La discusión se iniciará esta semana en la Legislatura. Es el primer debate político luego del cambio de postura del gobierno de Pérez sobre la actividad. Voces a favor y en contra en cada partido.
El jueves, a las 9 de la mañana, arranca formalmente el debate para la aprobación de declaración de impacto ambiental (DIA) de dos proyectos mineros, Hierro Indio (hierro) y Cerro Amarillo (cobre).
El debate se realizará en sesiones conjuntas de dos comisiones del Senado, Ambiente y Energía, con la presencia de dos ministros -el de Tierras y Ambiente Guillermo Elizalde, y el de Energía Marcos Zandomeni-, más representantes del Departamento General de Irrigación y del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia).
La fecha se espera con cierta ansiedad. Hay dudas en todos los bloques legislativos sobre estos dos proyectos y más aún cuando empieza a conocerse que uno de esos proyectos, Hierro Indio, está enclavado en un área sensible: es parte de la cuenca del Río Atuel, la misma que irriga a San Rafael y General Alvear, donde se agitan los más radicalizados grupos antimineros.
El dato no es menor. Es cierto que las declaraciones de impacto ambiental son para autorizar la exploración, es decir, determinar claramente qué y cuánto mineral hay en las entrañas de la tierra, por lo que el uso del recurso hídrico no sería importante. La pregunta es si después, cuando lleguen las otras DIA para explotar lo que se encuentre ahora, se podrá negar el permiso de explotación.
Las dudas en este sentido ya fueron informadas por Los Andes el 17 de setiembre pasado, cuando los expedientes de los dos proyectos mineros ingresaron en la Legislatura. “¿Cómo aceptar ahora la exploración y luego negar la explotación?” se preguntan varios legisladores y se responden con una mueca indescriptible. El síntoma es claro: el debate por la explotación se adelantará y se resolverá ahora, aunque las DIA ahora sólo se refieran a exploración.
El agua en el debate
Pero ahora se suma la otra preocupación: la cuenca hídrica. Cerro Amarillo es un yacimiento de cobre que está ubicado en la cuenca del Río Malargüe, curso que es afluente del Río Grande y éste último desemboca en el Colorado. De esa cuenca, Mendoza puede disponer de 34 metros cúbicos por segundo, de acuerdo a la distribución acordada en el Comité Interjurisdiccional del Colorado (Coirco). No debería haber problemas, salvo que las otras provincias del Coirco entiendan que la actividad puede contaminar las aguas del Colorado.
La cuenca que asoma como problemática es la del Atuel, donde está enclavado el yacimiento Hierro Indio. Para colmo habría que sumar otra preocupación y es el conflicto por las aguas de ese río con los vecinos de La Pampa.
En la cuenca del Atuel la falta de agua parece evidente. Una zona con crisis hídrica casi permanente en los últimos años, los productores agrícolas del Sur se quejan de que actualmente están regando cada 18 días, justamente por la escasez del recurso.
Ya las relaciones entre los productores de esa zona y el Departamento General de Irrigación no son las mejores y ahora se introduce un elemento nuevo, que es considerado un “intruso” por parte de los sanrafaelinos y, particularmente, los alvearenses.
De hecho, General Alvear es uno de los bastiones antimineros que apuraron la sanción de la ley 7.722. Junto con los del Valle de Uco son las poblaciones donde el rechazo a la actividad minera es más fuerte.
En la mañana de ayer, un legislador decía que todos los bloques son atravesados y en todos hay quienes están a favor de la minería y quienes están en contra. Particularmente, los legisladores de San Rafael y Alvear (conscientes de que su futuro depende de los votos de sus vecinos) suelen ser los más acérrimos antimineros.
Ese panorama ya se vivió con la aprobación de la DIA de la explotación de sales de potasio que inició la minera brasileña Vale. Más allá del destino de ese yacimiento, se trataba de una explotación relativamente limpia, pero que los legisladores provenientes de los departamentos antimineros rechazaron. En ese tratamiento hubo libertad de acción y hubo rechazos de todos los bloques.
Por eso es que en el Senado se espera una catarata de visitas de expertos que ilustren todos los aspectos. El jueves arranca con una instancia casi formal, con la presencia de los ministros Zandomeni y Elizalde.
Pero también la llegada de representantes de Irrigación y del Ianiglia, prometen adelantar el debate por el uso del agua en ambos proyectos.
En La Pampa hay inquietud por uno de los yacimientos
En La Pampa ya hay quienes ponen el ojo sobre los proyectos mineros que se empezarán a discutir en Mendoza. Los diputados de la vecina provincia ya han solicitado al Ejecutivo pampeano que se ocupe de recabar toda la información disponible para dar el debate.
Ya se sabe que Cerro Amarillo está en la cuenca el Río Colorado y en la Legislatura de esa provincia se advierte sobre la instalación de una planta de tratamiento de minerales para extraer el cobre de esa cantera, incluso el 1 de octubre pasado, “El diario de La Pampa” informaba que Cerro Amarillo también incluye explotación de oro y molibdeno.
La información que llega desde la vecina provincia indica no sólo que las instituciones de La Pampa están al tanto, sino que se preparan para resistir. En esa publicación de “El diario de La Pampa” se indicaba que Hierro Indio está cerca de El Sosneado y que está a la vera del Río Atuel.
La comisión de Ecología de la Legislatura pampeana emitió un despacho por unanimidad expresando su preocupación sobre posibles instalaciones mineras en la Alta Cuenca del Río Atuel. “En ese sentido, también nos preocupa la probable ubicación de plantas de extracción y separación de minerales en la Cuenca del Río Grande, tributario mayor del Río Colorado…”., manifestaron.
Los integrantes del cuerpo pidieron una vez más “que la provincia de Mendoza adhiera institucionalmente a las facultades ampliadas en lo ambiental y otorgadas al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado -COIRCO- por los demás estados provinciales signatarios del Acuerdo del Río Colorado, como lo hiciera Nación en su momento”.
Finalmente se dirigieron al Poder Ejecutivo provincial para que solicite al Estado Nacional antecedentes que obraren en organismos nacionales relacionados con lo señalado anteriormente.
El presidente de la comisión, diputado Martín Berhongaray y los legisladores Juan Pablo Morisoli, Luciano Di Nápoli, Alfredo Schanton, Marina Cahais, Carlos Bruno y Sergio Pregno, coincidieron en la necesidad de dar a conocer esta situación, en especial por el impacto ambiental que puede producirse.
En los fundamentos del despacho citaron que uno de los riesgos es la no adhesión de la provincia cuyana a las facultades ambientales ampliadas que le permiten al COIRCO supervisar todo tipo de actividades dentro de la Cuenca, que se relacionen con actividades mineras e hidrocarburíferas, su logística y transporte.
Por otro lado, los diputados emitieron otro despacho unánime para apoyar una iniciativa de la diputada Mariana Cahais, la cual solicita al Ejecutivo provincial que instrumente los mecanismos pertinentes para la implementación de una política que coordine las acciones del Estado provincial y los estados municipales pampeanos para la gestión integral de residuos sólidos urbanos.
