La diputada nacional Elisa Carrió denunció ayer a la ministra de Industria nacional, Debora Giorgi, por presuntos delitos ocurridos en la cartera a su cargo con el manejo de subsidios por producción de bienes de capital, a partir de una información publicada por el diario La Nación.

La denuncia de Carrió quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello y apunta no sólo a Giorgi -actualmente de viaje oficial en Rusia- sino también a los funcionarios de su cartera mencionados en el artículo periodístico y “cuya identidad deberá determinarse mediante la respectiva investigación”, según escribió en su presentación judicial.

La legisladora de la Coalición Cívica y precandidata presidencial por el Frente Unen no añadió datos nuevos más allá de los publicados por el artículo del diario. De acuerdo con su presentación, Giorgi y los funcionarios mencionados por La Nación podrían haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, la misma figura penal por la que está procesado el vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone, además, en su caso, de cohecho (coimas).

La figura de “negociaciones incompatibles con la función pública” está prevista en el artículo 265 del Código Penal y reprime con hasta seis años de cárcel a “todo funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

El artículo publicado ayer por y tomado por Carrió para judicializar el asunto -en virtud de su rol de funcionaria pública como diputada de la Nación- reveló una reiteración de nombres de personas que trabajan en el Ministerio a cargo de Giorgi, la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), que audita las cuentas de las firmas a beneficiar con los subsidios, y diversas empresas que producen bienes de capital.

Entre las personas identificadas por la investigación del diario se encuentran el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Industria, Marcos Ricardo Coy; los hermanos Sergio Gastón Ricardo y Dante Fabián Ricardo, asesor este último de Coy y presunto dueño de una de las empresas beneficiadas y Alejandro Luis Favaratto También fueron señalados en el artículo Héctor Omar Cintora; María José Pellegrini; José Luis Giusti; Santiago Marcelo Bongiovani; y Emiliano Benjamín Yacobitti, referente de Franja Morada en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la UCR porteña.

Los subsidios que se habrían pagado a empresas supuestamente vinculadas a las personas mencionados por La Nación fueron efectuados a través de reintegros por producción con bonos estatales mediante un sistema creado en 2001 para compensar el retiro de los aranceles por importación.

Ayer, ese episodio no fue el único trago amargo que tuvo que digerir Giorgi. También fue desmentida por la propia YPF en un comunicado.

La diputada nacional Elisa Carrió decidió ayer denunciar penalmente a la ministra de Industria, Débora Giorgi, por el presunto delito de "negociaciones incompatibles con la función pública". Se basó en una investigación de LA NACION publicada ayer, que reveló el reparto de subsidios a empresas en las que figuran como directivos funcionarios o allegados a esa cartera.

En la denuncia se advierte que tanto la ministra como otros funcionarios alcanzados por la investigación "habrían cometido actos en oportunidad del ejercicio de sus funciones, los que podrían configurar negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal) y/u otros posibles actos ilícitos".

La acusación de "negociaciones incompatibles con la función pública" -que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello- se desencadenó luego de que LA NACION revelara que esos funcionarios integran sociedades que reciben al mismo tiempo reintegros por la fabricación de bienes de capital del propio ministerio, es decir, están a ambos lados del mostrador.

"Las autoridades que estarían involucradas directamente en las conductas que podrían configurar ilícitos penales serían las responsables dentro del referido ministerio. De este modo, las conductas a investigar corresponden a funcionarios públicos, por lo que corresponde la intervención de la justicia federal", advierte la denuncia de la legisladora de la Coalición Cívica en UNEN.

La investigación provocó también la reacción del diputado de la UCR Mario Barletta, que envió a la Cámara baja un proyecto de resolución en el que le pide a Giorgi que informe sobre el funcionamiento del régimen de reintegros.

Ayer, después de una reunión de funcionarios por la mañana en las instalaciones del ministerio para acordar qué estrategia tomar, la cartera que conduce Giorgi emitió un comunicado en el que volvió a negar, como lo había hecho anteayer, la existencia de funcionarios que cobraran subsidios. El martes, consultados por LA NACION, en el ministerio habían dicho que sólo dos de esos agentes eran funcionarios. Ayer, el comunicado corrigió la cantidad a uno.

