Por Gustavo Ybarra.
El oficialismo se dispone a aprobar esta semana en el Senado el proyecto de ley de hidrocarburos, iniciativa que impulsa la administración de Cristina Kirchner con el argumento de que permitirá al país alcanzar el autoabastecimiento energético y que la oposición rechaza por considerar que le permitirá al Gobierno hacer caja con la renegociación de áreas antes de abandonar el poder.
A pesar de que casi todas las bancadas opositoras han manifestado que votarán en contra y que impulsarán iniciativas alternativas, el kirchnerismo tendría asegurados los votos para imponerse en la sesión especial convocada para pasado mañana.
Tras una larga pulseada de casi cuatro meses con las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), el Poder Ejecutivo logró alinear a los mandatarios del grupo, que concurrieron a la Cámara alta en masa a respaldar la iniciativa el martes de la semana pasada.
La oposición sostiene que ese apoyo se alcanzó por el "apriete" y la "extorsión" del Poder Ejecutivo, que los amenazó con asfixiarlos financieramente a partir de negarles la renegociación de sus deudas públicas.
Sólo así, sostienen, se entiende que los mandatarios respalden un proyecto que limitará al 12% (que puede llegar al 18% en una segunda extensión de la concesión) el ingreso por regalías. El oficialismo sostiene que ese "techo" a lo que podrán percibir los Estados productores de gas y petróleo por la extracción de recursos de sus subsuelos es el nivel adecuado para atraer inversiones.
Éste fue el discurso con el que también fueron al Senado el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; la secretaria de Energía, Mariana Matranga, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, los funcionarios también hicieron hincapié en que este proyecto es la herramienta que necesita el país para alcanzar el autoabastecimiento energético, destacando el rol fundamental que tendrá para obtener esa meta el desarrollo del yacimiento de gas y petróleo no convencionales de Vaca Muerta (Neuquén). La misma expectativa puso en esa explotación el presidente de YPF, Miguel Galuccio. que expuso ante las mismas comisiones el miércoles último.
PUNTOS CONFLICTIVOS
Sin embargo, las exposiciones de los funcionarios no conformaron a la oposición. Además del límite a las regalías, la UCR, el PJ disidente, el FAP-UNEN y Pro dejaron escuchar cuestionamientos por las amplias facultades que el proyecto delega en la Secretaría de Energía, violentando las autonomías provinciales al imponerles un contrato tipo para la concesión de áreas sin la previa autorización de las legislaturas locales.
Otro punto crítico está relacionado con la explotación de hidrocarburos no convencionales. En este caso, se cuestiona el uso del método de la fractura hidráulica (fracking), por su riesgo ambiental, y el hecho de que se permita dar concesiones por 35 años, plausibles de ser extendidas por 10 años más, es decir, por dos generaciones de argentinos.
Por Martín Bidegaray.
La nueva ley de Hidrocarburos podría tener esta semana media sanción en el Senado. Ya hubo algunas modificaciones de último momento que provocaron conflictos. Cinco expertos cuestionan el espíritu del texto por distintos motivos. Aquí, una lista de las 10 principales objeciones: 1 Da derechos “a perpetuidad”.
“Las nuevas concesiones son de 35 años, con una prórroga por otros 10.
Son 45 años. Los que tienen los yacimientos se pueden quedar hasta 2065. Se está definiendo la política energética para las próximas dos generaciones”, dice Daniel Montamat, ex secretario de Energía. En EE.UU., las concesiones son de 5 a 10 años de plazo, aunque existen cláusulas de extensión. Si es un “ sweet spot ” (yacimientos de alto rendimiento), el contrato es de 1 a 3 años. Por ello, parecen excesivas las concesiones a 35 años”, detalla Fernando Rodríguez, analista del Departamento de Energía de EE.UU.
2 Anula la discusión sobre regalías “Se determina un nivel de regalías uniforme (de 12%, 15% y 18% según el plazo), cuando se está legislando sobre distintas cuencas y recursos. Quizás haya cuencas que tienen que pagar una regalía del 5% por la calidad de sus recursos y otras que tengan que pagar 50%. Es una discusión que debe darse caso por caso ”, explica Jorge Lapeña, también ex secretario de Energía. “Son bienes públicos sobre los que no vamos a tener certeza”, critica. En EE.UU., el gobierno nacional cobra 12,5% de regalías. Pero Texas –mayor productor del país– exije entre 20 y 25%. El porcentaje promedio nacional que se paga en EE.UU. en regalías es del 18,75%”, agrega Rodríguez.
