La asistencia del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, a la Cámara de Diputados, el miércoles, encendió el debate y los ánimos en torno a cuál será el camino legislativo para proteger los glaciares. Badenier explicó a los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente, donde se discute el proyecto de ley de preservación y conservación de glaciares, presentado en mayo por un grupo de diputados que van desde el PC hasta la UDI, que el gobierno estima que una futura ley debe centrarse en los glaciares y no en otros ambientes criogenizados, que son parte de la moción como los ambientes glaciares y periglaciares.
El proyecto busca, además, establecer prohibiciones para que no se intervengan estos ambientes, lo que bloquearía la realización de cualquier proyecto, especialmente minero. Pese a la insistencia de los diputados de obtener una definición al gobierno sobre si respaldará o no el proyecto, Badenier dijo que el plazo para presentar indicaciones vence el 30 de octubre, por lo que en esa fecha se sabrá si el Ejecutivo las presenta o si opta por una ley propia, ya que es uno de los compromisos de este gobierno.
Gino Casassa, glaciólogo de Geoestudios y de la U. de Magallanes, coincide con la postura de Badenier en torno a poner el foco sólo en los glaciares. “Los glaciares constituyen un componente criosférico muy distinto al ambiente periglacial, que, por lo demás, es más difícil de identificar y caracterizar, puesto que hay que explorar el subsuelo. Es bien sabido que el contenido equivalente en agua del ambiente periglacial (incluido el permafrost) es despreciable frente al volumen hídrico que almacenan en forma de hielo los glaciares. Por lo tanto, me parece razonable la moción del gobierno de focalizar la atención en los glaciares solamente”, dice.
Otra de los puntos que separan al gobierno de los diputados y ONG es la prohibición absoluta de realizar actividades en las zonas donde se encuentren emplazados los glaciares. Casassa plantea que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es la herramienta para ponderar los eventuales riesgos de un proyecto y no una prohibición absoluta. “No me parece razonable prohibir en forma absoluta y a priori el hecho de afectar un glaciar. Creo que es preferible que exista un marco regulatorio general, y que el SEIA analice caso a caso los distintos proyectos. Soy un convencido que se pueden desarrollar múltiples actividades de manera sustentable y sin duda en forma controlada en ambientes de glaciares, incluyendo la minería”, afirmó el investigador.
MOLESTIA EN ONG
Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable, plantea que la postura de Badenier beneficia a las empresas. “En respuesta a las presiones del gremio minero, el gobierno quiere flexibilizar las actividades prohibidas. Ello significaría vaciar a la ley de su contenido central “ evitar la destrucción de glaciares” y engañar a la sociedad chilena en complicidad con las mineras”, acusa.
Agrega que prohibir estas intervenciones es clave. Relata que en 2010 los glaciólogos Brenning y Azócar consignaron la destrucción de más de cuatro kilómetros cuadrados de glaciares y la pérdida de casi 40 millones de metros cúbicos de reservas de agua dulce entre las cuencas del río Huasco y Cachapoal.
Matías Asún, de Greenpeace, recordó que la Presidenta manifestó su compromiso con los glaciares el pasado 21 de mayo, lo que a su juicio no se reflejó en la intervención en el Congreso. “El ministro no estuvo a la altura. Y dilatar la discusión legislativa genera un enredo”, afirma.
“Nuestra posición es clara, los glaciares son intocables y debe existir una política orientada a preservarlos por su valor ecosistémico y su importancia hídrica, no hay punto intermedio , los glaciares no se pueden dañar y luego reparar”, agrega.
Flavia Liberona, directora de Terram, dice que para ellos es difícil entender que el gobierno no respalde el proyecto, pese a los recientes estudios de la Dirección General de Aguas, que dan cuenta del estado de los embalses, cuencas y recarga de nieve. “Muestran un escenario dramático para esta temporada”, dice.
El presidente de la comisión, el diputado PS Daniel Melo, rescata que Badenier haya señalado que el proyecto es una síntesis de varias iniciativas que están en el Congreso y dice que “todo proyecto es perfectible, pero conservando su espíritu”. Explica que en caso que el gobierno no presente indicaciones, pero sí un proyecto propio, se podría generar una “colisión de distintas posiciones. Yo espero que el ejecutivo tenga una actitud razonable, si el Ejecutivo entiende que el proyecto es la síntesis de todas las mociones parlamentarias debería presentar las indicaciones”.
