Por Miguel Jorquera.
La sesión especial arrancará al mediodía en la Cámara de Diputados. El oficialismo buscará hoy convertir en ley la reforma y unificación del nuevo Código Civil y Comercial, mientras enfrenta un embate opositor que busca frenar el debate con cuestionamientos reglamentarios. “El objetivo es fortalecer y generar más derechos para una sociedad más igualitaria”, sostuvo la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, para ratificar la convocatoria. A pesar del revés que sufrió la más tenaz opositora a la sanción del Código, Elisa Carrió, con el rechazo judicial a su pedido de amparo para invalidar el tratamiento parlamentario, el resto de la oposición decidió seguir el mismo camino de judicializar el debate de hoy en la Cámara baja. Así lo resolvió un cónclave opositor que ayer por la tarde-noche resolvió insistir hoy ante los tribunales federales de Comodoro Py con una denuncia penal contra las autoridades de Diputados. La UCR, el Frente Renovador, el PRO, el FAP y la CC tampoco aportarán al quórum para sesionar y sólo bajarán al recinto una vez iniciada la sesión para realizar su planteo reglamentario; si no es atendido, amenazan con dejar sus bancas vacías.
Oficialista y opositores ratificaron ayer sus posturas. El kirchnerismo está decidido a avanzar con la sanción del nuevo Código, aun en soledad junto a sus propios aliados. La oposición, en tanto, se abroqueló detrás de la postura de judicializar su tratamiento legislativo.
“Los argentinos tendrán una legislación más acorde a las necesidades que esta sociedad tiene al día de hoy. Los tiempos son otros y como representantes del pueblo debemos ser capaces de generar un debate que amplíe los derechos, no que los cercene”, insistió Di Tullio saliendo al cruce de los cuestionamientos opositores. La diputada repasó algunas de las modificaciones que el nuevo Código establece, como el matrimonio igualitario, el divorcio, las uniones por convivencia, sociedades comerciales y derechos de consumidores. También destacó el tema de la adopción, donde se busca simplificar el régimen actual al dar prioridad al interés del niño por sobre el de los adultos. “Estas modificaciones permitirán brindar más derechos a las personas y a las familias, permitiendo adopciones con menor trámite burocrático, fortalecer los vínculos entre personas y construir los puentes necesarios para una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades”, remarcó Di Tullio.
Por la tarde había caído la avanzada judicial contra el tratamiento del Código. El juez federal Ernesto Marinelli rechazó el amparo presentado por Carrió para frenar el debate. El magistrado consideró que el Poder Judicial no puede interferir en el proceso de sanción de las leyes, según la jurisprudencia que fijó la propia Corte Suprema, donde sostiene que el Congreso tiene poder para reglamentar sus derechos y garantías.
Por la mañana, la diputada Patricia Bullrich decidió presentar su propio amparo judicial. Aunque reclamó un pronto pronunciamiento, el juez todavía no se expidió sobre su reclamo.
De todas maneras, la oposición decidió insistir en la judicialización. En un extenso encuentro por la tarde-noche, el jefe del bloque radical, Mario Negri, los massistas Darío Giustozzi y Graciela Camaño, el macrista Federico Pinedo, el lilito Fernando Sánchez y el socialista Juan Carlos Zabalza resolvieron ir hoy por la mañana a Comodoro Py con una denuncia penal en mano. El escrito denunciará “la probable existencia de una maniobra de abuso de autoridad” por parte de las autoridades de la Cámara de Diputados, a quienes también pondrían bajo sospecha de “posible incumplimiento de los deberes de funcionario público”. No prosperó la idea de personalizar la denuncia contra el titular de la Cámara, Julián Domínguez.
El cónclave opositor también resolvió que sus bancadas no den quórum y que sólo ocupen las bancas una vez iniciada la sesión para plantear su reclamo reglamentario. “Si no se resuelve esa situación, nos retiramos del recinto”, dijeron como anticipo de la amenaza que concretarán en el plenario de Diputados.
A Zabalza, en tanto, se le complicó convencer a sus aliados del FAP. El socialista tuvo que lidiar bastante para arrastrar a sus socios del GEN, el juecismo cordobés y Libres del Sur detrás de la postura que resolvieron los bloques opositores mayoritarios. Mientras, Unidad Popular –encabezada por Claudio Lozano–, que no participó del encuentro opositor, resolvió que tampoco se sumará al debate. Los delasotistas de Unión por Córdoba también firmaron la carta de casi todo el arco opositor rechazando la convocatoria de hoy –a la que también se sumó el FIT–, aunque no confirmaron si estamparán sus firmas en la denuncia penal.
El kirchnerismo buscará en una sesión especial en la Cámara de Diputados convertir en ley el proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial, pese a la decisión de la oposición de recurrir a la Justicia por considerar "irregular" su tratamiento.
Los presidentes de los bloques de la oposición acordaron que denunciarán penalmente al titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez (FPV), por considerar que es "irregular" el tratamiento que se quiere dar en la Cámara Baja a la propuesta.
LOS DETALLES
El nuevo Código, que fue aprobado por el Senado en noviembre del año pasado con el voto en soledad del oficialismo, tiene 180 cambios en relación con la iniciativa original que redactó una comisión encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Este es uno de los puntos que planteó la oposición para cuestionar el tratamiento de la norma y reclamar un nuevo dictamen antes de su tratamiento en el recinto, como pretende el oficialismo.
Asimismo, la oposición sostuvo que la composición de la Cámara se modificó, por lo que es necesaria la conformación de una nueva Comisión Bicameral para el tratamiento de la propuesta. De no ser así, advirtieron que por cuestiones reglamentarias el proyecto debe pasar por las comisiones correspondientes para que tenga su dictamen antes de llegar al recinto.
RECHAZARON UNA CAUTELAR PRESENTADA POR CARRIÓ
En tanto, la Justicia desestimó un pedido de medida cautelar que pidió la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica-UNEN) para suspender el tratamiento del proyecto de reforma.
La decisión fue tomada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Ernesto Marinelli, quien consideró que el Poder Judicial no puede interferir en el proceso de sanción de las leyes, según fijó la jurisprudencia de la Corte Suprema, y sostuvo que el Congreso tiene poder para reglamentar sus derechos y garantías.
Carrió y su par legislativo Fernando Sánchez pueden apelar la medida para que sea tratada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal antes de que se reúnan los diputados.
