A mediados de septiembre, el persecutor Carlos Gajardo, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, recibió una carta de dos de los 33 mineros que estuvieron atrapados 70 días al interior de la mina San José, en el año 2010.

La misiva, que habría sido entregada en persona a Gajardo, daba cuenta de unas supuestas irregularidades en los contratos que los mineros firmaron con sus primeros representantes. Entre los elementos que se planteaban estaba un presunto aprovechamiento de sus desconocimientos en asuntos legales, que habría repercutido -según ellos- en que sacaran pocas ganancias de los derechos que se podían obtener de libros y películas basadas en sus historias.

De esta forma, la Fiscalía Oriente y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI iniciaron una investigación para determinar si existe un posible delito o descartar las acusaciones. Se informó que los hombres que se reunieron con Gajardo fueron el jefe de turno, Luis Urzúa, y Juan Carlos Aguilar.

Este último, consultado por la denuncia, indicó que “sólo podemos decir que la Fundación Chile Ciudadano nos está asesorando. No daré ningún comentario”. Urzúa, en tanto, dijo que “esto es de cada uno, es personal”. Si bien la denuncia no está dedicada en nadie en particular, sí hacen menciones a reuniones que tuvieron en las dependencias del estudio jurídico Carey & Cía.

Tomás Fabres, presidente de la Fundación Chile Ciudadano, declinó entregar detalles del escrito presentado al fiscal. No obstante, indicó que “un grupo de los mineros acudieron a la fundación, cuya razón de ser es combatir el abuso donde hay desequilibrios y vamos a colaborar con ellos en los logros que buscan”. La denuncia deja en evidencia un quiebre dentro de los “33”, dado que esta acción judicial no fue consultada con el resto del grupo.

El presidente de Propiedad Industrial Minera (PIM) S.P.A. -que agrupa a los mineros-, Carlos Barrios, dijo que esta acción “es algo personal de ellos, porque de eso no han hablado nada con nosotros. No sé por qué lo hicieron ahora, no sé qué antecedentes tendrán. Son de la antigua directiva, no de la actual. No sé por qué no lo hicieron antes”.

PIM es la agrupación que actualmente reúne a los “33” y es la entidad custodia de los contratos que firmaron los trabajadores.

Por su parte, el minero Raúl Bustos señaló que “estoy muy convencido de la gestión que han hechos los abogados. En su momento Ramberto (Valdés) con Carey, que tienen mucho prestigio. Sobre esta denuncia, yo creo que ellos pueden tener intereses creados. En su momento (Urzúa) fueron la directiva, que la destituimos porque encontramos muchas cosas que faltaban a la moral y al compromiso que habíamos adquirido”.

Por su parte, Juan Illanes -quien la semana pasada se desligó del grupo de los “33”-, dijo que “el período en que Luis Urzúa estuvo a cargo aún tiene muchas dudas de por medio”. Según Illanes, “ahora Lucho está buscando la forma de retomar, quizás, un puesto en la directiva”.

Respecto a los cuestionamientos, Urzúa dijo que “todo lo que yo hago es bajo mi responsabilidad. No quiero atacar a nadie ni hacer nada antidemocrático. Lo importante es que lo que se está haciendo es en forma responsable”.

Sobre esta situación, desde Carey y Cía. señalaron que “no conocemos la denuncia. Sin embargo, de ser efectiva, nos parecería inconcebible e irracional, teniendo en cuenta que nosotros prestamos una completa asesoría que permitió a los mineros negociar al más alto nivel una película y un libro, todo esto, sin beneficio alguno para nuestro estudio. Como es de público conocimiento, lamentablemente no pudimos continuar con la asesoría debido a diferencias internas entre los mineros”.

DILIGENCIAS

Carlos Gajardo emitió, a fines de septiembre, una orden de investigar a la Brigada de Investigaciones de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. El fiscal caratuló la causa como “otros hechos” y no bajo un delito. Se informó que en la denuncia los hombres relataron una reunión que tuvieron con unos abogados en el sector oriente de Santiago, en que les prometieron unas condiciones y regalías por los libros y películas, que finalmente no se habrían concretado. Trascendió que en la carta presentada por los dos mineros indican que, en total, serían 10 los trabajadores que adherirían a la denuncia ante el fiscal.