El juez estadounidense Thomas Griesa ordenó a la Argentina reponer al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario en el pago de la deuda externa en litigio y remover al Nación Fideicomisos de ese rol.
La orden aclaratoria, que se tomó la semana pasada, complementa la decisión del magistrado de declarar a la Argentina en desacato por no cancelar su deuda con los fondos buitre mientras le paga a los bonistas reestructurados.
Según esa orden, Argentina debe “confirmar al BoNY como agente fiduciario” y “terminar con Nación Fideicomisos o cualquier otra entidad que haya sido designada como fideicomisaria para los bonos”.
El Gobierno intimó al BoNY para que renuncie a ser agente fiduciario y transfiera al Nación Fideicomisos los US$ 539 millones que se le habían depositado para pagar el último vencimiento de deuda, que finalmente cayó en default.
Con la remoción del BoNY como agente fiduciario y el cambio de jurisdicción de pago, la presidenta Cristina Kirchner busca sortear el fallo de Griesa que frenó el pago a los bonistas de los últimos dos canjes hasta que se acuerde con los buitres.
Por Rafael Mathus Ruiz.
La Argentina deberá reparar las relaciones con el Bank of New York Mellon (BoNY), quitarle la autorización a Nación Fideicomisos para actuar como agente de pagos de la deuda y pagarles a los fondos buitre para salir del desacato.
Éstas son las tres condiciones que fijó el juez de Nueva York Thomas Griesa en una nueva orden judicial, que amplía la del pasado 29 de septiembre, en la que declaró al país en desacato civil por intentar eludir el mandato que le impide a la Argentina afrontar pagos de la deuda a través del BoNY si no les paga a los fondos NML, Aurelius Capital, Blue Angel y los 13 ahorristas argentinos la sentencia que tienen a su favor.
La orden, que fue sumada al expediente del caso argentino el viernes pasado, implica en los hechos que el Gobierno debe dar marcha atrás con la ley de pago soberano, el andamiaje diseñado por el Ministerio de Economía para intentar mover los pagos de la deuda de Nueva York a Buenos Aires.
Griesa sugiere allí que podría establecer más condiciones para levantar el desacato. El juez no ha impuesto aún sanciones al país.
"La República Argentina tendrá que revertir totalmente los pasos que haya adoptado que constituyen el desacato", señaló Griesa.
DIFERENCIAS
La nueva orden del juez dejó al descubierto una vez más las diferencias que existen entre la justicia de Estados Unidos y el gobierno nacional respecto de qué puede y qué no puede hacer la Argentina para intentar salir del "default selectivo" en el que cayó el país a fines de julio pasado.
Los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que representan a la Argentina, Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi, indicaron en un escrito presentado a Griesa que el derecho internacional concibe a los países soberanos como "pares e iguales". "Las leyes de otro Estado, por tanto, se aplican a un soberano sólo en la medida del consentimiento del soberano. Aquí, la República no dio su consentimiento para someter sus actos soberanos, incluyendo su gestión interna y las relaciones con terceros a los ataques de los acreedores en las disputas comerciales en los Estados Unidos", señala el escrito.
Ante la Corte Internacional de La Haya, la Argentina ha sostenido que Estados Unidos ha violado inmunidades y la soberanía del país debido a las órdenes de Griesa, respaldadas por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, y que quedaron en firme luego de que la Corte Suprema desistiera de tomar el caso.
Uno de los argumentos principales de la justicia de Estados Unidos ha sido que la Argentina renunció a la inmunidad soberana en los contratos de los títulos públicos al someterse a la jurisdicción de los tribunales norteamericanos.
Éste fue, de hecho, uno de los argumentos que esgrimió Robert Cohen, principal abogado de NML, en su respuesta a la presentación que hicieron los abogados de la Argentina contra el pedido de desacato de los demandantes.
"La Corte Suprema afirmó que el tribunal de distrito retiene sus poderes tradicionales sobre los soberanos que han dado su consentimiento a la jurisdicción de los tribunales norteamericanos. La Argentina indiscutiblemente ha dado su consentimiento a dicha jurisdicción aquí y, por lo tanto, este tribunal tiene claramente la autoridad de declararla en desacato por su repetido y flagrante desprecio de las órdenes del tribunal", señalaron.
Los próximos pasos que se esperan de Griesa son la definición final sobre los bonos en dólares gobernados por la ley argentina, actualmente en un limbo legal, y las eventuales sanciones contra el país por el desacato.
