesores la semana que viene. El gobierno aspira a tener el marco aprobado en noviembre. Después, vendrá otro debate: la reglamentación. Allí se zanjarán muchas de estas fisuras que presenta la letra chica del texto.
(Por Mauricio Roitman*) Dentro de las modificaciones que propone el proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos enviado al parlamento por el Ejecutivo Nacional se destacan: 1) El derecho que se otorga para que un concesionario de una explotación convencional solicite dentro de su área una nueva concesión no convencional y, 2) los nuevos plazos de concesiones de explotación diferenciados: a) 25 años para convencionales, b) 35 años para no convencionales y, c) 30 años para explotación costa afuera. Estos dos últimos no estaban en la Ley 17.319.
Esas dos modificaciones, junto a la posibilidad de prórrogas indeterminadas, resultan ser el corazón del proyecto, más allá de cambios positivos como los pliegos uniformes y las licitaciones obligatorias que se vuelven abstractas en la práctica por efecto de los derechos otorgados por los dos cambios centrales anteriormente comentados.
Si bien los proyectos de inversión mejoran levemente su Tasa Interna de Retorno (TIR ) y su Valor Actual Neto (VAN) cuando se extiende el plazo de las concesiones no convencionales de 25 a 35 años, no parece resultar esa la variable fundamental que determina la decisión de hundir los dólares como inversión en la actualidad.
El alto costo del capital –propio y de terceros- hace que los flujos futuros de fondos, una vez descontados, sean muy castigados y casi irrelevantes para evaluar la factibilidad económica de los proyectos. La razón tampoco parece surgir del distinto perfil productivo de los pozos: las inversiones más importantes y la producción obtenida son ambas de gran magnitud al comienzo del período, mientras que esta última rápidamente declina, estabilizándose en valores bastante más bajos durante largo tiempo. Es decir, tanto los costos como los ingresos determinantes del proyecto se dan al comienzo.
La búsqueda de un entorno macroeconómico apto para los negocios, con baja inflación y libre de restricciones cambiarias, y la baja de costos operativos mediante la inversión en infraestructura estatal deberían figurar antes en el ranking de prioridades.
Otra variable de relevancia e impacto en la factibilidad económica de los proyectos, soslayada rápidamente de las discusiones, es el tema del precio en boca de pozo del petróleo y el gas. La separación del precio interno del internacional mediante derechos de exportación en el caso del petróleo y regulación en el caso del gas, bajó los ingresos por regalías de las provincias y la base imponible del impuesto a los ingresos brutos, con cuantiosas pérdidas para esas jurisdicciones, sin adentrarnos en la aventura contrafáctica de calcular la caída de inversión que ello indujo en los últimos años.
Volviendo al plazo, su extensión prevé un bono que parece no tomar en cuenta el valor esperado de las áreas. Se está cediendo un derecho económico sobre un recurso natural que posee una valuación de mercado. Un ejemplo de ello fue la venta de 1.240 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta pertenecientes a Apache a Pluspetrol mediante una operación concertada por YPF. Esa valuación del "derecho a" o de la "opción de" surge de las licitaciones (competitivas), las cuales no se harán si hay plazos más largos, prórrogas, prórrogas de prórrogas y transformaciones de concesiones convencionales en no convencionales como propone el proyecto.
La negociación bilateral de estos casos no competitivos entre concesionario y concedente le evita a la empresa tener que revelar su verdadera valuación del activo. El perdedor de esa renta potencial es quien ejerce el dominio originario del recurso, al tiempo que tampoco tiene una garantía que en este entorno macroeconómico prosperen las inversiones.
Si lo que se quiere motivar es más inversión hoy, dada las condiciones macroeconómicas imperantes, la extensión de los plazos no lo logrará en forma sustancial ya que no afectará significativamente la factibilidad económica de los proyectos.
Sin embargo, de volver a una situación de estabilidad macroeconómica con esos derechos ya otorgados casi a perpetuidad se estarán transfiriendo cuantiosas rentas al actual concesionario por el solo hecho de poseer aquellos. Esa renta potencial es la que quiere ofrecer YPF a futuros socios para hacer atractivo el negocio como forma de contrarrestar el costo de la inestabilidad macroeconómica. Con estabilidad macroeconómica y sin restricciones a la disponibilidad de divisas no hay necesidad de esa renta extraordinaria, arrancada a los poseedores del dominio originario.
Son las diferencias que existen entre un capitalismo corporativo rentístico y un capitalismo competitivo.
*Economista de Montamat & Asociados.