3 No atrae nuevos jugadores “Faltan mejoras específicas, referidas a mayores precios para el petróleo, menores costos internos, importaciones libres, acceso al mercado de cambios y un régimen de amortización que estimule las inversiones”, opina el consultor Daniel Gerold. “La extensión de concesiones es mejor tenerla que no tenerla, pero los inversores internacionales miran más los aspectos macroeconómicos”, expresa.
4 Invade la jurisdicción provincial “Otorga a una comisión creada por el Poder Ejecutivo (por el decreto 1277) facultades que son de las autoridades concedentes (las provincias)”, marca Montamat. “Lo misma pasa con el ‘bonus’ (un adicional cuando se renuevan contratos). Se parametrizó un 2% de bonus cuando se tendría que haber establecido una fórmula polinómica, para que cada provincia pudiera manejar ese “bonus”, reprende Montamat 5 Genera más “Chevron” “Un área como la otorgada a Chevron tiene 400 km2. Es grandísima. Se están invirtiendo US$ 2.000 millones en 20 km2. Si esta prueba es factible, se van a necesitar US$ 16.000 millones. Nuestra empresa de bandera (YPF) vale US$ 10.000 millones”, ironizó Lapeña en el Senado sobre la dependencia que YPF estableció con socios extranjeros para estos desembolsos. “Se vienen Chevron 2, Chevron 3. Ni la Nación ni las provincias podrán participar en contratos secretos”, se distancia Montamat.
6 Restringe la competencia Pone a YPF como principal actor del mercado, restringiendo la competencia. “La ley consolida al actor más grande hacia el futuro. Esto puede dificultar el ingreso de nuevas compañías”, examina Gerold. “Le dará más control a YPF convirtiéndola potencialmente en una Pemex, Petrobras o PDVSA: tres empresas que atentan contra la competencia dado su monopolio del upstream (producción) y downstream (refinación), son mal gerenciadas y están endeudadas”, puntualiza Rodríguez, en un texto que realizó con José Brillo, ex diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino que asesora al senador Guillermo Pereyra.
7 Descuida el crudo convencional Por la producción convencional pasa el déficit energético. “La producción de petróleo está en su peor nivel desde 1998 y la de gas, desde 2004. “El 97% de los yacimientos convencionales están subexplotados”, dice Montamat.
8 Faltó debate Los cambios en la legislación hidrocarburífera en Brasil y México fueron resultados del acuerdo entre el oficialismo y la oposición. “Aquí es entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores. Un cambio de esta naturaleza requiere de mayor debate, no que se trate en dos jornadas”, analizó Lapeña.
9 Más política que negocios Salvo Petronas, que está próxima a firmar por YPF, ninguno de los especialistas conoce acuerdos “inminentes” para el ingreso a Vaca Muerta por la sanción de esta ley. Se habla de un supuesto interés por parte de capitales rusos, pero eso tendría más que ver con un acercamiento entre los presidentes (Cristina Kirchner y Vladimir Putin, de Rusia) que por cuestiones de negocios.
10 Falta el voto de las legislaturas La ley tiene que ser refrendada por los Poderes Legislativos de las distintas provincias involucradas. Se presagia que los debates serán muy arduos. “Se convertirá en un tema de campaña que los opositores tratarán de usar contra los gobernadores”, retrata Gerold. “Los anexos –con los detalles– los deben debatir los legisladores provinciales”, admitió Marcelo Guinle, senador nacional de Chubut por el Frente para la Victoria.
Clarín. Por Martín Bidegaray.
El dictamen de la mayoría en el Senado por la nueva ley de hidrocarburos –que se tratará el miércoles en el recinto– vino con algunas sorpresas con respecto al texto original enviado por el Poder Ejecutivo. Por un lado, se eliminó una actualización en los montos que iban a recibir las provincias cuando conceden áreas para exploración, algo que era muy esperado en el interior. Por el otro, también se modificó la definición de yacimiento “offshore”, una medida que podría beneficiar a Pan American Energy (PAE), el principal productor en Chubut.
