La firma de un Memorando de Acuerdo entre las empresas Camyen (Catamarca Minera y Energética) y Yamana, que apunta a crear el Distrito Minero de Catamarca y establece bases para que ambas firmas trabajen asociadas en emprendimientos como Cerro Atajo y Agua Rica, no sólo es una buena señal por la continuidad de la actividad minera en Catamarca más allá de Bajo La Alumbrera, sino también por la vigencia de un modelo de explotación exitoso, que reporta al sector público beneficios mucho más importantes que las regalías a través de la participación en las utilidades del negocio, como ocurre precisamente con Alumbrera, donde YMAD -que el Estado catamarqueño integra con una participación del 60%- se queda con el 20% de lo obtenido. Para antes de fin de año se esperan que este memorando inicial fructifique en acuerdos más concretos para impulsar Cerro Atajo y Agua Rica. Yamana y Camyen dejaron abierta la posibilidad de integrar a otras firmas a los emprendimientos, con la vista puesta en YMAD.
El acuerdo entre Camyen y Yamana es el segundo golpe fuerte que el Gobierno asesta para consolidar una política minera diferenciada de sus antecesores. El primero fue el contrato entre Minera Alumbrera e YMAD para la explotación del yacimiento Bajo El Durazno, en el que se destacó que las utilidades para YMAD pasarán del 20% que tiene en Bajo La Alumbrera al 30%, lo que implica más renta para la Provincia. Hay que remontarse nada menos que 17 años, hasta la puesta en marcha de Alumbrera, para encontrar registros de acontecimientos de magnitud similar en la minería catamarqueña. En este caso, además, los convenios tienen la relevancia adicional de haberse sellado en un contexto minero nacional signado por la retracción de inversiones, muy distinto al que había en la primera mitad de los '90, cuando recién se sancionaba la ley nacional de Inversiones Mineras y la coyuntura para la megaminería era muy atractiva.
Pero en los 17 años que mediaron entre Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno y el acuerdo Camyen-Yamana no sólo variaron las condiciones económicas. También se extendió la decepción porque los millonarios recursos que la minería arrojó para el Estado, en concepto de regalías y utilidades, no se tradujeron en mayores horizontes de desarrollo para actividades alternativas. Por el contrario, se malversaron en electoralismo, corruptelas y gastos corrientes, con un crecimiento desmesurado de los planteles de la administración pública dada la mayor disponibilidad de fondos, con el resultado de un sector público elefantiásico e ineficaz, minero-dependiente hasta para el pago de los salarios. El caótico e irresponsable derroche de la renta minera abonó el campo para que cundiera la prédica de movimientos antimineros que obstaculizaron el desarrollo de la actividad. Tales antecedentes inducían pronósticos pesimistas. La inquietud mayor era por el colapso en que entraría el Estado cuando las regalías y utilidades de Bajo La Alumbrera dejaran de ingresar. Tampoco eran alentadoras las perspectivas de que el Estado pudiera volver a asociarse con los privados para lograr ganancias superiores a las regalías.
Con Bajo El Durazno y el acuerdo entre Camyen y Yamana, estos temores comienzan a disiparse. Catamarca continuaría recibiendo el aporte simultáneo de regalías y utilidades por la vigencia del modelo de asociación entre Estado e inversores privados. No es un dato menor. Resta definir la faceta de la inversión de la renta minera para blindarla a las tentaciones electoralistas, a través de la institucionalización de mecanismos claros que garanticen su destino y permitan multiplicarla en actividades productivas sustentables. La experiencia vivida con el producto de Bajo La Alumbrera es aleccionadora en este sentido, con un Estado cuya condición de casi exclusivo destino laboral se ha profundizado en 17 años en lugar de revertirse. Es el desafío no sólo de un Gobierno, sino de la sociedad.
