Mientras en la Legislatura se discutían dos proyectos mineros de Malargüe, en el centro de Mendoza, los inversionistas rusos de San Jorge -Aterra Capital y Solway Investment- inauguraron sus oficinas en la provincia. El Sol conversó con el CEO del proyecto, Taras Nechiporenko, y el representante de Solway, Pavel Ermolaev.

- ¿Cuál es el objetivo de la apertura de la oficina?
- Taras Nechiporenko (TN) Mostrar nuestra voluntad de implementar el proyecto más rápido posible.

- ¿Han conversado con las autoridades del avance de la DIA del proyecto?
- T.N. Lo estamos coordinando con el Gobierno, con legisladores y estamos en condiciones de seguir las normas y le ley vigente para implementar el proyecto. Lo podemos continuar tal como está ahora la ley en Mendoza.

- ¿Qué motivó a los inversionistas rusos a venir por el proyecto San Jorge?
- Pavel Ermolaev: Es un proyecto muy interesante, también si lo comparamos con algunos proyectos en Chile es bastante relevante, y el país tiene un potencial muy grande, tiene oportunidad de convertirse en uno de los primeros productores mundiales de recursos minerales, y nosotros queremos participar en el desarrollo de este potencial. También es un país muy bueno para visitar y vivir.

- ¿Les interesó por el cambio del proyecto que lo hace más viable con la legislación vigente?
- P.E. El proyecto tiene dos opciones, la original y la actual, y ambas opciones tienen su eficiencia y rentabilidad económica, y nosotros estamos listos para implementar cualquiera de las dos, en función de la legislación.

- ¿Han conversado con las autoridades sobre la posibilidad de volver al proyecto original?
- P.E. Ahora hacemos hincapié en la implementación del proyecto biprovincial.

- ¿Cuál es la vida útil del proyecto?
- P.E. El proyecto biprovincial tiene 10 años de vida útil y el proyecto original tiene una de 16 años, pero consideramos que no está explorado todo su potencial y podría ser de hasta 25 años o más, y nosotros tenemos un plan de exploración adicional para ver su potencial real.

- ¿Confían en que se apruebe el proyecto biprovincial?
P.E. A nosotros nos parece que se cambió mucho con respecto al período anterior, en el 2010, y eso nos da más certeza de que lo vamos a alcanzar.

El proyecto minero San Jorge, que fue cajoneado en 2011 ante el rechazo social que generó en plena etapa electoral del país y la provincia, se reformuló y ahora, con nuevas ideas y dueños, busca activarse definitivamente. Por esto, los nuevos inversores, de origen ruso, se encuentran en Mendoza y confían en que el visto bueno del Estado se concretará antes de que finalice 2014.

Con la excusa de inaugurar sus nuevas oficinas comerciales, ubicadas en la calle San Martín al 477, los CEO de Solway Group y Minera San Jorge llegaron a nuestra provincia y mostraron su intención de que la minera se ponga en marcha lo antes posible. Tienen un plan para “seducir” a la población y defienden el modelo de un proyecto en común con San Juan.

Quienes dialogaron con SITIO ANDINO fueron Pavel Ermolaev, Chief Investment (responsable de las inversiones) de Solway Group, la empresa que adquirió San Jorge, y Taras Nechiporenko, CEO del proyecto San Jorge. Ambos defendieron la iniciativa y aclararon que cuentan con apoyo del Gobierno provincial.

“Nosotros adquirimos el proyecto en diciembre de 2013, hace casi un año. La expectativa del corto plazo es tener aprobación de la parte del gobierno antes de fin de año. También queremos la aprobación de la sociedad y del parlamento para comenzar a explorar y explotar”, dijo Ermolaev, en ruso pero con la traducción al español de Nechiporenko.

“Este proyecto será para nosotros una plataforma para desarrollar más proyectos en Argentina y en Mendoza. Será el paso inicial”, destacaron los inversores rusos.

