Por Ana Baron.
El juez Thomas Griesa declaro a la Argentina en desacato afirmando que nuestro pais esta intentando encontrar maneras para evadir su fallo."Argentina ya está dando pasos en un intento para evadir partes críticas del fallo", dijo Griesa. Se refería a la ley aprobada recientemente en el Congreso, denominada de Pago Soberano, para que los tenedores de bonos puedan cobrar en Argentina y en Francia sin que haya que pagarle al mismo tiempo a los fondos buitre.
El veterano de la justicia estadounidense postergó, sin embargo, la decisión de imponer sanciones en contra de Argentina para mas adelante.
La decisión fue durante la audiencia que se realiza en estos momentos en su tribunal, en Nueva York. Y es a pedido de los fondos buitres, pero por el momento el juez no definió sanciones contra el país.
La Argentina acaba de quedar en una situación casi inédita a nivel mundial: el juez de Nueva York Thomas Griesa la declaró en “desacato” por la negativa del país a pagarles a los fondos buitre lo que la Justicia norteamericana les concedió por los bonos defaulteados en 2001 que aún mantienen en su poder.
En la audiencia de esta tarde, y tras escuchar tanto a los abogados de los holdouts como a los del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton que representan a la Argentina, el juez decidió hacer lugar al pedido de los fondos buitre de declarar al país en rebeldía –algo que había evitado hacer en por lo menos dos oportunidades-, aunque dejó en suspenso la decisión en cuanto a la multa de u$s 50.000 diarios que reclamaban los litigantes.
Al convocar a la audiencia, el juez le había pidió a la Argentina que explicara específicamente por qué no debería declararla en desacato (o rebeldía) por no cumplir con su fallo –ratificado en segunda instancia y que quedó firme luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara tratar el caso- a favor del reclamo de los fondos buitre.
A esa decisión original, se suma la ley para el canje voluntario de jurisdicción de pago de los bonos del canje que ya está aprobada y promulgada y en el marco de la cuál el Gobierno se alistaba a hacer local el depósito para el vencimiento de los bonos par de mañana, con lo cual evitaría un nuevo bloqueo de Griesa como el que llevó al “default selectivo” (del que el Gobierno reniega) de los títulos vencidos a fin de junio, aún cuando no esté del todo claro cómo se efectivizarán las transferencias a los bonistas.
El juez consideró hoy que la Argentina dio pasos específicos contrarios a su fallo.
Poco antes de que empezara la reunión en el juzgado de Griesa, el canciller Héctor Timerman había hecho pública una carta que la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, le envió al secretario de Estado norteamericano, John Kerry.
La misiva señalaba al gobierno estadounidense, en tono de advertencia, sobre la violación del derecho internacional en la que supuestamente incurriría Estados Unidos si Griesa declaraba a la Argentina en rebeldía, como efectivamente ocurrió.
La figura jurídica de desobediencia tiene pocos antecendentes a nivel mundial para el caso de un soberano y abre un camino con consecuencias al momento desconocidas.
En el penúltimo capítulo de la saga, el viernes, el juez les había hecho un guiño al Citibank y a la Argentina, al permitir a ese banco pagar el próximo vencimiento de bonos bajo ley argentina.
Por: Carlos Burgueño.
Después de haberle dado el viernes pasado un guiño al Citigroup, Thomas Griesa volvió ayer a la línea que venía manteniendo en sus fallos y declaró al país en "desacato". De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer Estado soberano que, según un juez de los Estados Unidos, ingresa en esa figura por cuestiones financieras vinculadas con el pago de deuda. Según Griesa, el hecho de que la Argentina haya avanzado, y concretado, la amenaza de comenzar a pagar desde hoy los títulos públicos emitidos bajo jurisdicción de Nueva York, y que según su fallo de febrero de 2012 debían ser potenciales embargados para cumplir el pago a los fondos buitre, amerita que el país sea declarado en rebeldía. Ayer, por primera vez, Thomas Griesa se sinceró y explicó por qué falla consecuentemente contra la Argentina: según el juez neoyorquino, los canjes de 2005 y 2010 no sirven como argumento para rechazar su fallo, porque en el llamado no se completó el 100% de aceptación de los tenedores de bonos en default. Además, para el juez, el aval del 93% a los llamados a reestructurar los canjes no fueron "compulsivos" y los que no aceptaron mantenían su derecho a cobrar la totalidad de la deuda.
