Con 32 miembros propios y 7 aliados tradicionales, el Frente para la Victoria conseguiría sin problemas el avance de la ley propuesta por el Ejecutivo, pese al rechazo del arco opositor.
A pesar del fuerte rechazo del arco opositor, el Frente para la Victoria tiene garantizada la aprobación de la Ley de Hidrocarburos en el Senado con al menos 39 votos, entre propios y aliados tradicionales, en la sesión que se llevará a cabo el próximo miércoles.
En la Cámara alta, el bloque oficialista cuenta con 32 miembros propios y 7 aliados tradicionales, que lo acompañan en todas las votaciones. Con esos votos, al oficialismo le bastaría para aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
En la vereda de enfrente, la oposición no cuenta con el número suficiente para rechazar la propuesta, aunque ya se expresaron en contra la UCR, el interbloque FAP-UNEN-CCARI, el Pro y el Peronismo Federal, durante el plenario de comisiones de esta semana.
En ese marco, los senadores opositores insistieron en que existe un avance de la Nación sobre las provincias petroleras, que verían afectadas las regalías que perciben por la actividad y que –sostienen- fueron “presionadas” para acordar el proyecto con el Ejecutivo.
Además, advierten que esas provincias verán recortadas sus facultades para negociar sus áreas hidrocarburíferas y que la Nación busca alzarse con la recaudación de la renegociación de los contratos de los yacimientos concesionados.
Asimismo, senadoras como la puntana Liliana Negre (Peronismo Federal) reclamaron hacer partícipes de las ganancias a las provincias no petroleras, mientras que la rionegrina Magdalena Odarda (CC-ARI) alertó sobre las consecuencias ambientales por habilitar el “fracking”.
El dirigente petrolero y presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Guillermo Pereyra (MPN) también adelantó su rechazo al sostener que “este es un proyecto que los gobernadores firmaron bajo fuerte presión”.
El senador explicó que no acompañó el dictamen de mayoría en comisión porque el oficialismo se negó a realizarle cambios al proyecto: proponía garantizar a las provincias como autoridad de aplicación y tomar como referencia el valor internacional del crudo para el cálculo de las regalías, entre otros aspectos. Su par del MPN Lucila Crexell, en tanto, definirá su voto la semana que viene.
El proyecto obtuvo dictamen favorable este miércoles en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Minería, Energía y Combustibles, donde fue defendido por funcionarios del Ejecutivo y gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
Cabe destacar que la en la propuesta oficial el Gobierno se propuso con la actualización de la ley petrolera actual es atraer nuevas inversiones para explotar el potencial no convencional del país y así poder subsanar los gastos en importación de combustibles por lo no producido.
Entre otros aspectos, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación.
La nueva norma habilitaría 25 años para los yacimientos convencionales, 35 años para los no convencionales y 30 años para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.
Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.
Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.
Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12 por ciento.
Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.
OFICIALISMO
Frente para la Victoria (32): Eduardo Aguilar; Hilda Aguirre; Walter Barrionuevo; Rolando Bermejo; Rosana Bertone; Inés Blas; Salvador Cabral; Julio Catalán Magni; Graciela de la Rosa; Liliana Fellner; Aníbal Fernández; María Cristina Fiore Viñuales; Marcelo Fuentes; Silvina García Larraburu; Sandra Giménez; Ruperto Godoy; Pablo González; Pedro Guastavino; Marcelo Guinle; Juan Manuel Irrazábal; Sidrid Kunath; María Esther Labado; María Laura Leguizamón; Teresita Luna; Sergio Mansilla; José Mayans; Daniel Pérsico; Miguel Pichetto; María Inés Pilatti Vergara; Marina Riofrío; Beatriz Rojkés; Rodolfo Urtubey.
ALIADOS TRADICIONALES
Frente Cívico por Santiago (2): Ada Itúrrez de Cappellini; Gerardo Zamora.
PJ La Pampa (1): María de los Ángeles Higonet.
Liberal de Corrientes (1): Josefina Meabe.
Frente de Todos (1): José María Roldán.
Federalismo Santafesino (1): Roxana Latorre.
Frente Popular (1): Gerardo Montenegro.
OPOSICION
UCR (11): Eugenio “Nito” Artaza; Marta Borello; Mario Cimadevilla; Silvia Elías de Pérez; Juan Carlos Marino; Alfredo Martínez; Laura Montero; Gerardo Morales; Luis Naidenoff; Ángel Rozas; Ernesto Sanz.
Interbloque FAP-UNEN-CCARI (6): Rubén Giustiniani; Luis Juez; Jaime Linares; Norma Morandini; Magdalena Odarda; Fernando “Pino” Solanas.