Cuando una petrolera pide permiso para iniciar una exploración en una provincia, debe pagar un canon. Los cambios en la ley establecían que los valores de ese canon serían “actualizados por la Secretaría de Energía en forma anual en función de la variación registrada por el valor del petróleo crudo tipo Brent durante dicho período”. Eso implicaba que las provincias se aseguraban un ingreso con actualización anual, atado a la cotización internacional (y a la variación del peso frente al dólar), en una fórmula que podían calcular y que les permitía hasta diez veces más ingresos que ahora.
Las características de ese canon desaparecieron en el dictamen que sacó la mayoría del Senado. El cambio enojó a los gobernadores y senadores de provincias petroleras. La modificación fue decidida por el ala política del Gobierno y no por los técnicos que trabajaron en el proyecto, explicaron conocedores de la situación.
El canon se abona en función de los kilómetros cuadrados del área concesionada. La ley vigente dice que es la Secretaría de Energía la que determina ese monto. La última actualización que hizo ese organismo fue en 2007, a través de un decreto (1454). Daba alrededor de $ 70 por kilómetro cuadrado a valores actuales. Con la nueva ley, las provincias podrían cobrar –al tipo de cambio actual y la cotización del Brent de estos días– alrededor de $ 250 por kilómetro cuadrado durante un primer plazo (tres años en yacimientos convencionales, cuatro en shale) y $ 1.000 por kilómetro cuadrado si hay una extensión (también tres en convencional y cuatro en shale).
La ley actual establece que un concesionario (la empresa) debe entregar el 50% del área que está explorando después de los primeros cuatro años. La modificación implica que puede quedarse más tiempo, pero pagar cuatro veces más (en valores actuales, de $ 250 a $ 1.000). Eso implica que las compañías deben apurarse para invertir para pagar menos canon.
La otra modificación está en la definición de yacimientos “offshore”. Las compañías pueden girar hasta un 60% de las utilidades que obtienen de esos pozos fuera del país. Marcelo Guinle, senador del FPV de Chubut, logró que se considere como “offshore” a “locaciones mar adentro a partir de la línea de la costa”. En el texto original, se decía que eran pozos a 90 metros de la costa. La modificación beneficia PAE, que posee yacimientos de ese tipo en Chubut.
El senador Miguel Pichetto (FpV-Río Negro) está convencido de que el país necesita atraer inversiones en materia de explotación de hidrocarburos y defiende con énfasis el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo y que la Cámara alta se dispone a tratar este miércoles. "El futuro de la Argentina está en Vaca Muerta", afirmó el jefe de la bancada oficialista del Senado en una entrevista con LA NACION, en la que rechazó las críticas de la oposición al proyecto, defendió el tope a las regalías que podrán reclamar las provincias por el usufructo de sus subsuelos y el uso de la fractura hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos no convencionales.
-¿Por qué este proyecto llevará al país al autoabastecimiento energético?
-Porque cambia un eje central de la política de hidrocarburos, que es la apuesta a la inversión. Cuando uno tiene que analizar una oferta de una empresa que tiene que explotar un área, es mucho más importante el proyecto de inversión que el bono que el Estado provincial va a cobrar. Muchas veces, provincias que son ricas en su naturaleza, que tienen petróleo y tienen gas, son estados que han estado desfinanciados o mal administrados y resuelven problemas de caja cobrando el bono sin importarle mucho la mecánica ni el proceso de inversión
-¿El tope a las regalías no perjudica a las provincias?
-Lo que se está tratando de hacer es fijar reglas comunes, un pliego común para el proceso de licitación. El tope de 12%, que puede extenderse a 18% con las prórrogas de las concesiones, es central porque sirve para alentar las inversiones. Si uno pide regalías por encima de ese porcentaje, las empresas importantes no van a venir.
-La oposición objeta que el proyecto habilite el fracking.
-El futuro de la Argentina está en Vaca Muerta. El sistema de fractura es el que va a garantizar el autoabastecimiento del país en materia de gas y de petróleo. Hay que hacerlo con cuidado de la preservación del medio ambiente, pero es imprescindible ponerlo en marcha. Acá estamos discutiendo si queremos una Argentina desarrollada o si nos quedamos atrapados en el discurso ambiental. Toda inversión tiene que tener un desarrollo sustentable, pero es impensable que exista un país que tenga recursos naturales y no los explote.