La decisión de Griesa fue tomada en una nueva audiencia en su despacho del segundo circuito de Nueva York, en el tercer encuentro consecutivo de este tipo luego del 30 de julio pasado, pedido por los fondos buitre para que se le aplique el desacato y eventuales multas al país. Por la concurrencia casi perfecta que hubo ayer, se sabía que se trataría de un evento importante, que quedaría en la historia del "juicio del siglo". De parte de la Argentina concurrieron Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman, del estudio que representa al país, el Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H). Por parte de los fondos buitre se presentó Robert Cohen, el abogado republicano contratado por el NML Elliott para que encabece la embestida legal contra la Argentina, Edward Friedman (Aurelius y Blue Angel) y Robert Carroll (Olifant).
Según Griesa, fue la propia Argentina la que lo forzó, "luego de haber esperado dos audiencias", a declararla en desacato. Según la definición de la jurisprudencia norteamericana, desacato es una "desobediencia, rebeldía o falta de respeto contra un tribunal o una persona con un cargo en el Poder Judicial" o una "interferencia al desarrollo de un juicio". Lo complicado en el caso de ser sancionado un Estado soberano en los Estados Unidos es que la aplicación de la pena siempre trae aparejada una multa o, si el acusado no paga, la alternativa de una detención o privación de la libertad (en el caso de una persona) o la prohibición para seguir actuando (en el caso de una persona jurídica). Ninguna de las dos sanciones son fácticamente aplicables para un Estado.
El propio juez consideró ayer que se trata de "algo raro" de aplicar contra un país". Griesa justificó su decisión al señalar que la Argentina "tomó y está tomando" pasos, "en un intento por evadir partes críticas" del fallo del 23 de febrero de 2012 en el que ordenó al país a no efectuar pagos a los bonistas reestructurados si no abonaba también a los fondos buitre una suma cercana a los 1.300 millones de dólares (unos 1.660 millones actualizados). El magistrado consideró que la Argentina dio pasos "ilegales" al "desplazar" al agente fiduciario Bank of New York Mellon (BoNY), al "mover los asuntos sobre los bonos a la Argentina, lejos de los Estados Unidos" y al "realizar pagos de intereses a los tenedores de bonos reestructurados sin reconocer" las obligaciones con los demandantes.
Cohen, que habló en nombre de todos los fondos buitre, dijo que el tribunal debía aplicar su "autoridad" y actuar en ese sentido para enviar un mensaje de que es necesario cumplir con los fallos y buscó convencer al juez, al mencionarle que ya existen otros casos de desacato aplicados a otros países soberanos. "Hemos sido más que pacientes con la Argentina y es tiempo para la corte de efectuar su poder de autoridad para tomar acciones que le digan a la Argentina que realmente necesita cambiar su comportamiento", aseveró el abogado de los buitres.
En un momento clave, durante un diálogo con Boccuzzi, Griesa expone, quizá por primera vez, cuál es su verdadera teoría sobre la justificación de su fallo de octubre de 2012 a favor de los fondos buitre. Según Griesa, las reestructuraciones de la deuda argentina de 2005 y 2010 tuvieron "una aceptación de mucha gente", pero que no lo hicieron de manera "compulsiva", con lo cual se trató de un aval "voluntario" que "no todos aceptaron". "Usted tiene a la gente que no aceptó y tiene sus derechos. Ése es el problema que existió desde un principio. Si la República se considera responsable, debe reconocer que aquí había un problema; y que aquí hay un problema".