La ley aspira a que la Argentina recupere el autoabastecimiento perdido en 2011 después de años de crecimiento económico y falta de inversión. La ley también busca adaptarse a las nuevas formas de explotación. Hablamos del yacimiento de Vaca Muerta, cuarta reserva de petróleo y segunda reserva de gas no convencional del mundo. La Argentina busca replicar allí el boom de los hidrocarburos no convencionales que llevará a EE.UU. a desplazar en 2016 a Arabia Saudita como principal productor mundial. Como pasó con el Acuífero Guaraní, en este punto se cruzan las fantasías predatorias del nacionalismo argentino: "Volvemos a estar en la mirada de los poderosos", advirtió ayer la Presidenta en un acto en la localidad santacruceña de Las Heras. Fue después de hablar con Vladimir Putin.
El proyecto ofrece nuevos incentivos a la inversión y su punto más débil es, contra lo que sugiere la Presidenta, la generosidad: más de 40 años de extensión de las concesiones. En el mercado lo explican así: una gran porción de Vaca Muerta está en áreas ya concesionadas. Tienen un horizonte corto, una década máximo, y las compañías no llegarían a amortizar la inversión si no se extendieran los plazos.
La media sanción llegó después de una larga y áspera discusión con los gobernadores de las provincias petroleras. Medió un ejemplo de disciplinamiento: sin ningún pudor, el Gobierno excluyó a los gobernadores petroleros de un tramo de la refinanciación de deudas provinciales y los dejó sin invitaciones al acto en el cual se anunció el beneficio. Para que no hubiera dudas, cuando los gobernadores se avinieron a llegar a un acuerdo por el proyecto energético, se terminaron los problemas.
Cuando se le pregunta al gobernador de Neuquén, dice que era poca plata. "Por
$ 20 ó $ 50 millones una provincia no se va a dejar presionar", responde Jorge Sapag. "La provincia ya renegoció sus deudas en 2012. Esto fue una estrategia del gobierno nacional desafortunada", dice.
El Movimiento Popular Neuquino mostró una conducta llamativa en torno a la reforma de la ley, comportamiento que contrasta con las obediencias kirchneristas que han llegado a la exacerbación en estos días con iniciativas como la ley de abastecimiento, el presupuesto, la reforma del código civil y comercial y la aplicación de la ley de medios.
Sapag acompañó el proyecto. Los dos representantes del MPN no sólo no lo hicieron sino que uno de ellos, Guillermo Pereyra, votó en contra, y el otro, la senadora Lucía Crexell, se abstuvo. En Neuquén dicen que el fondo de la cuestión es política local. Pereyra perdió en agosto la interna para la renovación de autoridades partidarias y en noviembre su línea Azul y Blanca deberá competir por la candidatura a gobernador con la corriente Azul la política neuquina tiene una paleta pobre en colores que impulsa al ministro de Economía Omar Gutiérrez. Lo anunció Sapag en una rueda de prensa.
"La ley es una condición necesaria pero no suficiente para favorecer inversiones", confiesa en privado un hombre respetado en el sector. ¿Qué significa eso? Que con este contexto económico, nada va a alcanzar. El senador Pereyra lo dice más claro: "Las inversiones no van a venir, a pesar de la ley. ¿Qué hizo Petronas? Puso u$s 500 millones. Se necesitan 20 mil por año. Todo lo que hacen es venir a poner un pie de cada área. Tiene que cambiar la macroeconomía".
Cada ley, resolución, dictamen sacado por mayoría automática confirma el grosero error de la oposición de no haber ido unida en 2011. Cuestiones estratégicas como la política energética se resuelven con el expediente de la obediencia. La ley, por ejemplo, adolece de un capítulo ambiental para una actividad -el fracking- de impacto comprobado.
El antecedente para una ley que saldrá sin consenso es reciente: la Presidenta ha sido llevada a la justicia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a raíz del decreto que habilitó el acuerdo con Chevrón sobre Vaca Muerta. El acuerdo tiene cláusulas secretas pero algo se sabe: garantiza a la empresa la comercialización del 20% de la producción en el exterior, tribunales internacionales en caso de litigio, garantías de pagos a precios internacionales y aranceles 0 de importación. Además, fue rubricado por una subsidiaria de Chevrón en un paraíso fiscal y, de manera insólita, por una sociedad de responsabilidad limitada integrada por dos ejecutivos de YPF.
La sala II de la Cámara de Casación resolverá si la Presidenta debe ser investigada, después de que ya se rechazó un primer recurso del fiscal Eduardo Taiano para evitar que la causa prospere. En el juzgado de Servini de Cubría no son optimistas. Todo indica que tendremos otro caso de obediencia.