Peronismo Federal (4): Roberto Basualdo; Liliana Negre de Alonso; Adolfo Rodríguez Saá; Juan Carlos Romero.
Pro (2): Gabriela Michetti; Diego Santilli.
Frente Cívico y Social de Catamarca (2): Oscar Castillo, Blanca Monllau.
Trabajo y Dignidad (1): Graciela Di Perna.
Unión por Entre Ríos (1): Alfredo De Angeli.
PJ La Pampa (1): Carlos Verna.
Santa Fe Federal (1): Carlos Reutemann.
ALIADOS OCASIONALES
Movimiento Popular Neuquino (2): Lucila Crexell; Guillermo Pereyra*
Movimiento Popular Fueguino (1): Jorge Garramuño.
Frente Popular Riojano (1): Carlos Menem.
*Votará en contra.
En el Senado, el oficialismo tiene garantizada la aprobación de la Ley de Hidrocarburos para el próximo miércoles. El gremialista petrolero y presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Guillermo Pereyra (MPN) adelantó su rechazo al sostener que “no va a votar a libro cerrado”.
Si bien existe un fuerte rechazo del arco opositor, el Frente para la Victoria tiene garantizada la aprobación de la Ley de Hidrocarburos en el Senado con al menos 39 votos, entre propios y aliados tradicionales, en la sesión que se llevará a cabo el miércoles.
En la Cámara alta, el bloque kirchnerista cuenta con 32 miembros propios y 7 aliados tradicionales, que lo acompañan en todas las votaciones. Con esos votos, al oficialismo le bastaría para aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Por esta horas, la oposición no cuenta con el número suficiente para rechazar la propuesta, aunque ya se expresaron en contra la UCR, el interbloque FAP-UNEN-CCARI, el Pro y el Peronismo Federal, durante el plenario de comisiones de esta semana.
En ese marco, los senadores opositores insistieron en que existe un avance de la Nación sobre las provincias petroleras, que verían afectadas las regalías que perciben por la actividad y que –sostienen- fueron “presionadas” para acordar el proyecto con el Ejecutivo.
Además, advierten que esas provincias verán recortadas sus facultades para negociar sus áreas hidrocarburíferas y que la Nación busca alzarse con la recaudación de la renegociación de los contratos de los yacimientos concesionados.
El gremialista petrolero y presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Guillermo Pereyra (MPN) adelantó su rechazo al sostener que “no va a votar a libro cerrado”.
El senador explicó que no acompañó el dictamen de mayoría en comisión porque el oficialismo se negó a realizarle cambios al proyecto y que merece un debate con todas las provincias afectadas.
“No firmé el dictamen de comisión porque no estoy de acuerdo. Es una violación a la Constitución Nacional y a la Ley Corta”, sostuvo el senador, en diálogo con MDZ. Además sostuvo que “uno no puedo votar esto, que es un espanto y hecha a medida de YPF”.
El senador Aníbal Fernández, presidente de la comisión de Hacienda, una de las tres que participó del plenario donde se emitió despacho del proyecto de ley de hidrocarburos acordado con los gobernadores, aseguró que "la ley se va a aprobar el miércoles" al tiempo que evitó opinar sobre la postura de sus pares neuquinos Guillermo Pereyra y Lucila Crexell que no votaron el despacho de comisión.
Fernández fue acompañado por el gobernador Jorge Sapag, que asistió a la presentación y destacó el contenido del libro. El senador destacó que la ley que se busca modificar data de los `60, de un gobierno dictatorial.
En una conferencia de prensa que brindó ayer tras la presentación de su libro "Conducción Política. Así hablaba Juan Perón", el ex jefe de Gabinete defendió la modalidad de acuerdo del proyecto y no de ley convenio como marca el artículo 75, inciso 2° de la Constitución, porque "sería imposible: no se pueden reglamentar ni modificar, nos meteríamos en una camisa de once varas a las provincias".
A su vez, Fernández puso en tela de juicio a los ex secretarios de Energía, que criticaron el proyecto. Aludió a que en uno de sus libros los llama "las viudas de la secretaría de Energía, lo cual sigo planteando porque llenan de proyecciones y propuestas que nunca pudieron realizar cuando eran secretarios de Energía". Convocó a "hablar de cosas criteriosas y responsables" y sostuvo que "los gobernadores se focalizaron en seis puntos que son contundentes, dividir las explotaciones en función de los yacimientos, definir la estructura de las regalías con aportes de la industrias y del Estado nacional, estructura tributaria y fiscal más o menos homogéneas, que las adjudicaciones sean por licitación, la posibilidad de promocionar la existencia de lugares macroimportantes y el último el de la asociación de empresas públicas".
