Por Pablo Fernandez Blanco.

En materia de reducción de subsidios, el kirchnerismo chocó dos veces con la misma piedra. Eso si se tratara de una metáfora. En términos más literales, podría decirse que el choque ocurrió en miles de ocasiones en lo que va del mes.

En las últimas semanas proliferaron en distintas provincias recursos de amparo contra la reducción de subsidios al consumo de gas, que el Gobierno anunció a principios de año. La medida se aplicó a través de un ajuste de tarifas para casi todos los clientes residenciales en el nivel nacional y derivó en aumentos, en algunos casos, por encima de 600 por ciento.

Es algo muy similar a lo que ocurrió en 2008. En aquella ocasión, la presidenta Cristina Kirchner había decidido avanzar en una reducción de subsidios que fue frenada en la Justicia y despertó manifestaciones y rechazos de múltiples sectores. Por eso dio marcha atrás.

La semana pasada, el juzgado federal de Azul dictó una cautelar que suspendió la aplicación de los aumentos en 11 partidos de la provincia de Buenos Aires, en respuesta a un pedido de la Asociación Civil Cruzada Cívica. La medida se aplicará en Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General Lamadrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué, en concesiones a cargo de la distribuidora Camuzzi. Lo mismo ocurrió en Mar del Plata, Necochea y Balcarce, donde también presta el servicio esa empresa.

Fuera de Buenos Aires hubo amparos en localidades de Santa Fe, San Luis y Mendoza. Desde el punto de vista del Gobierno y de las empresas, sin embargo, aún podría no haber llegado lo peor. En el sector gasífero nadie tiene claro por qué hasta el momento no proliferaron las medidas cautelares en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal (donde Gas Natural Fenosa y Metrogas, cuyo principal accionista es YPF, están a cargo del servicio), donde se concentra el mayor consumo de todo el país.

Si eso sucediera, el plan oficial para reducir subsidios se vería seriamente complicado.

Según la información que manejan en el sector gasífero, dirigentes del Frente Renovador, del diputado Sergio Massa, presentaron una medida cautelar en Tigre.

RESPUESTA PRIVADA

Las empresas comenzaron a darles pelea a los amparos. Ayer, Litoral Gas, cuya área de concesión abarca Santa Fe y una parte del norte de Buenos Aires, avisó que cumplirá con la resolución de la Justicia, pero apelará la medida.

A fines de marzo, los ministros Axel Kicillof (Economía) y Julio De Vido (Planificación) anunciaron la puesta en práctica del primer plan masivo para reducir los subsidios al gas y al agua. En el primer caso se trató de una quita escalonada, para quienes no ahorrarán más del 5% de su consumo, en abril, junio y agosto.

La escalada de cautelares despertó una nueva inquietud en las empresas. Sucede que retrotraer las tarifas no sólo les impide mejorar su facturación y sus utilidades, sino que les genera un problema aguas arriba de la cadena gasífera. Eso se debe a que las petroleras recibieron un aumento en el precio del gas que producen en el país para que el Estado les pague menos en concepto de subsidios.

El principal argumento en el que se sostienen las medidas cautelares es que los aumentos en el gas se aplicaron sin antes convocar a una audiencia pública, como sostiene la ley que regula ese mercado. En las empresas creen que cuando las sentencias queden firmes los usuarios deberán pagar el gas con las nuevas tarifas de manera retroactiva, porque consideran que el Estado puede retirar subsidios cuando quiera..