Por Diego Dávila.

Los subsidios a sectores económicos, más precisamente al energético, son para el Estado nacional una mochila cada vez más pesada. Sin embargo, no está claro que el Gobierno quiera salirse del camino de mantener tarifas vía subsidios.

El Presupuesto 2015 prevé menos subsidios, lo que implicaría nuevos ajustes de tarifas. Pero este año la previsión era la misma y los subsidios más que se duplicaron.

Un trabajo de Juan Pablo Paladino, Jefe de Investigaciones de la consultora Ecolatina, analizando los presupuestos del Estado, muestra que entre 2013 y 2014 el Gobierno nacional prometía disminuir los subsidios y, sin embargo, los terminó duplicando a 237,6 mil millones de pesos. Pese a que el monto al sector energético fue más que el doble (172 mil millones de pesos), aun así servicios como el gas natural aumentaron más del 600 por ciento, al tiempo que la tarifa eléctrica este año no aplicó la baja de invierno que se implementó entre 2009 y 2013, por lo que en términos reales también subió.

El Presupuesto 2015 también prevé menos subsidios para sectores económicos, entre ellos el energético (ver el cuadro). Sin embargo, como el Gobierno subestima ingresos y gastos, no sería una novedad que vuelva a suceder lo mismo. El problema es que ya no tiene las mismas reservas y el déficit fiscal viene en aumento.

“El gasto total prevé un crecimiento de 13 por ciento, por lo que se deduce que debería producirse un recorte de subsidios. Lo que sucede es que todos los proyectos incluyeron recortes de subsidios y nunca se cumplieron, la ejecución de gastos supera siempre al presupuesto”, explica Paladino.

Mantener las tarifas estables, lo que para el Gobierno en algún momento quiso ser un ancla para la inflación, hizo que en casi una década los subsidios aumentaran 22 veces su tamaño: de 10 mil millones en 2005 a 232,6 mil millones este año.

¿Cómo sostiene estos subsidios? Cada vez con más emisión de dinero y cada vez menos con reservas, incentivando la inflación y quitando dólares a la importación.

¿Habrán llegado a su techo el volumen de subsidios? ¿Es necesario modificar la matriz energética argentina, que en 2015 absorberá casi 165 mil millones de pesos?

Qué hacer con los subsidios

Este fue uno de los temas que se trató, días atrás, en una de los paneles de las 47 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La mesa tuvo la participación de Alfredo Visintini, docente de la FCE; Andrés Chambouleyron, consultor de Compass Lexecon y Walter Cont, economista de Fiel y docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Contrariamente a lo que se piensa, los subsidios al sector energético no están direccionados a las empresas de servicios públicos (como sí sucede en el transporte), sino a cubrir la diferencia entre el costo de generación y distribución y precio de la tarifa al usuario.

En este marco, Chambouleyron mostró un trabajo realizado sobre los servicios del área metropolitana de Buenos Aires (Amba), según el cual si el Estado retirara los subsidios a todos los servicios (principalmente electricidad, gas natural y combustibles), una familia tendría que pagar 1.600 pesos más de lo que hoy abona, por lo que su cuenta de servicios públicos superaría rápidamente los dos mil pesos.

El economista advierte que si en 2002 se hubieran aplicado aumentos de 200 por ciento a los servicios públicos, algo difícil de pensar en plena crisis, se hubiera evitado violar el marco regulatorio de los servicios 
públicos. Ahora, volver a lo establecido por los marcos regulatorios de los ’90, implicaría aumentos del 800 al mil por ciento, porcentaje que parece aún más difícil de aplicar, aunque la suba de este año del gas natural se le acerca.

Mientras tanto, el gas natural genera un déficit de 32 mil millones de pesos para sostener un esquema desigual. “El que compra gas en garrafa paga 20 veces más que el usuario de un barrio como San Martín”, resalta Visintini.

A su vez, en generación, el déficit del sector electricidad está en torno a los 34 mil millones de pesos, advierte Cont, conteniendo un sistema que en generación crece al 3,5 por ciento anual, cuando en capacidad aumenta a un 2,5 por ciento.

Ese punto de diferencia son los problemas que los usuarios tenemos en cada pico de consumo.

¿Cuánto tardó Estados Unidos en salir del mismo atolladero?

No somos el único país que aplica subsidios para frenar subas de tarifas. Estados Unidos también lo hizo.

Al país del norte le llevó 25 años salir del atolladero.

Así lo advirtió el economista Walter Cont, quien recordó que el gobierno norteamericano implementó un sistema de control de precios de gas natural a fines de la década del ‘60 y principios de los ‘70.

Este esquema de control de precios y subsidios, según explicó Cont, provocó que el país del norte se encontrara con menos reservas de gas que la necesaria para cubrir la demanda interna, lo que lo obligó a importar.

