Por Silvia Naishtat.

Tal vez por las dificultades de la economía, esta semana como nunca antes Axel Kicillof tuvo reuniones con las cámaras empresarias. Y en lo que fue casi un maratón arrancó con la Copal, que aglutina a las alimenticias, siguió con el Grupo de los Seis y hasta fue a almorzar a la AmCham, que cobija a las 500 compañías de Estados Unidos que están entre nosotros.

En lo que fue una sorpresa para quienes lo escuchaban en el Club Americano, sede de AmCham, el ministro habría deslizado que no va a devaluar, que no va a expropiar empresas, que no aplicará la ley de Abastecimiento y que está en sus planes arreglar con los holdouts en enero.

Esas afirmaciones corrieron velozmente y con variadas interpretaciones por el ambiente de negocios.

Pero ayer en un encuentro convocado en la Unión Industrial y al que asistieron todas las entidades del Grupo de los Seis se decidió, sin embargo, seguir adelante en el rechazo en la justicia a la ley de Abastecimiento.

Y se optó por contratar al estudio jurídico Cassagne para que lleve adelante la acción judicial.

De los tres estudios que los habían asesorado, el de Cassagne fue el único que recomendó como estrategia recurrir a los Tribunales aunque la ley no haya sido aplicada. También insiste en recorrer hasta la máxima instancia judicial para solicitar su anticonstitucionalidad.

En la que se describió como una reunión tranquila, Héctor Méndez, presidente de la UIA, ofició de anfitrión. Asistieron Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción; Carlos de la Vega, de la Cámara de Comercio; Adelmo Gabbi, de la Bolsa; Daniel Pellegrina por la Rural en ausencia del presidente Luis Etchevehere que se encuentra en Roma y Norberto Peruzzotti por Adeba, los bancos de capital nacional, en ausencia de Jorge Brito, también de viaje.

Por momentos participaron Daniel Funes de Rioja como vice de la UIA y en su calidad de abogado y José Ignacio de Mendiguren, secretario de la entidad.

La decisión, según confiaron tres de los asistentes a Clarín, se tomó por unanimidad, lo que contiene un significado especial tras la reunión que el mismo grupo, a excepción de la Rural, mantuvo con Kicillof el último martes.

Un día antes, el lunes al mediodía, Kicillof tuvo un cara a cara con los industriales de la alimentación. Allí el ministro tuvo un anticipo de lo que finalmente sucedió ayer.

Funes de Rioja, presidente de Copal, le advirtió que no habían cambiado de opinión respecto de la ley de Abastecimiento, pero que celebraba su espíritu de diálogo.

Para asombro de los presentes, los industriales de la alimentación, pudieron exponer al fin a Kicillof el cuadro de situación del sector. Y el ministro, contaron, tomó nota en un cuaderno de los reclamos más urgentes.

A saber, la distorsión que provocan algunos impuestos, los costos logísticos, la crisis en el sector pesquero y frutihortícola y el pedido de que los dejen operar en el puerto de Montevideo.