El rechazo que la Legislatura le dio a San Jorge en 2011 no es un tema desconocido para los titulares de Solway Group y San Jorge, quienes sin embargo tienen esperanzas de que la mentalidad mendocina haya cambiado. “En su momento la legislatura no rechazó el proyecto, lo archivó. Entonces creemos que lo que la gente pidió fue más tiempo para estudiar el proyecto, madurarlo y aceptarlo. Creemos que ese tiempo ya pasó”, agregó Ermolaev.

En tanto, los inversores rusos destacaron que se encuentran en “contacto permanente con el gobierno de Mendoza” y estas autoridades les han brindado su apoyo para avanzar con el desarrollo minero. “Consideramos, basándonos en las reuniones que hemos tenido, que hay un apoyo por parte del Estado para San Jorge”, dijeron.

Por otro lado, al ser consultados Ermolaev y Nechiporenko sobre la ley 7.722, que prohíbe la utilización de cianuro, y si es necesario modificarla o no para que San Jorge pueda actuar, respondieron: “No nos corresponde a nosotros cambiar una ley o proponer cambiar una ley. La idea que tenemos es un proyecto biprovincial, en conjunto con San Juan, donde no se utilizará ningún químico en Mendoza”, resaltaron.

Otro dato que no pasa desapercibido entre los inversores de San Jorge es que el año próximo será netamente electoral, algo que les trae “malos recuerdos”. No obstante, Fabián Gregorio, presidente de San Jorge en Argentina, dejó en claro: “Los tiempos de la política no nos van a modificar las ideas. La inversión está lista para desarrollarse hoy”.

De esta forma los máximos exponentes del proyecto San Jorge quieren realizar borrón y cuenta nueva, dejando atrás el pasado poco feliz que la empresa tuvo en Mendoza. Así, resaltan que los nuevos dueños tienen “financiamiento propio” y San Jorge no estará atado al precio que el oro y el cobre tengan en el mercado internacional.

Cabe resaltar que, además de los nuevos inversores de San Jorge, diferentes personalidades del ámbito político y sindical participaron de la presentación de las oficinas comerciales de la minera. Omar De Marchi, ex diputado nacional, Carlos Aguinaga, ex diputado provincial y José Escoda, diputado provincial, fueron algunos de los invitados presentes. 

El karma de la gestión de Paco Pérez al frente de Mendoza, es, sin dudas, la minería. Marcó su campaña electoral y ahora cada vez que arrecian los intentos por desarrollar proyectos incluso permitidos por la restrictiva ley provincial antiminera, la 7.722, el gobernador esquiva el debate sistemáticamente.

El fin de semana, llegaron a Mendoza los empresarios rusos Kirill Zimin y Pavel Ermolaev, respectivamente ejecutivos de las empresas mineras Aterra Capital y Solway Investment, las que ahora controlan el 70% de San Jorge. Su guía y anfitrión es el presidente de San Jorge, Fabián Gregorio. El desembarco de los rusos tiene como objetivo, de una vez, reactivar el proyecto, ya sea realizando todo el proceso en Mendoza o extrayendo en la provincia y procesando en San Juan.

Para que la segunda opción sea viable, los inversores deberán construir un ramal de 22 kilómetros entre el yacimiento en Mendoza, cerca de la localidad cordillerana de Uspalata, hasta el límite con San Juan, provincia que se ha mostrado deseosa de quedarse con la parte más gruesa del negocio.

No obstante, los inversores rusos intentarán en estos días, ratificar el proyecto original, es decir realizar todo el proceso en Mendoza. Para eso han mantenido y mantendrán reuniones con diversos referentes políticos y sociales. Al primero que vieron, fue al titular de la Cámara de Diputados y precandidato a gobernador, Jorge Tanús; luego visitaron a legisladores radicales –quienes se encargaron de mantener en reserva el encuentro–, luego estuvieron con el ministro de Energía local, Marcos Zandomeni, y finalmente firmaron un acuerdo de cooperación con las Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, Asinmet. Su titular, Julio Totero, fue muy claro al remarcar primero que “la minería puede desarrollarse en Mendoza sin problemas y ser una fuente de recursos y de empleo muy importante”, para luego apuntar al sector político: “La indefinición nos cuenta recursos”.