-La senadora Odarda asegura que el fracking afectará la fruticultura de Río Negro.
-No digo que sea mentira, pero no comparto esa mirada. La fruticultura y el petróleo, que están ubicados en la zona del Alto Valle oeste, pueden convivir. Además, el 95% del agua del río Negro se va al mar. No va a afectar para nada.
-La UCR dijo que los gobernadores de provincias petroleras cedieron al chantaje del Poder Ejecutivo.
-No me parece. Eso sería degradar la figura de los gobernadores. Hubo una discusión, un debate de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) con el Estado nacional, hubo distintos textos del proyecto que se cruzaron y el resultado es este proyecto.
-La oposición también dijo que el Gobierno busca hacer caja con las renegociaciones en su último año de gobierno.
-El Gobierno no puede hacer ninguna caja con ninguna renegociación porque esos recursos están en cabezas de las provincias, que son las dueñas del área, y si hay negociación del área y cobran el bono, el bono ingresa a las arcas de las provincias. Por lo tanto eso es una mentira, es falso ese argumento..
La Nación
Al igual que Miguel Pichetto, la senadora Magdalena Odarda (Coalición Cívica) no nació en Río Negro, pero reside en la ciudad de Sierra Grande. Sin embargo, y a pesar de que estuvo a punto de trabajar en su estudio de abogados, la política la ubicó en las antípodas del jefe de la bancada oficialista de la Cámara alta.Estas diferencias también se reflejan en el proyecto de ley de hidrocarburos, que para Odarda avasalla las autonomías provinciales, favorece la concentración oligopólica en el mercado energético y es de corte "neoliberal menemista".
La legisladora del FAP-UNEN sostuvo, además, que el Gobierno extorsionó a las provincias para que apoyasen la iniciativa. "La presión fue evidente", sentenció en diálogo con LA NACION.
-¿Por qué rechaza el proyecto de hidrocarburos del Gobierno?
-Porque sienta las condiciones de la entrega de nuestros bienes naturales. Vengo de la región patagónica, donde las tierras en que se desarrolla la explotación de Vaca Muerta pertenecen a comunidades indígenas y la ley no dice nada que reconozca los derechos del pueblo mapuche a ser consultado.
-También se opone al fracking.
-El fracking está suspendido o prohibido en más de 17 países del mundo por su alto impacto y los accidentes ambientales que ha provocado. Tampoco existe previsión ambiental para las explotaciones offshore ante eventuales accidentes por derrame de petróleo en el mar, como ocurrió en el Golfo de México.
-¿Por qué el proyecto avasalla las autonomías provinciales?
-En el caso de Río Negro, la Constitución dice que los contratos de explotación de hidrocarburos deben pasar por la Legislatura. Pero no van a pasar porque la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía de la Nación, a la que se le delegan muchas competencias provinciales.
-¿Cómo afecta a las provincias el límite en las regalías?
-Hay países que reconocen hasta el 50% de regalías, otros lo hacen en menor medida, pero ninguno las fija en 12%. Entonces, entregar nuestros bienes naturales, poniendo en riesgo nuestro ecosistema, por una renta tan insuficiente deja a las claras que esto no responde al bienestar del Estado ni de la población, sino a las urgencias del sector privado. De ninguna manera esto tiene que ver con la política energética.
-¿Dice que el proyecto beneficia a las empresas?
-Las beneficia en función de la renta que les otorga y de los años que les da en extensiones de las concesiones sin que quede claro cómo las provincias van a controlar los contratos. Además, no establece límites a cantidad de concesiones y eso favorece los oligopolios. Un gobierno que se dice en contra de las corporaciones en este caso favorece la formación de corporaciones.
-¿Hubo presiones del Ejecutivo a los gobernadores?
-Río Negro fue una de las provincias discriminadas al momento de la convocatoria a la renegociación de su deuda pública por el hecho de que el gobernador manifestó observaciones o diferencias con esta ley. La lógica era: "No firmás, no renegociamos la deuda y te descuento 31 millones mensuales de coparticipación". Ante esta incertidumbre y esta zozobra, los gobernadores tuvieron que firmar. La presión fue evidente.
