El Ejecutivo notificó que la iniciativa que hoy se tramita, y que preocupa a las mineras, no cumple con el objetivo.

Tras varios meses mirando desde lejos el avance del proyecto de ley de protección de glaciares, la semana pasada el gobierno notificó al Congreso de su decisión de intervenir de manera activa en la discusión.

Actualmente se tramita en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados -que preside el PS Daniel Melo- un proyecto de ley presentado por un grupo de nueve parlamentarios, entre ellos Giorgio Jackson, Andrea Molina y Camila Vallejo. El texto de ese proyecto ha sido considerado por algunos sectores, como la minería y la geotermia, como excesivamente restrictivo, pues limita duramente cualquier actividad productiva en los glaciares o incluso en sus cercanías.

El texto del proyecto plantea que una vez que la ley esté vigente, “no podrán realizarse en glaciares, zonas glaciares y periglaciares (…) actividades que generen impactos significativos o daños irreversibles”. Esto, en la práctica, prohibe cualquier actividad productiva en las cercanías de los glaciares, lo que afecta a minas hoy operativas como Los Bronces, Andina, El Teniente y otras.

En las últimas semanas, la rápida tramitación de esta iniciativa -sumado a la poca participación del Estado en el proceso- encendió la luz de alerta entre empresas de estos sectores y otras por las negativas consecuencias que tendría.

Pero la semana pasada un grupo de los parlamentarios autores de la moción se reunió con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para tratar este tema, instancia en el que la autoridad planteó sus reparos al proyecto y anunció que el Ejecutivo propondrá su propia iniciativa, la que contendrá cambios sustanciales respecto a la que hoy se discute. Se definirá si enviará indicaciones o derechamente un proyecto completamente nuevo al Parlamento.

En la cita, el ministro además les planteó a los diputados sus aprehensiones al proyecto de ley, que considera es muy restrictivo.

“En esa reunión el ministro le planteó al presidente de la comisión (Daniel Melo) la problemática que se tenía y cuáles eran los caminos a seguir. Nosotros propusimos tener la posibilidad de generar un trabajo en conjunto para unir el trabajo de las partes. Si bien el gobierno está de acuerdo en que debe haber una ley de glaciares y que esto debe hacerse cuanto antes, está en desacuerdo con algunos puntos importantes de la moción”, señaló la diputada (UDI) Andrea Molina.

En concreto, al Ejecutivo le parece, según Molina, que el proyecto de ley es demasiado amplio y que al expandir tanto su rango de acción termina por no resguardar adecuadamente el objetivo final. Además, tampoco está de acuerdo con que la ley limite todo tipo de actividades.

Otra diferencia con el trabajo de la comisión fue que no se invitara a la Dirección General de Aguas (DGA) -único organismo del Estado que cuenta con un departamento de glaciología- al debate sobre el proyecto de ley, considerando que sí asistieron otros expertos y representantes de organizaciones y empresas.

Desde el gobierno no hubo comentarios al respecto, aunque sí se señaló que en los próximos días habría novedades.