“Para EE.UU. no tener abastecimiento energético era muy importante. A principios de los ‘70, tuvo que empezar a fijar programas de precios para la remuneración de gas en boca de pozo nuevo y otro precio para el gas viejo; debió remunerar las nuevas inversiones a precio diferencial para incentivar la exploración y producción, mientras el gas existente se remuneraba al precio vigente. El trabajo de convergencia para lograr unir estas dos tarifas les llevó alrededor de 25 años”, explicó el economista.

Para salir del atolladero de grandes subsidios, tarifas bajas y malos servicios, Chambouleyron propuso separar la inversión en producción y activos del sistema energético nacional, que queden a cargo del Estado, y que la atención al consumidor, mantenimiento y calidad quede para el sector privado.

Según el consultor, esto permitiría actualizar las tarifas a un monto menor al que se requiere si el ajuste de los precios tuviera que cubrir las inversiones necesarias para extender la red y aumentar la producción.

“La idea es que las empresas públicas se conviertan en operadores de la red, de manera tal que la tarifa cubra mantenimiento, atención al cliente, reparación de averías, facturación y cobranza”, dijo Chambouleyron.

La menor actividad económica por la recesión y el aumento de los precios y tarifas ha quitado presión al sistema energético y se prevé que, de continuar este escenario, podría reducir el esfuerzo en subsidios del Estado nacional.

Alfredo Visintini proyecta que luego de los aumentos en la tarifa del gas natural de este año, que en algunos segmentos de consumidores llegaron al mil por ciento, la demanda podría llegar a caer en torno al 10 por ciento, con lo que el subsidio caería en más de 27 mil millones de pesos, para ubicarse en casi cinco mil millones de pesos, principalmente por efecto del menor volumen de importación de gas desde Bolivia.

Por su parte, la producción de Vaca Muerta (Neuquén) podría mejorar en 30 por ciento la producción de combustibles de YPF, pero requiere de una inversión de 20 mil millones de dólares anuales y los primeros resultados se verían en tres a cuatro años.

Mientras tanto, el aumento en los precios de los combustibles, que oscila entre el 55 y 60 por ciento interanual, ya provocó en las ventas del total del mercado en julio una caída interanual del seis por ciento, acumulando en los primeros siete meses una baja de dos por ciento comparada con el período enero-julio de 2013, según lo advirtió un estudio de la consultora Economía y Regiones.

Electricidad

Además, la menor actividad económica provocó en agosto la primera caída importante del año en el consumo de energía eléctrica en el sistema nacional. Así lo resaltó un informe de la consultora Abeceb.com, según el cual en el octavo mes del año se registró un descenso interanual de 3,6 por ciento. Sólo en febrero el sistema había registrado una baja en la demanda de 0,1 por ciento.

Este descenso en la demanda energética podría descomprimir el debate que se viene: bajar los subsidios y aumentar las tarifas.

“Este invierno no se aplicó el esquema de reducir el precio energía-potencia en el área de producción, algo que se aplicó entre 2009 y 2013; esto es un aumento sin anuncio. Probablemente el sector eléctrico puede ir en el mismo camino del gas natural, al menos debería estar en la agenda del año próximo, ya que si los subsidios se mantienen, el año próximo debería ser inevitable otra suba de tarifas”, indicó Cont.

Visintini coincide en que el sector eléctrico podría ser el próximo servicio en sufrir fuertes subas. “Lo que se espera ahora es una suba de tarifas eléctricas, los subsidios en este sector son mucho más grandes que en otros sectores”, resalta.

Sin embargo, al tratarse la distribución de la energía eléctrica de sistemas provinciales, el aumento de tarifas es un proceso más complicado que el del gas.

La Ley de Hidrocarburos impulsada por el gobierno, en vez de frenar los precios de las naftas y los problemas energéticos, tenderá a aumentarlos. Especialistas consultados por Hoy echan por tierra con una de las nuevas ficciones del relato oficial

Los recursos naturales fueron a lo largo de la historia, una fuente inagotable de divisas que sirvieron para el crecimiento del país. La pseudoestatización de YPF en 2012 por parte del gobierno kirchnerista, abrió la puerta para que el relato oficial sobre la recuperación de nuestra soberanía calara en algunos sectores de la población.

En la actualidad, la Argentina ha dejado de ser un país con autoabastecimiento de gas y petróleo, en uno de los logros altamente negativos de la mal llamada década ganada. Desde la irrupción del kirchnerismo en 2003, la producción de crudo ha bajado un 25%, la de gas un 22% y las reservas de gas cayeron a la mitad.

Con los precios de las naftas por las nubes trepando a casi 15 pesos, y con tarifas de gas que sufren aumentos mes a mes que llegan hasta el 500%, la población vive este problema con suma preocupación, sobre todo porque se acerca el verano y la posibilidad de cortes de luz está siempre latente.

Ante esta situación, el gobierno ha enviado al Congreso nacional una nueva Ley de Hidrocarburos, que según especialistas consultados por Hoy, en vez de reducir los problemas que sufre el sector energético en la actualidad, tenderá a agravarlos.

El exSecretario de Energía de la Nación, Emilio Apud, señala que “este es un gobierno necio, que niega una realidad muy evidente en el tema de la energía. La nueva Ley de Hidrocarburos sale sin consenso y con sectores políticos que hablan que de llegar al poder la vetarán y harán una nueva, por lo que los efectos sobre la población serán negativos”.