-El Gobierno dice que esta ley dará seguridad jurídica.
-El Gobierno confunde el concepto de seguridad jurídica con el de entrega lisa y llana. Este proyecto es de neto corte neoliberal menemista, está confeccionado a la medida de lo que quiere el sector privado..
Las compañías que inviertan en proyectos para buscar petróleo en el mar (offshore) en la Argentina podrán girar hasta 60% de sus ganancias al exterior tras el tercer año de producción, según la nueva ley de Hidrocarburos impulsada por el oficialismo.
Así se desprende de la quinta reformulación del artículo 19 del proyecto de ley negociado hasta último minuto del miércoles por legisladores kirchneristas, de la oposición, gobernadores de la Ofephi y petroleros con intereses en firmas extranjeras.
La situación mejora el horizonte a las empresas extranjeras que pretenden invertir en proyectos hidrocarburíferos en el país y por ahora se ven impedidas de girar utilidades por el cepo cambiario que el Gobierno les impuso en octubre de 2011.
El proyecto también le otorga carácter de ley al decreto 929/2013 -de naturaleza reglamentaria-, firmado pocos días antes del acuerdo entre YPF y Chevron, que habilitó la repatriación del 20% de las ganancias generadas por un proyecto de inversión después del quinto año de producción.
Beneficios.
La iniciativa también le redujo el umbral de la inversión necesaria para acceder a los beneficios dado que hasta el momento las compañías deben invertir al menos 1.000 millones de dólares en cinco años y la nueva normativa bajará la obligación hasta los 250 millones de dólares.
El texto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso para su tratamiento y aprobación estipulaba que para acceder a los incentivos que prevé el régimen de promoción 'offshore', los pozos en el mar deberían que tener al menos 90 metros de profundidad entre el lecho marino y la superficie.
Pero las negociaciones de última hora en el Senado mejoraron esa determinación a favor de las empresas: la iniciativa que recibió el dictamen define como concesión ´offshore´ a toda la explotación hidrocarburífera más allá de la línea de costa, sin precisar distancias ni profundidad.
Cambios.
El kirchnerismo aceptó ceder a los cambios promovidos por el gobernador de Chubut y presidente de la Ofephi, Martín Buzzi, atento a la fuerte necesidad de dólares que sufre la Argentina para pagar sus importaciones de energía hasta tanto no se logre el tan anhelado autoabastecimiento.
Tras lograr el dictamen para el proyecto de reforma de la ley de Hidrocarburos luego de dos días de debate en un plenario de comisiones, el oficialismo someterá la iniciativa a votación en el recinto el próximo miércoles 8 de octubre.
El proyecto de Ley de Hidrocarburos contempla que las empresas que busquen petróleo en el mar podrán girar al exterior hasta 60% de sus ganancias.
Las compañías que inviertan en proyectos para buscar petróleo en el mar (offshore) en la Argentina podrán girar hasta 60% de sus ganancias al exterior tras el tercer año de producción, según la nueva ley de Hidrocarburos impulsada por el oficialismo.
Así se desprende de la quinta reformulación del artículo 19 del proyecto de ley negociado hasta último minuto del miércoles por legisladores kirchneristas, de la oposición, gobernadores de la Ofephi y petroleros con intereses en firmas extranjeras.
La situación mejora el horizonte a las empresas extranjeras que pretenden invertir en proyectos hidrocarburíferos en el país y por ahora se ven impedidas de girar utilidades por el cepo cambiario que el Gobierno les impuso en octubre de 2011.
El proyecto también le otorga carácter de ley al decreto 929/2013 -de naturaleza reglamentaria-, firmado pocos días antes del acuerdo entre YPF y Chevron, que habilitó la repatriación del 20% de las ganancias generadas por un proyecto de inversión después del quinto año de producción. La iniciativa también le redujo el umbral de la inversión necesaria para acceder a los beneficios dado que hasta el momento las compañías deben invertir al menos 1.000 millones de dólares en cinco años y la nueva normativa bajará la obligación hasta los 250 millones de dólares.