Para Griesa, de nada valen los argumentos sobre que si la Argentina aceptara el fallo y lo cumpliera tal cual fue dictaminado por el juez, se provocaría una situación de colapso financiero y un nuevo default con consecuencias imprevisibles; al menos hasta el último día hábil de diciembre de 2014, cuando venza la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO). Griesa, cada vez que Boccuzzi volvía sobre el tema, ninguneaba las argumentaciones y afirmaba que el país había desconocido y ninguneado en su momento un problema que efectivamente existía y que no estaba siendo seriamente considerado por el Gobierno argentino.
Griesa habló además largamente, al justificar su decisión de declarar al país en desacato civil (In Civil Contempt), sobre las consecuencias negativas de la medida impulsada por el Gobierno de Cristina de Kirchner de avanzar en la sanción de la ley que permitirá a partir de hoy pagar la deuda con jurisdicción en Nueva York en Buenos Aires y París. Para el juez, con esa decisión la Argentina está "violando" su fallo de 2012 en el polémico capítulo de su interpretación de la cláusula "pari passu". Según la visión de Griesa, a partir del fallo que había tomado hace dos años, el país tenía tanto obligaciones con los bonistas "performance" (los que tenían su deuda al día y aceptaron los canjes de 2005 y 2010), como con los que no lo hicieron y eligieron el camino del juicio. Para el juez, con el pago de deuda fuera de la jurisdicción de Wall Street, el Gobierno de Cristina de Kirchner violó el compromiso por el cual todos los pagos debían hacerse en Estados Unidos para que Griesa tome la mitad de ese dinero y se lo liquide a los fondos buitre. Para el juez, la decisión de cambiar la dirección de pago de los bonos de Nueva York a la Argentina es "ilegal" y dictada por el Poder Ejecutivo argentino, "algo que no surgió del Congreso", con lo que responsabilizó directamente al Gobierno de Cristina de Kirchner por la situación.
El Gobierno consideró que la decisión del juez Thomas Griesa de considerar a la Argentina en "desacato" en el marco de la pelea con los fondos buitre, es "violatoria del derecho internacional" y acusó a Estados Unidos de ser el "único responsable" de sus acciones.
Al mismo tiempo reclamó al gobierno estadounidense que acepté el juicio que el Gobierno de Cristina Kirchner le quiere abrir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Washington ha dicho reiteradamente que no acepta dicha jursidicción.
En un duro comunicado emitido por la cartera de Relaciones Exteriores, que maneja Héctor Timerman, el gobierno empieza llamando "juez municipal a Griesa" y dice así:
"La decisión del Juez municipal Thomas Griesa de declarar en desacato a la República Argentina es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Todos estos instrumentos establecen que los Estados Unidos de América como Estado es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial."
"Los argumentos legales que sustentan esta posición fueron debidamente expuestos en la nota que la Embajadora Cecilia Nahón le envió al Secretario de Estado John Kerry en el día de hoy y que fueran difundidos por esta Cancillería. La decisión del Juez Griesa no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina."
"Griesa ostenta el triste record de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado Soberano por pagar una deuda, luego de fracasar en su intento de obstruir la restructuración de la deuda externa de la Argentina. El gobierno argentino reafirma su decisión de seguir ejerciendo la defensa de la soberanía nacional y de solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia entre ambos países."
La Argentina depositará mañana en Buenos Aires el primer servicio de deuda al amparo de la Ley de Pago Soberano, por unos 170 millones de dólares en Bonos Par, de los cuales 16 millones corresponden a títulos con legislación nacional y 154 millones a papeles con jurisdicción Nueva York, europea y japonesa, según confirmaron fuentes oficiales citadas por la agencia DyN.
Inicialmente se había especulado con que el depósito en Nación Fideicomiso se podría hacer hoy mismo, como una señal de buena voluntad hacia los acreedores y el juez Thomas Griesa ante quien se tramita el litigio con los holdouts.
El viernes, el Citigroup consiguió que el juez Thomas Griesa le permita realizar el pago de los títulos nominados en dólares pero con legislación argentina, que para el caso de esta entidad equivale a unos 5 millones de dólares.
