El ministro de Energía revuelve unas voluminosas carpetas en busca del dato específico. Le hemos preguntado sobre el estado de avance de su Agenda de Energía, esa que lanzó hace casi cinco meses para beneplácito de buena parte de los actores relacionados a este sector. Lo encuentra: es el anexo 1 del documento, donde se contemplan los proyectos de ley y las fechas de envío a trámite parlamentario. “Todos los plazos se han cumplido”, dice satisfecho.
Pero su evaluación es más profunda: “Hemos conseguido el objetivo de crear un ambiente positivo, de entendimiento, participación y hemos conseguido relevar el tema de energía de manera que el país le otorgue toda la importancia que tiene”. Como si fuera poco, añade, “hemos logrado un cambio de clima que se traduce en que la despensa de proyectos en construcción al 11 de marzo era de 1.949 MW y a agosto ya es de 3.518 MW. Un salto significativo”.
¿Lo que usted dice es que en estos seis meses de gobierno se generó el cambio de clima suficiente como para entusiasmar a las generadoras?
Sí, y sabe por qué. Porque este es un sector intensivo de capital y, como en todos los sectores intensivos en capital, importan mucho las reglas del juego. Importa la certeza y la Agenda de Energía creó un ambiente de certidumbre que este sector necesitaba para que las empresas tomaran decisiones. En la economía chilena no hay ningún sector donde haya más apetito por invertir que en energía. Hemos hecho un rayado de cancha que le genera a los inversionistas la certidumbre que necesitan para tomar decisiones.
¿Pero cuál es ese rayado si hablamos de iniciativas legales contenidas en la agenda cuyo desarrollo aún desconocemos?
No, lo que le hemos dicho al país con la agenda es que tenemos una prioridad: traer nueva oferta, introducir más competencia y nuevas tecnologías. Tome nota que uno de los proyectos incluidos en estos 1.500 MW nuevos se llama Kelar, de una de las mayores empresas de energía de Corea del Sur, que no ha hecho nunca inversiones en América Latina y que toma esta decisión de invertir en la región basado en Mejillones.
Usted dice que se generó certidumbre con la agenda, pero en un contexto general de reformas que el empresariado critica, precisamente, por la incertidumbre que provocan. ¿Tan potente es la agenda como para neutralizar esa incertidumbre?
No estoy haciendo un análisis comparativo, lo que hago es el punto de que esta es una agenda que se construye a partir de un ejercicio participativo, con muchos actores. Dicho eso, también hemos tenido un ministerio que ha estado muy centrado en dar eficacia y eficiencia al rol que tenemos como Estado en el impulso de los proyectos. Todos sabemos que el sector energía en Chile es privado, con la salvedad de Enap. Pero, el Estado puede hacer una contribución muy importante en el impulso de los proyectos, si actúa de manera eficiente y eficaz en toda la parte permisología. No es que queramos saltarnos los permisos ni dejar proyectos fuera de los requisitos que impone la ley, pero sabemos que como Estado tenemos que velar por no exponer a los proyectos de inversión a una burocracia innecesaria y retardos producto de falta de toma de decisiones.
¿Esas trabas tienen su origen en ineficiencias del Estado o en acciones de organizaciones que paralizan proyectos?
Estamos hablando de permisos, no de aprobaciones ambientales. Obviamente, el Estado es una institución muy compleja y nosotros tenemos que buscar una forma de imprimirle agilidad y yo creo que se da también al alinear estos objetivos humanos detrás de un objetivo. En ese sentido, el gobierno ha señalado de forma clara que hay un retraso en las inversiones en energía que cuesta muy cara al país. Entonces, como gobierno hemos dado señales claras de que tenemos una prioridad: reducir los precios de energía en Chile, trayendo competencia y desarrollando proyectos que cumplan con la ley ambiental y se hagan de forma amigable con las comunidades.
En ese sentido, llamó la atención su apoyo público, en una entrevista en diario Pulso, a la central Alto Maipo. ¿En qué se traduce ese apoyo?
Voy a partir contestando la pregunta de una manera distinta. En qué es lo que no se traduce. Ese proyecto tiene una resolución ambiental aprobada, cumple con todas las normas que la ley ambiental exige y, por lo tanto, la única forma de detenerlo es con un telefonazo. Y la decisión básica es que en este gobierno no van a haber telefonazos. Entonces, lo que estamos diciendo, es que se trata de un proyecto que cumple con todas las normas ambientales, que es muy importante, una central de pasada, hidroeléctrica, que significa energía limpia y barata y que está a pocos kilómetros de Santiago, donde se consume un tercio de toda la electricidad de Chile.
En esa entrevista usted hablaba del individualismo enervado en el país. ¿Las comunidades que se oponen a Alto Maipo serían un ejemplo de ese individualismo?
