El Gobierno ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica la actual Ley N° 20.551, que regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, y el Decreto Ley N° 3.525, de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

La iniciativa legal busca cambiar la ley 20.551, que regula el Cierre de Faenas Mineras, para perfeccionar la forma de cálculo de la vida útil de los proyectos mineros, determinar la oportunidad para comenzar a constituir la garantía financiera respecto de proyectos de hidrocarburos, e introducir ajustes al procedimiento de evaluación de los proyectos de cierre.

También, modifica el Decreto Ley N° 3525, que crea el Sernageomin, con el fin aumentar sus atribuciones y dotarlo de la la facultad requerir de forma obligatoria la información geológica básica de carácter general, de acuerdo a las especificaciones que se determinen mediante el reglamento respectivo.

Con ello se busca promover un ambiente propicio que estimule y posibilite de mejor manera la ejecución de aquellos proyectos de inversión que contribuyen al desarrollo y crecimiento del país, así como de fortalecer la institucionalidad en materia minera.

"Se ha estimado necesario fortalecer la atribución de Sernageomin para requerir la información de carácter general que se obtenga de los trabajos de exploración geológica básica, a que se refiere el artículo 21 del Código de Minería, a través del establecimiento de una sanción de multa para el evento de que el empresario minero no cumpla el requerimiento realizado por dicho Servicio. En efecto, el Código de Minería y su Reglamento no establecen sanciones para el caso de incumplimiento en la entrega de la información señalada en dicho artícul oy, por tanto, en la práctica las empresas no se sienten obligadas a cumplir, resultando que la información referida es inaccesible para Sernageomin, lo cual dificulta el ejercicio de sus funciones dado que no se difunde información que es útil para el desarrollo de la minería", indica el documento.

La iniciativa será estudiada por la Comisión de Minería y por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.