El detalle es que el gobernador Pérez ha mandado a decirle a los rusos, según fuentes cercanas al mandatario, que no tiene intenciones de reunirse con ellos, que ya lo hizo a mitad de año y que no hace falta otra reunión. La razón es clara: los reclamos para que de una vez Mendoza, con serios problemas financieros, apuesta hacia la minería van tomando impulso en las filas del oficialismo. Uno de sus más encendidos defensores es el diputado nacional Alejandro Abraham. Pero muchos otros oficialistas entienden que, más allá de la ley 7.722, que prohíbe la megaminería en la provincia, hay numerosos proyectos que se pueden concretar, justamente como San Jorge.

Es que el yacimiento de cobre en Uspallata, departamento de Las Heras, fue, desde el comienzo, el karma de Pérez. Primero porque trabajó en un estudio jurídico que tenía a los mineros como clientes, luego porque en plena campaña del 2011, a punto de ser aprobado por la Legislatura, se vio obligado a pedirle a su partido que lo rechazara por los escraches de grupos ambientalistas, y ahora por el reverdecer de una discusión que tiene como telón de fondo los graves problemas financieros de Mendoza.

Este breve historia, según peronistas que ven con buenos ojos no sólo San Jorge sino directamente derogar la ley antiminera, “le hacen cree al Paco que todo lo referido a la minería está mal y lo va a perjudicar, parte de un prejuicio y desperdicia la posibilidad de desarrollar la actividad en una época complicada”.

Tal es la inseguridad de Pérez, que a su vez trasmite a todo el oficialismo, que en la Legislatura se demora inexplicablemente la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de dos proyectos que están perfectamente encuadrados en la 7.722. Se trata de Hierro Indio, de hierro, y Cerro Amarillo, de cobre. Pero el temor al humor social hace que el oficialismo dude.

En similar estado está San Jorge. Su DIA fue rechazada en el 2011 por pedido de Pérez, en plena campaña para la Gobernación. En ese momento, el oficialismo acató el pedido del candidato y rechazó la declaración. Ahora, tras el nuevo ímpetu que le pusieron los nuevos accionistas a San Jorge –asegurando una inversión inicial de 200 millones de dólares-, la posibilidad de reactivar la inversión suma adeptos no sólo en el oficialismo sino también en la oposición.

El detalle, una vez más, es el temor de Pérez. Según les ha manifestado a sus más cercanos colaboradores, preferiría que en Mendoza se haga la extracción de la piedra y en San Juan se procese. Claro que así los beneficios para Mendoza serán mucho menores de si todo el proceso se realiza en la provincia. Esto lo tiene claro el intendente de Las Heras y precandidato a gobernador por el PJ, Rubén Miranda.

El cacique comunal, cercano al vice Carlos Ciruca, es el que está intentando juntar voluntades en el oficialismo para plantearle a Pérez que San Jorge se desarrolle íntegramente en suelo mendocino. Trabajo para mendocinos y mayores ingresos por diversos impuestos son los argumentos. “Además seamos realistas, lo que se haga en Mendoza, o 22 kilómetros más allá, en San Juan, si es que hay impacto ambiental, será exactamente lo mismo”, dicen en el entorno de Miranda.

Con todo, Mendoza vive días convulsionados respecto al debate minero, y no ayuda para nada el ejemplo de San Juan, con jugosos beneficios por haber apostado al desarrollo de la industria, más allá de los cuestionamientos ambientales. Ahora, justamente la provincia vecina podría quedarse con la tajada más jugosa de San Jorge, un yacimiento potencialmente muy lucrativo que está 100% en territorio mendocino.

Inauguran hoy sus oficinas en la Ciudad de Mendoza San Martin 477 de Ciudad las empresas que poseen en 70% de las acciones en el proyecto de cobre San Jorge, ubicado en la localidad cordillerana de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras.

Los grupos Solway Investiment y Aterra Capital aguardan la decisión de la Corte Suprema de Justicia (que debe juzgar si es constitucional la prohibición a la actividad metalífera en suelo mendocino) para desembolsar en el emprendimiento unos u$s 200 millones.

De concretarse, se trataría de la primera inversión rusa en la industria minera nacional.