No, no los voy a tratar así, porque yo tengo mucho respeto y no aspiro a que los proyectos de energía en Chile se hagan con respaldo unánime.
¿Pero cómo distinguir entre comunidades que se oponen por individualismo enervado de aquellas que defienden intereses legítimos?
La dificultad para desarrollar proyectos en Chile en el sector energía tiene tres elementos. Primero, un Estado que obviamente no ha hecho bien su trabajo, porque no es concebible tener un sector de energía con un Estado ausente y distante como ha sido hasta ahora. Segundo, no vamos a conseguir destrabar este sector si las empresas no le dan la debida importancia a una gestión social y ambiental de calidad. Tercero, estoy constatando que hemos vivido un período muy largo de un individualismo exacerbado donde cada uno se preocupa de lo suyo y el bien común no existe. En mis visitas a distintas comunidades a lo largo de Chile, he planteado reiteradamente que el bien común existe, que lo representa el Estado y que no podemos dejar de reconocer que estos proyectos tienen un impacto y que en algo debe contribuir cada uno para que esto salga adelante. Y claro, mientras más individualismo hay en la sociedad, más difícil es que cada uno esté dispuesto a contribuir.
¿A HidroAysén le tocó lidiar con algo de ese individualismo exacerbado?
Es un proyecto muy controversial por su tamaño, por su localización, por ser un proyecto de embalse, por el tema de transmisión y habían, creo yo, muchas razones de diseño y ejecución del proyecto que lo entramparon.
¿Tiene algún futuro, ya sea dividiéndolo o incorporando nuevos socios?
Lo único que puedo comentar es lo siguiente: es un contrasentido que en Aysén tengamos los dos ríos más caudalosos de Chile, el Baker y el Pascua, los dos ríos más regulares en cuanto a caudal, y que en esa misma región el 50% de la capacidad instalada para generación eléctrica sea petróleo diésel. En una ciudad como Coyhaique, que ha tenido decenas de emergencias ambientales este año por el impacto que tiene en el medio ambiente el uso de leña húmeda. A una ciudad contaminada, que le agreguemos generación con el combustible más sucio, es un contrasentido. Por eso, hemos tenido discusiones con la región, con distintos actores, para comenzar a pensar una estrategia que le permita a esa región usar sus aguas para generación de energía eléctrica.
¿Entre esos actores ha conversado con los socios de HidroAysén?
Ellos no han participado de estas reuniones en la región.
¿Y en otras? ¿Usted ha tenido reuniones con ellos para ver otras opciones de desarrollar el proyecto?
El caso está en el Tribunal Ambiental por una apelación que ellos han iniciado y no me ha parecido prudente conversar con HidroAysén mientras eso no se resuelva.
El ministerio encargó un estudio de cuencas, pero como usted decía sabemos, por ejemplo, que los ríos más caudalosos y regulares y sin explotación hidroeléctrica están en la zona austral. ¿Para qué, entonces, el estudio? ¿Para respaldar lo que ya sabemos?
Hemos licitado y adjudicado este estudio a una firma canadiense en conjunto con la Universidad Católica. Les presentamos 15 cuencas y les pedimos que nos identifiquen cuáles son las seis principales, desde el punto de vista de su potencial hidrológico.
Me cuesta creer que eso no lo sabemos...
No lo sabemos. Es información dispersa. Pero es fundamental, porque no se trata sólo de un estudio de caudal hidrológico, sino uno integral que incorpore todos los elementos necesarios para determinar cuáles son las cuencas de mayor potencial. No es solamente dónde está el recurso hidrológico, sino también el menor impacto social, cultural, ambiental. Se trata de un plan piloto y esperamos poder hacerlo con todas las cuencas de Chile para, a partir de éste, avanzar en el ordenamiento territorial.
Se suele acusar a Endesa de acaparar derechos de agua que impiden el desarrollo de más proyectos hidroeléctricos. ¿Comparte esa crítica?
No me gusta el perro del hortelano, ése que no come ni deja comer. Si hay empresas que tienen derechos de aguas, es para usarlos y no para bloquear ni ocuparlos como barrera de entrada para otros.
¿Lo hace Endesa?
Vamos a presentar un proyecto de ley y se está discutiendo. La idea, sin ponerle nombre a ninguna empresa, es asegurarnos de que las empresas con derechos de agua los tengan para usarlos y, si después de un tiempo no los usan, los pierden.
Usted hablaba del clima de inversiones, lo que supone que la agenda ha recibido respaldo del sector privado.
Así es, así lo hemos percibido.
Pero parece que en la industria del gas no están tan contentos.
Pero se van a poner contentos con el tiempo. Hemos hecho un esfuerzo muy consistente por introducir más competencia a este sector y por mejorar la calidad de la regulación, perfeccionando el funcionamiento de los mercados.
