El pasado 9 de octubre, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley con carácter de urgencia al Congreso para sancionar con hasta 10 años de cárcel a los titulares de concesiones mineras que favorezcan a la minería ilegal.
La iniciativa quiere modificar el artículo 307 B del Código Penal que tipifica la minería ilegal para sancionar con no menos de 8 ni más de 10 años a los titulares de concesiones mineras que favorezcan, promuevan, faciliten o autoricen la minería ilegal en su concesión.
Este mecanismo es uno de los más usados por los mineros ilegales, que llegan a acuerdos con los titulares de las concesiones mineras para que les permitan realizar estas actividades a cambio de un suculento pago.
El Poder Ejecutivo propuso sancionar hasta con diez años de pena privativa de la libertad a los titulares de concesiones mineras que favorezcan las actividades de los mineros ilegales.
La propuesta fue planteada a través de un proyecto de ley remitido con carácter de urgencia al Congreso de la República.
Dicha iniciativa legislativa propone modificar el artículo 307 B del Código Penal, el cual tipifica el delito de minería ilegal.
La modificación consiste en sancionar con no menos de ocho años de pena privativa de la libertad, ni más de diez, a la persona que favorezca, promueva, facilite o autorice el delito de minería ilegal en una concesión minera de la cual tiene la calidad de titular.
El Ejecutivo decidió formular esta propuesta motivado por el descubrimiento de nuevos mecanismos empleados por la minería ilegal para burlar el control ejercido por el Estado para combatirla.
Uno de esos mecanismos usados por los mineros ilegales es establecer “´pactos” o “acuerdos” con los titulares de las concesiones mineras u otras en las que ejercen sus actos ilícitos para que lee permitan realizar sus actividades contrarias a la ley.
“(…) existen titulares de concesiones mineras (…) que promueven y facilitan la acción de los mineros ilegales, autorizándoles la instalación de campamentos, la exploración y/o explotación dentro de las áreas que les han sido concesionadas por el Estado a cambio de una parte del material sustraído u alguna otra ventaja económica. En estos casos, si bien los titulares de concesiones mineras son quienes ejercen la minería ilegal, contribuyen con ella promoviéndola o facilitándola”, indica el proyecto.
El proyecto, que lleva las rúbricas del presidente de la República, Ollanta Humala; y de la jefa del Gabinete, Ana Jara, fue presentado el último 9 de octubre.
El Perú avanza en la lucha contra la minería ilegal a nivel normativo y en las acciones que viene desarrollando, no obstante hay mucho trabajo por hacer frente a la magnitud del problema, destacó el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Pedro Solano.
Resaltó que el país ha avanzado en los temas de normatividad y la fijación de las zonas de exclusión de la actividad minera en la zona amazónica, que van acompañando el proceso de formalización y lucha contra la minería ilegal.
“Cualitativamente creo que estamos haciendo lo correcto, lo podríamos hacer mejor, siento que por fin lo estamos asumiendo como una política de Estado, tener al Presidente de la República o la Presidencia del Consejo de Ministros, liderando estos temas es un avance”, declaró a la Agencia Andina.
Refirió que la problemática de la minería ilegal, ya no es solo un tema ambientalista “como se hablaba hace tres o cuatro años”, sino que ahora implica a los temas de salud, viabilidad social y seguridad nacional.
“Yo creo que vamos avanzando pero definitivamente todavía nos falta mucho camino por recorrer, el problema es muy grave”, subrayó.
Refirió que las acciones de interdicción que ejecuta el Gobierno contra la minería ilegal, contribuyen en la medida que formen parte de una estrategia integral, con mecanismos y tecnología que permitan la formalización de la minería artesanal y pequeña.
“Lo que ha pasado en los últimos dos años ha sido fantástico, por fin se ha internalizado, tanto desde el Gobierno como de la sociedad civil, que este es un problema grave que tenemos que enfrentar, aprender a organizarnos y buscar soluciones”, agregó
A setiembre de 2012, se estima que la deforestación causada por la minería ilegal e informal en el departamento de Madre de Diosasciende a 50 mil hectáreas, según indica el libro “La Realidad de la minería ilegal en países amazónicos”, publicado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Asimismo, la publicación estima que en el Perú hay 150 mil trabajadores en la minería informal e ilegal, (de los cuales 69,083 son informales) y unas 300 mil personas dependen de esta actividad.
El estudio destaca como unavance normativo en el Perú, la reciente incorporación en el Código Penal de los delitos de minería ilegal; asimismo el ordenamiento territorial en la región de Madre de Dios para la delimitación de las zonas excluidas para la minería.