El texto que la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso para su tratamiento y aprobación estipulaba que para acceder a los incentivos que prevé el régimen de promoción ´offshore´, los pozos en el mar deberían que tener al menos 90 metros de profundidad entre el lecho marino y la superficie. Pero las negociaciones de última hora en el Senado mejoraron esa determinación a favor de las empresas: la iniciativa que recibió el dictamen define como concesión ´offshore´ a toda la explotación hidrocarburífera más allá de la línea de costa, sin precisar distancias ni profundidad.
A quiénes beneficia
En Chubut analizan que la enmienda favorecerá la perforación de pozos exploratorios frente a las costas de Comodoro Rivadavia a fin de evaluar la continuidad en el mar de Cerro Dragón, el mayor yacimiento petrolífero del país.
Según el diario El Patagónico, el plan de PAE es colocar pozos someros –de poca profundidad- en el agua para explorar la productividad del área ´offshore´ la cuenca del Golfo San Jorge, algo que va en línea con lo propuesto por Buzzi, quien en el Senado señaló que "un 35% de la superficie de la cuenca se extiende en el mar, por lo que debemos promover su exploración".
El nuevo texto del artículo 19 favorecerá también al proyecto Vega Pléyade, operado por la francesa Total en asociación con PAE y la alemana Wintershall, en el mar del sur de Tierra del Fuego. El consorcio conformado por las tres compañías está invirtiendo cerca de 1.200 millones de dólares para poner en producción un yacimiento off shore eminentemente gasífero que, dentro de dos años, podría aportar por si sólo casi un 5% de la oferta nacional del fluido.
Después del tercer año de producción, las empresas podrán repatriar –según el texto de ley- hasta un 60 por ciento de las utilidades que obtengan por la venta de esos hidrocarburos.
Lejos de la concordia que se auguraba, el debate en comisiones del Senado del proyecto de reforma de ley de hidrocarburos volvió a desatar tensiones. Si bien los trazos gruesos quedaron acordados, hay puntos en la lectura fina de los artículos que levantaron polémica. Y tanto desde la Casa Rosada como desde YPF se mostraron más bien renuentes a hacer modificaciones, por más cosméticas que se fueran.
La consecuencia política más notoria del rápido debate en comisiones fue que ninguno de los legisladores emepenistas, el petrolero Guillermo Pereyra y Lucila Crexell, firmó el dictamen. El primero, motivado más en razones políticas y electorales; la segunda, enojada porque ninguna de sus propuestas, ni siquiera aquellas que eran de forma, fueron incorporadas a ese texto.
El problema central del proyecto que tratará el Senado son las dobles interpretaciones que dejan algunas oraciones por su alto grado de ambigüedad. Hay varios casos, pero es uno específicamente el que más preocupa a la Provincia: las prórrogas.
El artículo 9° del proyecto, que regula los nuevos plazos de explotación, dice que "los titulares de las concesiones, siempre que hayan cumplido con sus obligaciones como concesionarios de explotación, estén produciendo hidrocarburos en las áreas en cuestión y presenten un plan de inversiones consistente con el desarrollo de concesión, podrán solicitar prórrogas por un plazo de diez años durante la duración de cada una de ellas".
La última línea abre la posibilidad a prórrogas indefinidas, un punto que, según el gobernador Jorge Sapag, fue incluido por Nación. Es decir que una misma empresa, si cumple determinadas condiciones, podrá quedarse con un bloque a perpetuidad.
Pero lo que alertó a las provincias petroleras fue la interpretación que algunos funcionarios nacionales hicieron sobre quién y cómo otorga esas prórrogas. Si bien el artículo lleva implícito que lo hace la autoridad de aplicación, esto no está dicho de forma expresa.
Otra interpretación asegura que las empresas, si cumplen con los requisitos solicitados –en cierto modo discrecionales, porque no existen estándares sobre qué tan adecuado o no es un plan de inversión– tienen derecho a conseguir esa prórroga. Esta lectura abriría la puerta a que las operadoras puedan litigar contra las provincias si éstas no les renuevan los bloques.
Para el gobernador Jorge Sapag, sin embargo, el espíritu de la ley es "invertir o revertir", lo que le deja a la Provincia un margen de maniobra. En cualquier caso, se abre una nueva disputa.