Hay un informe preliminar, encargado por este ministerio, que habla de rentabilidades excesivas en Metrogas. ¿Viene a respaldar la impresión que ustedes ya tenían?
Yo he recibido solamente el informe preliminar. Tuvimos esta semana un seminario, organizado por el Banco Mundial, con la presencia de varios especialistas expertos en esta temática. El día previo, la Comisión Nacional de Energía convocó a 30 representantes de las empresas y consultores para informarles preliminarmente la metodología que se estaba utilizando para determinar la tasa de rentabilidad de las empresas de gas. Esa información apareció en la prensa, porque en la reunión había 30 personas, e indica que Metrogas está excedida en su tasa de rentabilidad máxima permitida. La regulación que tenemos en Chile en materia de distribución de gas es muy precaria e insuficiente. Es una ley de 1935, reformada en 1989, y que limita a 11% la rentabilidad de las empresas distribuidoras de gas. Los números que tenemos hoy nos permiten validar que, efectivamente, Metrogas en el año 2013 excedió esa tasa significativamente.
Pero ustedes ya en la agenda advertían que este sector, cito textual, “no opera con regulación que proteja al consumidor, observándose bajos niveles de competencia y nos preocupa el alto nivel de precios en comparación al resto del mundo”.
Cierto. Si uno ve, primero, que tenemos uno de los precios del gas más altos del mundo. Segundo, que Chile no tiene gas propio, que lo importa y lo hace a través de terminales portuarios en Quintero y Mejillones. Y que el dueño del terminal de Mejillones es el mismo dueño del gasoducto que trae el gas a Santiago; que es, a su vez, el dueño del city gate en Santiago, que es el dueño de la red de distribución de gas de Santiago o del 80% del mercado, y que además es el dueño del sustituto que se dice que es el motivo para no tarificarlo, claro que tenemos preocupación. Porque no nos gusta tener este nivel de precios, porque no es razonable.
¿Cómo pretenden intervenir?
Lo dijimos en la agenda y en el seminario nos respaldaron especialistas internacionales de primer nivel. Primero, que el nivel de regulación que tenemos en Chile es completamente insuficiente. Que este es un mercado que en el mundo es regulado. Que nuestra regulación es insuficiente y hace mucho daño a los precios. Cuando decimos que Chile tiene problemas de competitividad o productividad estancada, pongamos atención a que uno de los motivos es el alto costo energético y, en particular, el del gas.
¿Supone un proyecto de ley?
Vamos a implementar varias iniciativas. En primer lugar, una vez que tenga el informe definitivo en la primera quincena de octubre, vamos a discutir la situación con el Tribunal de la Libre Competencia y, paralelamente, presentaremos el próximo año un proyecto de ley para asegurarnos que tengamos una regulación que permita, por un lado, a los consumidores estar debidamente protegidos y, por el otro, introducir certeza en el sector empresarial. Porque queremos que haya más gas y redes de gas en Chile. Queremos ver más hogares y empresas conectadas, pero no a estos precios.
Ellos dicen que van a hacer sus propios estudios. ¿El ministerio los va a considerar?
Aquí la discusión sobre la tasa de rentabilidad es, principalmente, una discusión sobre cuáles son los activos a considerar. Cuando me fueron a convencer que me cambiara del gas licuado a gas de red, me instalaron una cañería, me adaptaron el calefón, la cocina y me dijeron que todo eso era una promoción, eso no puede ser parte del activo de las empresas. Porque eso, perdóneme, no corresponde, no se hace así en ninguna parte del mundo. Es mi casa, es mi cocina. Le cambian el quemador, para que me convenza de usar gas de red, y después lo activan en el balance de la empresa. Eso no corresponde.
Usted volvió de EE.UU. con un acuerdo para importar shale gas. Parece una buena noticia, pero lo que importa es el precio.
Cierto.
Según una información de Pulso, un informe encargado por la CNE indicaría que el shale gas llegaría a precios muy similares al GNL que recibimos hoy.
Lo que nosotros estamos diciendo es que queremos tener más gas natural en nuestra matriz para sustituir algo que es más caro y más sucio, como es el diésel. El impacto de traer más gas se produce por la sustitución de un combustible más caro y más sucio. No puedo anticipar el precio del shale gas en dos o tres años, pero sí avanzar en contar con una matriz energética equilibrada, diversificada y sustentable.
Y conseguir un 25% de rebaja en los precios de licitaciones de suministro, como dice la agenda, y para eso se necesita suministro más barato, independiente de su origen.
Para eso se requieren varias cosas. El objetivo principal del proyecto de ley que presentamos sobre bases de licitación es contar con más competencia en el mercado. El proyecto nos permitirá llamar a licitación en marzo de 2015 para recibir los sobres en marzo de 2016, oferta que será suministrada a partir de 2021. Tendremos unas bases de licitación que generen más oferentes.