En 2012 Griesa falló en contra de la Argentina por la cláusula pari passu, al darle la razón a un grupo de fondos buitre y de inversores minoristas, por lo que condenó al Gobierno a pagar US$ 1330 millones más intereses. Se trató del primer fallo en firme en favor de los holdouts y aún resta saber si en enero, cuando venza la cláusula RUFO, el Gobierno pagará o no.
LAS CONDICIONES DEL JUEZ
El juez Griesa dijo en una orden que si la Argentina quiere salir del desacato debe sacar a Nación Fideicomisos como agente de pago de la deuda. A su vez, dijo que deben remontar su relación con el BONY.
"La República Argentina tendrá que revertir totalmente los pasos que haya adoptado que constituyen el desacato", expresó el magistrado.
La orden, que fue sumada al expediente del caso argentino el viernes, implica en los hechos dar marcha atrás con la ley de pago soberano.
CONFIRMARON LAS TASAS MÍNIMAS PARA PLAZOS FIJOS
El Banco Central oficializó ayer las tasas de interés mínimas para los plazos fijos que comenzarán a regir mañana, con un 22,89% anual para las colocaciones de 30 a 44 días. El detalle de las tasas fue informado en la Comunicación A 5640 de la autoridad monetaria, en la que se informó también que todos los meses se publicará una "tasa de interés pasiva de referencia", sobre la base de la que se calcularán las tasas de los diferentes plazos. Esa tasa será de 26,31% en octubre.
En los plazos fijos de 45 a 59 días, el coeficiente será de 0,89, con lo que la tasa vigente en octubre será de 23,41 por ciento. Para plazos de 60 días o más, el coeficiente es de 0,93 y en consecuencia la tasa vigente en octubre para este caso será de 24,46 por ciento.
Por Silvia Pisani.
Cuando se incorpore a la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya delibera en esta ciudad, el ministro Axel Kicillof podrá sentirse, de alguna manera, entre amigos.
El organismo que preside Christine Lagarde emitió ayer un documento crítico hacia los efectos nocivos que las decisiones del juez Thomas Griesa pueden tener en los procesos de deuda. "Hay que limitar la incertidumbre" derivada de litigios de esa naturaleza, advierte.
Por eso, el texto recomienda medidas para limitar el poder que hoy tienen los llamados fondos buitre, de modo que la fórmula que el juez aplicó contra la Argentina "no se repita" con otros países en el futuro.
Se trata de sugerencias para incorporar en los nuevos contratos de deuda, que chocan con las interpretaciones que hizo Griesa y que, en cierto modo, toman distancia también del camino elegido por el gobierno de Cristina Kirchner al apelar a las Naciones Unidas (ONU).
Los fallos como el de Nueva York pueden "exacerbar" los problemas de renegociación de deuda soberana, diagnostica el Fondo. Propone para eso modificaciones de contrato que permitan corregir "las carencias que hoy tiene el sistema" y que fueron evidentes en el caso argentino, por el que se muestra "muy preocupado".
El documento reseña que "acontecimientos recientes, incluyendo el litigio argentino, han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del marco jurídico actual", que "no es lo suficientemente robusto" como para resistir el embate de fondos como el de Paul Singer, capaces de poner en riesgo todo un proceso de renegociación de deuda.
El texto apunta directamente a los efectos del fallo del juez Thomas Griesa. Su resolución "puede exacerbar los problemas de acción colectiva", advierte, en una explícita referencia a las demandas judiciales que abren los llamados fondos buitre.
Esa caracterización de los demandantes como aves de rapiña, sin embargo, no aparece ni una sola vez en el documento de 48 páginas.
Titulado "Fortalecimiento del marco contractual para abordar los problemas de acción colectiva en la reestructuración de la deuda soberana", el trabajo toma los efectos del caso argentino como una advertencia para el futuro.
"Estamos muy preocupados por el caso argentino" y lo seguimos de cerca, dijo Sean Hagan, director legal y consejero del organismo, al ser consultado por LA NACION en la rueda de prensa con la que presentó el texto. Sin embargo, el experto no pudo precisar cuál es el impacto real del caso en la actualidad. "Sabemos que tenemos que preocuparnos. Lo que no sabemos aún es qué tipo de preocupación será", dijo, al reconocer que aún no se ha visto un efecto de repetición.
El enfoque que hace el FMI del problema dista, sin embargo, del que promovió el gobierno de Cristina Kirchner con su apelación a las Naciones Unidas (ONU) para procurar allí la redacción de un nuevo marco legal para la renegociación de deuda soberana.