Para el referente del sector energético “antes de asumir el kirchnerismo, no había problemas de gas ni de electricidad, había abastecimiento de producción de petróleo, la cosa estaba funcionando, pero con esta manía populista de conducir el Estado, hicieron lo que hicieron y estamos con estos problemas que tenemos ahora y que irán creciendo en el futuro”.

Félix Herrero, abogado y economista especializado en energía, es más drástico en su definición, ya que para él “la ley impulsada por el gobierno es una burla a los sectores más descuidados de la economía, que sentirán todo su rigor cuando los precios de las naftas suban más que ahora, y las boletas de gas sigan teniendo tarifazos corrientes”.

Según el miembro del Grupo Moreno, “se ha pasado del relato al novelón. Todo esto hace que los sectores que están perdiendo sus empleos sigan en decadencia y que la renta petrolera vaya a parar a las multinacionales en vez de quedar en la Argentina para la salud y la educación”.

Con una nueva Ley de Hidrocarburos que nace sin consenso y que amenaza con hacer más difícil la vida diaria de los ciudadanos, será complicado que la Argentina pueda tener en el corto y mediano plazo un futuro mejor y un país donde la mayoría de los habitantes estén incluidos en un proyecto común y no fuera del sistema como ocurre hasta ahora, donde hay más de 15 millones de personas por debajo de la línea de pobreza.

Un proyecto que hace agua por todos lados

La nueva Ley de Hidrocarburos promocionada por el oficialismo intenta sancionar una reforma parcial al régimen que regula la explotación de hidrocarburos en nuestro país, instrumentando un pacto firmado con los gobernadores de las provincias productoras.

El kirchnerismo apelará a su mayoría automática para aprobar el proyecto sin el necesario debate que el mismo debiera tener. “Un grupo de exSecretarios de Energía estamos insistiendo en la necesidad de que se formule una política de Estado y se haga un acuerdo entre todos los partidos políticos, de la manera que se respete esa política evidentemente de a quien le toque estar en el poder, pero no se nos ha escuchado”, destaca a Hoy Emilio Apud.

Para el exfuncionario en épocas de la Alianza, al kirchnerismo “se le hace imposible decir que se equivocó, el gobierno no admite eso. Lo que nosotros estamos diciendo es que se admita que se cometió un error políticamente, pero eso va en contra de la idiosincrasia del relato, que es mentir y no reconocer la realidad”.

El proyecto oficial otorga status legal a los beneficios ya concedidos al contrato firmado por YPF y Chevron mediante decreto 929/2013, cuya operatoria y resultados aún permanecen en secreto, elevando a rango de ley mecanismos carentes de toda publicidad y transparencia, limitando la participación de las provincias. Al mismo tiempo, las concesiones de las áreas a las petroleras serán de 25, 30 y 35 años según sean convencional, off shore o no convencional, con opción a 10 años más, y así repetirlos casi a perpetuidad.

Esto lleva a un nuevo rompimiento del relato de que se está enfrentando a los buitres y se va en busca de la soberanía eléctrica, sino que por el contrario, lo único que se logra es un avance de las multinacionales sobre los recursos naturales argentinos y la pérdida de identidad del país con los mismos.

Una crisis que aumenta y no para

La economía se encuentra pasando por el peor momento desde la llegada del oficialismo al poder. Al rebrote inflacionario, la caída del empleo, el aumento de la pobreza y la marginación, se le suman ahora datos negativos en sectores que hasta hace poco habían sido un bastión del relato K.

En los últimos 12 meses, los combustibles aumentaron un 60%, lo que ha significado una menor demanda por parte de los argentinos. Las ventas de la nafta Súper cayó en julio un 1,4%, la nafta Premium bajó un 10,1%, la Diesel Euro un 6,2%, y el gasoil un 2,2%.

Haciendo oídos sordos a esta situación, desde el gobierno salieron a defender estos aumentos en las naftas, al sostener en la voz del titular de YPF, Miguel Galuccio, que: “si no aumentaran los combustibles, estaríamos fundidos”, en una muestra de que la realidad les ha dado vuelta la cara y que el relato montado desde 2003 se hace insostenible.

Pero no sólo los combustibles jaquean el golpeado bolsillo de los usuarios argentinos, en las últimas semanas se han podido ver aumentos en las boletas de gas que van desde el 75% hasta el 500%, como ha pasado en diferentes lugares del conurbano bonaerense y la provincia de Salta.

A todo esto hay que sumarle que la producción de petróleo acumula una caída en el último año del 1,2% y se ha tenido que implementar importaciones de petróleo de Nigeria y países del Caribe. A su vez, la caída en la producción de gas natural trepó al 1,9%, complicando el panorama para la Argentina.

Momento angustiante por el que pasa el sector energético que hace peligrar el normal desenvolvimiento de la economía nacional para los próximos meses y que pone a la Argentina al borde del colapso.