¿Competencia que se traduzca en menores precios o en un determinado tipo de matriz?
Nuestro primer objetivo es precios y conseguirlo con una matriz diversificada y sustentable.
Pero cuando pone el énfasis en el tipo de suministro se corre el riesgo de que decisiones políticas terminen imponiéndose por sobre conveniencias de precios.
El punto principal es que necesitamos una matriz diversificada y equilibrada. Mire lo que nos pasó con el gas argentino. Lo consideramos en su momento un precio maravilloso hasta que se acabó el gas. Visto retrospectivamente, ¿ese precio era barato o caro? Por eso que yo no veo este conflicto entre aspirar a precios razonables, pero no hacerlo con visión de corto plazo.
Vuelvo al tema de la confianza empresarial. ¿Se considera uno de los ministros que mantiene mayor nivel de contacto con el mundo privado?
Pero eso es algo obvio, porque todo mi desarrollo profesional ha estado ligado al mundo empresarial y entonces, obviamente, tengo ahí unas relaciones creadas desde hace mucho tiempo.
¿Cree usted que el gobierno necesita afianzar más los lazos con el mundo empresarial?
Tenemos un muy buen comité económico de ministros, presidido por el ministro Arenas. Ahí se dan estas discusiones de manera habitual...
Pero estará de acuerdo en que los llamados a una alianza público-privada se escuchan más desde La Moneda que desde el sector privado.
Yo voy a hablar desde mi ministerio y, le digo una cosa, recibo regularmente empresarios nacionales y extranjeros, todos ellos muy interesados en invertir y donde esta cooperación es cotidiana.
¿Le ha planteado la Presidenta la posibilidad de un cambio de cartera?
No.
¿Se cambiaría de ministerio?
No. No es tema de mi resorte.
La colombiana EPM, Gas Natural Fenosa, Endesa, Enap y la japonesa Mitsui han realizado consultas al gobierno.
Metrogas es la empresa que distribuye gas natural por redes en la Región Metropolitana, abasteciendo a unos 500 mil clientes.
De prosperar la intención del gobierno de abrir las redes de distribución de gas natural del país, replicando el modelo de la transmisión eléctrica, no tardarían en aparecer los interesados por entrar a este negocio.
Estos nuevos actores ingresarán a competir con los operadores actuales: Metrogas, GasValpo, GasSur, Intergas y Gasco Magallanes.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, dijo que al menos cinco firmas han manifestado su interés al gobierno: la colombiana Empresa Pública de Medellin (EPM), la española Gas Natural Fenosa, la japonesa Mitsui, la eléctrica Endesa y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
“Nos señalaron estar eventualmente interesadas en entrar a la comercialización de gas natural a nivel de clientes residenciales e industriales. Esto nos obliga a establecer un marco regulatorio que posibilite que estas y otras compañías hagan los estudios y vean si es un buen negocio”, dijo Romero.
Tanto EPM como Gas Natural Fenosa han expresado su intención de entrar o reforzar su presencia en el mercado energético local, y la distribución de gas es una alternativa.
Endesa, Enap y Mitsui, en tanto, buscan suministrar el hidrocarburo a industriales.
Romero explicó que estos comercializadores supondrán impulsar un cambio legal que permita abrir las redes de distribución (gasoductos), que son propiedad de las empresas. Esto podría ser parte del proyecto que se enviaría al Congreso el primer trimestre de 2015.
Acá, el modelo que se estudia sería similar al que existe hoy en las redes de transmisión eléctrica, donde los usuarios pagan un peaje al dueño de la red por su utilización, y también promover su ampliación.
“En el país tenemos que profundizar el desarrollo de las redes. Estamos estudiando cuales son los mecanismos para estos, y nos interesa que, especialmente, la zonas del centro sur, que son intensivas en calefacción, puedan tener al gas natural como una verdadera alternativa”, dijo.
Nueva regulación
El viernes, la CNE en una reunión privada reveló a los representantes de las distribuidoras de gas por redes, los principales puntos de la regulación que impulsará.
La idea del gobierno es establecer una metodología tarifaria basada en un modelo de empresa eficiente (tal como en otros sectores, como agua, electricidad y telecomunicaciones), donde se calculará una tasa de costo de capital en cada proceso, un valor agregado de distribución (VAD), y fórmulas de indexación, con una periodicidad de cuatro años.
Como se adelantó, se implementará un mecanismo de solución de controversias, integrando al gas por redes a la órbita de competencias del Panel de Expertos eléctricos y se reducirá en un 50%, de 5% a 2,5%, el spread de rentabilidad que se suma a la tasa de costo de capital (hoy en 6%). Además, se mantendrá el actual modelo de chequeo de rentabilidad anual.
