Hace pocos días ingresaron en la Legislatura de la Provincia dos proyectos tendientes a fomentar y regular la explotación minera, en particular el hierro y cobre. La presentación de los proyectos genera opiniones encontradas en medio del debate provincial por la minería, que fue prohibida afectando el crecimiento de la economía provincial.

La actividad minera en la provincia de Mendoza fue restringida durante la gestión de Julio Cobos como Gobernador en el año 2007, principalmente con la ley 7.722 que prohíbe el uso de determinados productos químicos en la explotación minera. Uno de los proyectos que había prosperado es el de la compañía brasileña Vale, que logró obtener en su momento el permiso para explotar el yacimiento Potasio Río Colorado en Malargüe. Cuando el proyecto tuvo que ser suspendido a principios de 2013, generó la pérdida de 6.000 puestos de trabajo.

Actualmente, los opositores a la minería se excusan en la elección de un perfil productivo para la economía de la Provincia, pero las expectativas en cuanto a ese modelo económico no se estarían alcanzando. Ante la necesidad de generar recursos productivos, vuelve a ponerse sobre la mesa la actividad minera.

El actual gobernador Francisco Pérez, quien antes de ocupar su cargo se manifestó en contra del proyecto San Jorge, estaría analizando la posibilidad de reformar la ley 7.722. Para esto, el Gobernador eligió medir la opinión pública en torno al tema en 18 municipios para tomar una decisión, ya que la postura frente a la minería está fragmentada en forma muy pareja entre quienes se encuentran a favor y en contra.

En este marco, ingresaron a la legislatura provincial dos proyectos para solicitar el permiso de explorar yacimientos de hierro y cobre. El encargado de presentar los proyectos fue Guillermo Elizalde, Ministro de Tierras y Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia, quien dejó en claro que la postura del ejecutivo es avanzar con ambos proyectos denominados Hierro Indio y Cerro Amarillo. El funcionario explicó que esta etapa del proyecto sólo permitiría explorar los potenciales yacimientos, no su explotación que sería un paso posterior. También aclaró que en el proceso de búsqueda prácticamente no se utiliza el agua, punto fundamental para los detractores del proyecto y que no hay ningún tipo de riesgo ambiental.

Es importante aclarar que este paso es sólo para la exploración y no requiere utilización de productos prohibidos por la ley 7.722. En caso de encontrar viable el emplazamiento de estos proyectos mineros, se deberá iniciar un nuevo proceso legislativo solicitando la aprobación del mismo.