El concejal de Santa María, Pablo Sánchez, a través de un proyecto ingresado en el Concejo Deliberante solicita que la Legislatura provincial promueva la modificación del artículo 7 de la ley de distribución de los fondos de regalías mineras. De esta manera busca que Santa María también reciba un porcentaje de los fondos que deje la explotación de Bajo El Durazno por la utilización del agua del departamento.
El diputado mandato cumplido recordó que este artículo le asigna al departamento “una participación extraordinaria del siete por ciento (7%) de las regalías que forman el tesoro provincial conforme al artículo 2º de la presente ley, por la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera, mientras la misma extraiga agua de dicho departamento, durante la etapa de operación o finalizada la misma”.
Y en ese marco sostiene que por el contrato entre las empresas YMAD y Minera Alumbrera para la opción de la explotación de Bajo El Durazno, se utilizará la infraestructura desarrollada para Bajo La Alumbrera, que se localiza a apenas 1,5 km de distancia, prolongando la vida útil de esas instalaciones, “por lo que obviamente el nuevo emprendimiento seguirá extrayendo el agua del acuífero subterráneo de Campo del Arenal, para su proceso de molienda y flotación de los minerales”.
Ante esta situación entiende que este artículo de la ley Provincial Nº 5128 sólo hace referencia al yacimiento Bajo La Alumbrera, por lo que considera necesario que el Ejecutivo Provincial, a través de la Legislatura, que tiene por objeto otorgar al departamento una participación extraordinaria de las regalías que forman el tesoro provincial, conforme al artículo 2º de la mencionada ley, por la extracción de agua de los acuíferos del departamento por parte del yacimiento Bajo La Alumbrera, ampliando esa participación cuando cualquier otro yacimiento que inicie su explotación utilice el agua del departamento. Además solicitan incrementar la asignación del siete por ciento (7%), en virtud de que “sin el líquido elemento aportado por nuestro departamento, la explotación de cualquier emprendimiento minero resultaría prácticamente inviable”.
La Corte no presentó informe
La Corte de Justicia de la provincia aún no remitió el informe pedido por la cámara de Diputados sobre los nombramientos de magistrados y funcionarios que requieran acuerdo del Senado, y que se encuentran en “Comisión” sin intervención del Consejo de la Magistratura, durante el período comprendido entre el año 2000 y el presente año 2014 inclusive.
La iniciativa aprobada fue girada al máximo tribunal de justicia el pasado 1 de septiembre y hasta el momento no respondió a la requisitoria. Precisamente el diputado Hugo Argerich, como presidente del bloque del FPV-PJ, solicitó a Parlamentaria de la cámara baja que informe si existía respuesta de parte de la Corte. Desde el área indicaron que hasta la fecha aún no había ingresado ninguna contestación.
El proyecto, que pertenece al diputado Rolando Crook, pide que el informe contenga la cantidad de vacantes cubiertas, incluso las que con posterioridad hubiesen sido cubiertas bajo la normativa del régimen de concursos, y la nómina de los funcionarios designados en tal carácter, adjuntando copia del respectivo acto administrativo en el que consta el nombramiento. “Las designaciones en comisión poseen el vicio de inconstitucionalidad grave que implica la infracción al régimen provincial de autonomía política e institucional”, afirmaba en los fundamentos.
Este miércoles, a las 18, se realizará un escrache frente a la Casa de Catamarca (Córdoba 2080, Buenos Aires), en repudio al proyecto minero a cargo de las denunciadas YMAD y Bajo la Alumbrera.
La concentración, convocada por la ONG Conciencia Solidaria, servirá para expresar nuevamente el rechazo social a las megaexplotaciones mineras a cielo abierto.
El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, la gobernadora catamarqueña, Lucía Corpacci, y la empresa Minera Alumbrera firmaron con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad) el contrato para la explotación de Bajo El Durazno.
Se trata de un yacimiento de cobre y oro que se encuentra en el distrito Farallón Negro, ubicado a dos kilómetros de Bajo La Alumbrera, primera mina a cielo abierto del país, ubicada en Andalgalá, Catamarca.
“Al cabo de dos o tres años del comienzo de explotación, esa ciudad en especial, pero también Belén y otros pueblos cercanos, comenzaron a ser asolados por los casos de cáncer, esclerosis múltiple y otras graves dolencias, antes infrecuentes en la región. Esta situación se produce asimismo en Tucumán, por donde se extiende el mineraloducto que transporta el mineral hasta la planta de filtros”, sostuvo Carlos A. Seara, geólogo, experto en hidrogeología y Roberto Luna, investigador de temas mineros en su informe científico “Megamineria. Una actividad que saquea y contamina”.
“La contaminación ambiental es el más grave problema que afronta la minería a cielo abierto y una de las causas de su prohibición en los países de origen de las empresas megamineras, pero no es el único. También están la destrucción o contaminación de las fuentes de agua de poblaciones enteras; la destrucción de glaciares; el brutal saqueo de los recursos naturales no renovables; la ausencia de beneficios económicos concretos para las regiones donde están los yacimientos; el antagonismo generado en los conglomerados urbanos directamente afectados, entre los que están a favor o en contra de esa actividad; el pago de sobornos por parte de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y las compañías mineras a los medios de comunicación locales y nacionales, para ocultar la degradación ambiental, política, social y económica que producen. Por todo ello, la minería a cielo abierto es inviable y debe ser prohibida en toda la República Argentina lo antes posible”, agregó Seara.
“Desde la campaña Basta Ya de Conciencia Solidaria, venimos denunciando a través de diferentes instancias estos flagelos, incluso en la Justicia somos querellantes por la contaminación provocada en la Cuenca Salí Dulce gracias a la Megaminera La Alumbrera. La contaminación social y psíquica debe cesar. Es mentira que la Megaminería generará progreso y desarrollo. Solo pobreza y contaminación es el resultado”, dice Mariela Silvestein, presidente de la ONG y de la campaña Basta Ya.
