Si no se hace exploración minera en el país, en 10 a 15 años Bolivia ya no tendrá yacimientos que explotar, afirmó ayer el presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia, Osvaldo Arce.

Arce dijo que la exploración minera en el país está “debilitada” debido a que se necesita grandes capitales de alto riesgo y esta ausencia de inversión privada tiene su origen en la falta de seguridad jurídica.

“Hay una nueva ley minera, pero no está reglamentada, ahí tendrían que establecerse los parámetros para que hayan reglas claras”, afirmó Arce poco antes de dar una conferencia de prensa para difundir la realización del XXI Congreso Geológico Boliviano, previsto del 16 al 19 de octubre en la Universidad Católica Boliviana de esta ciudad.

Explicó que la ausencia de proyectos exploratorios se agrava considerando que “de 100 yacimientos, sólo uno es explotable”.

Dijo que el Estado puede invertir en explorar yacimientos antiguos donde es más probable tener éxito; pero para los nuevos precisa inversión privada.

El exministro de Minería, Dionisio Garzón, explicó que no sólo debe tomarse en cuenta la baja tasa de éxito exploratorio, sino también el hecho de que “se necesita entre 5 a 10 años para hacer una mina” y puso como ejemplo que establecer la mina San Cristóbal tomó casi 12 años.

Acerca de la situación de las reservas, descrita por Arce, explicó que varía de acuerdo al tipo de yacimiento. Para el caso del estaño, dijo que, al ritmo actual, hay reservas para unos 10 años más. Aunque si se pretende incrementar la producción, como anunció el Gobierno, las reservas durarán menos.

En el caso del zinc, señaló que al ritmo actual de explotación, la mina privada San Cristóbal tiene reservas para más de 10 años y algo similar ocurre con la mina San Vicente.

Sin embargo, destacó que se están explotando minas “antiguas”, ya que en Bolivia “no hay exploración minera hace una década”.

Coincidió con Arce en cuestionar no sólo la falta de reglamentación de la nueva ley minera, sino también que se dé prioridad al sector cooperativista obviando al privado, la falta de un sistema tributario competente y de una “ventana de oportunidades” para las empresas privadas.