"Es un paso histórico", dijo el canciller Héctor Timerman, el pasado 9 de septiembre, cuando se aprobó la idea. Hagel, sin embargo, reconoció que no miraron allí para su propuesta correctora. "Nos hemos guiado más pensando en algo que puede ser valorado y aceptado por el mercado. Y el mercado no piensa tanto en convenciones", explicó el experto.
Por eso el documento apuntó su mirada en posibles modificaciones en la redacción de los contratos de deuda. "Es una idea que ya se está aceptando", comentó, en referencia a que algunos gobiernos asiáticos ya incorporaron esos conceptos en la redacción de bonos soberanos.
Yendo al detalle, las reformas que propone se basan en dos cláusulas fundamentales en esos procesos. La de acción colectiva y la de pari passu (tratamiento igualitario), que -con su particular interpretación de sentido- fue la que utilizó Griesa para condenar a la Argentina a favor de los fondos buitre.
En ese punto, el Fondo sale al choque de la interpretación que hizo el magistrado neoyorquino.
La reforma que propone el organismo de Christine Lagarde afirma que, a diferencia de lo que entiende Griesa, la cláusula de pari passu no significa la obligación de hacer pagos prorrateados a todos los acreedores. Eso fue lo que llevó al magistrado a fallar que "si no cobran" los holdouts, "no cobra nadie".
A diferencia de eso, el Fondo entiende que la cláusula de tratamiento igualitario debe interpretarse como que todos los acreedores tienen "el mismo tratamiento legal".
De lo que se infiere que, lejos de darles más poder a los holdouts, lo que se busca es "prohibir" que ejecuten acciones legales como las que, en este momento, ponen en peligro el derecho al cobro de los bonistas que sí aceptaron la reestructuración de deuda.
La otra cláusula que se busca modificar es la de acción colectiva. Lo que busca el Fondo es la creación de una "mayoría calificada" de acreedores capaz de imponer criterio al conjunto.
Dicho de otro modo: permitir que si el 75 por ciento de los acreedores acepta condiciones de renegociación de deuda, ese criterio se haga extensivo a la totalidad y limite los derechos a posteriores demandas de quienes hoy quedan afuera para litigar.
"Apoyamos estas reformas para hacer frente a las debilidades" que hoy tiene el sistema y que han quedado patentes en el caso argentino, sostuvo el FMI en su diagnóstico.
La asamblea del organismo entrará hoy en plena actividad, con la difusión de su informe económico (WEO, por su sigla en inglés). En él se advertirá, una vez más, sobre las estadísticas que le valieron una advertencia a la Argentina, aún vigente. Pero en materia de deuda y puja con los buitres, pocas veces se habrá encontrado aquí tanto apoyo como en esta ocasión.
UN DOCUMENTO QUE FIJA POSICIÓN
La titular del FMI, Christine Lagarde, suscribió el texto del FMI
Advertencia
El directorio del FMI admitió que las recientes decisiones de los tribunales de Nueva York respecto de la Argentina podrían exacerbar los problemas derivados de las acciones colectivas. Sin embargo, la mayoría del FMI sostuvo que "aún se desconoce el grado de ese impacto".
Apoyo
El directorio celebró las modificaciones que se hicieron en algunos contratos de renegociación de deuda para excluir la obligación de pagos prorrateados (como los que el juez Griesa impuso a la Argentina).
Complicaciones
Para el FMI, el fallo (del juez Griesa) que obliga a la Argentina a hacer pagos prorrateados e impedir que cobren quienes renegociaron su deuda hasta que cobren los holdouts podría exacerbar los problemas de acción colectiva, complicando los procesos de reestructuración de deuda.
Eventual solución
Para limitar el impacto de esas decisiones, existe creciente consenso entre el sector oficial y el mercado para modificar la cláusula de pari passu en los contratos soberanos, dijo el FMI.
CANCILLERÍA ELOGIÓ EL GIRO DEL FONDO
El Gobierno expresó ayer que tomó nota del informe del FMI vinculado a las deudas soberanas y remarcó que "es importante" que esa entidad "haya dado un paso adelante en el reconocimiento y búsqueda de una solución adecuada". Por medio de un comunicado, la Cancillería recordó al FMI que "el gobierno argentino ha dicho en reiteradas oportunidades que hay fallas sistémicas y decisiones judiciales de imposible cumplimiento que permiten a pequeños grupos de financistas denominados fondos buitre impedir que los Estados determinen libremente la resolución de su deuda soberana". A su vez, la Cancillería destacó el documento del FMI en línea con el voto de la Asamblea General de la ONU que instó a establecer un marco legal para las reestructuraciones de deudas..
