Por Martha Reale - Reale Dalla Torre Consultores
Por aquel entonces, se lo acusó al actual gobernador Francisco Pérez de tener un interés particular respecto de la aprobación del Proyecto San Jorge, lo que generó la inmediata reacción clausurando toda discusión en torno a la minería.
Aunque el verdadero motivo de solapar el debate no fue precisamente aquel, sino el rechazo que despertaba la actividad entre los mendocinos: el 72% desaprobaba su explotación.
En aquel tiempo, las voces en contra se entonaban con argumentos tales como: “van a destruir una montaña para sacar 5 kilos de oro y a la Provincia le van a dejar cinco pesos”; “el problema es la cantidad de agua que requiere este tipo de emprendimientos en un contexto de escasez.
Si a ello le sumamos el riego de la contaminación, se muere Mendoza”; “el empleo que genera la actividad minera tiene mínimo impacto económico, tanto en mano de obra directa como indirecta”; “el 3% de regalías de la minería no aporta nada, el valor agregado es escaso”, esgrimían, entre otras menciones, sus detractores.
Pues bien, hoy la posición prácticamente se invirtió. La percepción respecto de la explotación minera tuvo un giro inesperado en la opinión pública en el último tiempo. Ahora, el 63,3% de los mendocinos aprueba la actividad ¿Qué cambió en la provincia para provocar semejante giro si en principio no se han modificado ninguno de los condicionantes anteriormente expuestos?
Básicamente, se alteraron las expectativas económicas de la población. Sucede que el 73,8% de los que aprueban la explotación minera en la actualidad tiene dificultades económicas para llegar a fin de mes.
Paralelamente, la percepción negativa respecto del estado de la provincia aumentó 30 puntos porcentuales en comparación con 2013. Casi el 80% de los mendocinos ve mal a Mendoza en términos de dinámica de desarrollo.
Por lo tanto, es lógico inferir que la mayor parte de los ciudadanos locales visualice a la actividad como la vía de salida al estancamiento provincial.
“Si continuamos sólo con el modelo alimentario primario, Mendoza va ir perdiendo progresivamente su posicionamiento. El desafío estratégico es apuntar a la diversificación”, sostienen los impulsores de la minería.
La defensa de la minería que ejercen unos, la resistencia de otros que se oponen a su desarrollo, frases desafortunadas en ambas direcciones y un debate legislativo que promete ser extenso completan un cuadro de situación que domina la agenda mediática y que divide a la sociedad mendocina. Sin embargo, por debajo de este panorama, algunos se frotan las manos a la espera de lo que podría ser un negocio millonario que, en algunos casos, ya comenzó a dar frutos para algunos.
Mientras que la sociedad y los distintos actores políticos y empresariales se concentran en el debate minero que resurgió después de tres años, otros preparan lo que sería un negocio redondo. Tal como ocurrió con el petróleo, donde la falta de controles del Estado permitió triangulaciones millonarias entre el Grupo Álvarez, Vila-Manzano e YPF, hay empresas que sin invertir un peso o con un canon mínimo tienen derechos sobre propiedades mineras que, eventualmente, podrán vender o alquilar a otras firmas interesadas en explorarlas y explotarlas.
"Agarran dos piedras con mineral, las llevan al Consejo Minero y automáticamente les tienen que dar la concesión por esas tierras. Esto lo hacen muchos particulares y también empresas. Después terminan alquilando esas tierras a mineras que realmente están en condiciones de invertir y se hacen millonarios", admitió una alta fuente del Ejecutivo provincial. Incluso, la posibilidad de "hacer negocios" con las áreas mineras es sustancialmente más fácil que con las áreas petroleras, donde la concesión se vincula a una licitación pública con un complejo proceso.
Desde el Consejo de Minería aseguraron que desde 2006 han contribuido a regularizar la situación y destacaron que quitaron más de 450 concesiones
Para tener derechos sobre un área minera, una persona o empresa tiene que realizar una manifestación de descubrimiento de mineral o un pedido de cateo. A partir de allí, el Estado debe reservar el derecho de propiedad para que eventualmente el adjudicatario comience a trabajar. Sin embargo, no lo hacen y con distintas maniobras los representantes legales logran que el Ejecutivo no les quite la concesión. "Hay empresas que están en situación de concesión provisoria desde hace más de 10 años", señalaron otras fuentes mineras.