Según el texto, "es falsa y sin ningún tipo de sustento la afirmación de que funcionarios de esta cartera de Estado sean titulares o formen parte de empresas productoras de bienes de capital. El artículo menciona a personas que no tienen relación laboral con este ministerio. Oportunamente, al realizarse la consulta se indicó que sólo uno de los mencionados es contratado por la Subsecretaría de Coordinación, en un área de mantenimiento, desempeñando tareas de carácter administrativo sin ningún tipo de injerencia o responsabilidad en la asignación de los mencionados bonos".

Sin embargo, un memo del 6 de noviembre del año pasado pide para Ireneo Gonzalo Sconfietti, que es pariente de Normando Alberto Sconfietti (quien presidió hasta 2012 Intertet, empresa que cobró reintegros), una cuenta de mail relacionada con los bienes de capital. "Por medio de la presente se solicita el cambio de titular de la siguiente cuenta de mail: bienesdecapital@industria.gob.ar", y pide para el agente el usuario "isconfi_mi".

Otro memo del 20 de marzo de este año pide para Dante Fabián Ricardo, hermano de Sergio Gastón Ricardo, dueño de una de las empresas que cobraron reintegros, "la ampliación del mail institucional del Sr. Dante Ricardo, asesor del subsecretario de Coordinación del Ministerio de Industria, Cdor. Marcos Coy".

Según el comunicado de Industria, "la nota refleja un desconocimiento total de la operatoria referida al otorgamiento de los reintegros a los fabricantes de bienes de capital ("bonos de capital"). El procedimiento no prevé la intervención de la mencionada Subsecretaría de Coordinación ni de su titular, el Cdor. Marcos Coy, y tampoco del área de compras a que se hace mención. El régimen depende de la Dirección de Aplicación de Políticas Industriales dependiente de la Secretaría de Industria", dice. Sin embargo, el vínculo con la Subsecretaría de Coordinación es sencillo: se da a través del lugar para el que trabajan los agentes allegados a las empresas.

El caso más emblemático es el de Alejandro Luis Favaratto, que comparte directorios en sociedades con Sergio Ricardo y la mujer de éste y que figura además en los registros internos como empleado de la Subsecretaría de Coordinación. Un memo interno del 12 de noviembre de 2013 pide para él acceso a Internet del ministerio junto con Dante Fabián Ricardo y aclara que ambos trabajan para esa dependencia. "Se solicita para los agentes que a continuación se detalla acceso a Internet para páginas gubernamentales nacionales e internacionales, medios de comunicación, diarios, radios, buscadores, representaciones del exterior, embajadas, consulados en el exterior, páginas varias, hoteles, empresas privadas, cámaras empresariales, redes sociales y videos", dice, y aclara: "Cabe destacar que los mismos desempeñan funciones como asesores en la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Industria y dicho requerimiento tiene como fin lograr el mejor funcionamiento del área ya mencionada". Al final, propone para ambos las claves de usuarios "afavarato_mi" y "dricardo_mi".

El comunicado agrega que "el universo de empresas alcanzadas por el régimen de bienes de capital alcanza a unas 1000 empresas que reciben beneficios. Se hace mención a una de ellas, fabricante de maquinaria agrícola, a la cual se le atribuye falsamente la titularidad a un funcionario de este ministerio, situación que como se ha señalado es totalmente falsa".

La empresa citada es Intertec SA, razón social de Indecar, que pertenece a Sergio Gastón Ricardo, hermano del único funcionario al que el ministerio reconoce como propio: Dante Fabián Ricardo. Consultado por LA NACION, Sergio Ricardo contestó que había trabajado en las auditorías de los subsidios hasta fines del año pasado, lapso que coincide con algunos cobros de su empresa.

El texto del Ministerio de Industria finaliza: "Lo publicado es falso, carece de sustento y tiene una clara intención difamatoria".