A través de la prensa nos pudimos enterar que el texto del proyecto de reglamento ambiental para la industria de hidrocarburos fue materia de confrontación entre los ministros de Medio Ambiente y de Energía y Minas. Si bien se habría tratado de un aspecto puntual, la materia era muy sensible.

El desencuentro estuvo relacionado, según se hizo público, a una pretendida menor exigencia en los estudios de impacto ambiental que deben ser aprobados antes del inicio de las actividades de exploración sísmica. Tal cambio, según sus detractores, pondría en riesgo la biodiversidad de lugares sensibles del país.

Sin embargo, semanas después de haber protagonizado tal entredicho, ambos ministros anunciaron que en los próximos días se aprobaría el nuevo reglamento ambiental para la minería. Esta vez no hubo ninguna confrontación que se haya conocido, sino todo lo contrario.

La minería y los hidrocarburos son ámbitos de la vida económica del país muy distintos, cada uno tiene sus propias particularidades y complejidades debido a la distinta ubicación de la riqueza geológica y las peculiaridades de nuestro biodiverso territorio peruano. A diferencia de la minería formal, gran parte de la exploración y extracción de hidrocarburos se realiza en la Amazonía. Además, se trata también de una industria que ocupa espacios del mar peruano.

Al parecer, los conflictos por supuesta afectación a la biodiversidad son más comunes -si cabe la expresión- en la industria de los hidrocarburos que en la minería. En buena cuenta, quizás se debe a que las petroleras trabajan en dos espacios del territorio peruano muy ricos en biodiversidad: la Amazonía y nuestro mar. Hace poco, por ejemplo, intereses de conservación e intereses petroleros se encontraron opuestos a unas zonas prioritarias para la conservación marina (ver mi post anterior).

Ciertamente, la minería y la industria de los hidrocarburos enfrentan distintos retos que les presentan las características de los lugares donde se desarrollan. Sin embargo, tienen algo en común: verse envueltas en conflictos sociales.

La experiencia de los últimos años enseña que donde hay industria extractiva hay conflicto. En términos generales, parece que aunque las empresas hagan las cosas bien siempre habrá problemas. Problemas que, por la debilidad institucional del Estado peruano, no se logran resolver pacíficamente en algunos casos.

No hay duda de que los futuros reglamentos ambientales para las petroleras y las mineras serán válidos luego de que sean publicados en el Diario Oficial El Peruano. Pero el reto de los ministros no está en el cumplimiento de ese aspecto formal de los reglamentos, sino en lograr que sean normas eficaces. Es decir, que sean cumplidas.

Pero además de ser cumplidos por la industria, esos reglamentos deben ser obedecidos por todos los ciudadanos y funcionarios públicos, respetando sus disposiciones así como los títulos habilitantes que, conforme a ley, la Administración otorga a las empresas petroleras y mineras. Tal es el meollo del asunto y la tarea imperiosa que debe asumir hoy el Estado.

*Abogado