Una vez que una minera realiza un pedido de cateo o hace una manifestación de descubrimiento, se abren dos expedientes: uno relacionado con la propiedad de la tierra y otro estrictamente ambiental. Ante la demora en cualquiera de los dos, la empresa no está obligada a realizar ningún tipo de maniobra en el área. Sabiendo esto, las firmas pueden mover sus fichas para postergar el proceso y conservar la concesión provisoria sobre una tierra sin hacer ningún trabajo de campo y esperando poder alquilar o vender sus derechos.
En algunos casos, los concesionarios provisorios pagan el canon minero que, teniendo en cuenta la potencialidad del "negocio", es una cifra ínfima. Y en otros, los abogados extienden el mayor tiempo posible los "plazos de gracia" para ni siquiera pagar un peso. Por ejemplo, recientemente, la representante legal de varias mineras presentó un recurso para que Río de la Plata conserve la concesión sobre tres áreas sin pagar el canon minero, aduciendo que aún no han podido comenzar a trabajar en la zona. Esto, en una primera etapa, fue rechazado por el Consejo de Minería.
En el petróleo, las condiciones para licitar un área se mejoraron y en la última adjudicación de áreas quedaron afuera empresas con antecedentes de negocios inmobiliarios
Paralelamente, otra de las modalidades que utilizan los abogados para retardar los expedientes es cambiar el domicilio legal de las empresas. "Hay expedientes con un montón de cambios de domicilio. También se genera un círculo vicioso en la Dirección de Protección Ambiental y en la Dirección de Minería", coincidieron fuentes oficiales del sector. En este sentido, afirmaron que "se ejercen presiones en ambas direcciones para que no avancen los estudios de impacto ambiental y así no estén obligados a invertir para conservar la concesión".
Un plan estratégico de ordenamiento
Consultados por MDZ, desde los organismos de control minimizaron el tema, más allá de que algunos funcionarios admitieron que en el actual panorama se beneficianempresarios y abogados reconocidos en el sector minero, que adquieren derechos sobre una tierra y después las alquilan. "Desde 2006, el Consejo de Minería viene ordenando el padrón minero. De las 1200 áreas que había registradas, las redujimos a 750", comenzó el director de Minería, Carlos Molina (foto).
Por su parte, Verónica Fernández, representante del Consejo de Minería, aseguró que "si las empresas no cumplen con el pago del canon minero, con la labor legal, con la mesura y demarcación, y con la planificación y monto, el Consejo de Minería les quita la concesión". Claro que, en la práctica, la potestad de un privado sobre una tierra minera que después alquilan es moneda corriente. Un caso emblemático es el de la mineraMeryllion, empresa canadiense que para poder trabajar en Cerro Amarillo (Malargüe) debe pagarle a un particular que tiene la concesión.
Este viernes un grupo de vecinos de San Carlos se autoconvocó en la Terminal de Ómnibus de ese municipio, situado en Ruta 40 (Eugenio Bustos) y Bernardo Quiroga, para expresarse en contra de la actividad minera en ese departamento del Valle de Uco y también en la provincia. Además se mostraron predispuestos a debatir el tema.
Hoy nos reunimos nuevamente en defensa de la Vida, el Agua y Nuestro Derecho a decidir el futuro", afirma un mensaje enviado por los vecinos autoconvocados.
"La Minería Metalífera Hidrotóxica sabemos que nos seca, pues consume millones de litros de agua que nunca más será reutilizada, comprometiendo nuestra propia vida y las de las generaciones futura. Nos saquean y se llevan el oro a cambio de unas pocas monedas, que no representan un desarrollo para nuestras comunidades. Nos contamina y deja nuestra agua, suelo y aire sin posibilidad de recuperarse obligándonos a irnos en busca de nuevos horizontes, condenándonos a la marginación, la pobreza, en las periferias de las ciudades", describieron.
En el mismo sentido advirtieron que la actividad "nos corrompe, dividiendo comunidades enteras con promesas injustificadas y pagando dádivas a nuestros funcionarios para que sean ellos los que le den la Licencia Social que los pueblos les negamos".
Durante el acto, también convocaron a los ministros de Ambiente y Energía, y a todos los bloques legislativos para dialogar sobre el agua y el trabajo.
