Por Juan Pablo Palacios


Rafael Aldunate es uno de los nombres que planteó al gobierno el senador de RN José García Ruminot tras la firma del protocolo de acuerdo de la reforma tributaria, para que integrara la comisión asesora transversal que entregará recomendaciones sobre la nueva institucionalidad para la atracción de la inversión foránea en Chile.

Aldunate hoy es director de empresas, presidente de la comisión económica de RN y tiene experiencia en la materia, pues fue responsable del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) y de Prochile.

A juicio del experto, un tema clave que tiene que abordar la comisión es impulsar un estatuto que reemplace al ya derogado Decreto Ley 600.

- ¿Qué evaluación tiene de los 40 años de operación del DL 600?

- Las cifras son el mejor plebiscito, el DL 600 ha tenido una vigencia y ha sido atemporal, es decir, tiene una sustentación en el tiempo y siempre fue el primer canal de inversión. Además, no tiene ningún tipo de odiosidad ni ningún grado de discriminación respecto de la inversión local y la extranjera, sólo da garantías al inversionista del exterior. Más de alguna vez se le quisó revisar, pero lo único que se le hizo fue modernizarlo en algunos ámbitos y perfeccionarlo en otros. Este estatuto de inversión extranjera es un instrumento que cumplió largamente las expectativas y ha sido modelo para otros países.

- ¿Fue un error entonces eliminarlo?

- Yo no lo hubiera derogado, lo habría perfeccionado, puesto al día, estando en sintonía con los mercados de capitales y los enunciados de la OCDE en este ámbito, pero partiendo del mismo chasis, que ha sido fructifero y evitando correr riesgos e incertidumbres.

- ¿Le parece adecuado el mandato de la comisión que se acordó en el protocolo de acuerdo tributario?

- Hay una delicadeza que habla bien en el sentido de que en el gobierno asumen que no son expertos en la materia, es un tema sensible, no quieren generar bulla y se llama a expertos. Se le dio seriedad al tema, se le entregó un tiempo determinado a un grupo transversal de gente que entiende de inversión extranjera, economía internacional o de gestión de empresas para darle un mayor acercamiento y una nueva institucionalidad, plasmando las recomendaciones que dé la comisión para que el Congreso las tome como tal y las transforme en ley.
Creo que el orden de los factores altera el producto, hubiera sido mejor fijar una arquitectura antes que la derogación (del DL 600). En todo caso, se dio un plazo a enero para enviar el proyecto de ley y no dejar en ascuas esta circunstancia.

- El CIE ha dicho que el mandato apunta a potenciar a esa entidad como una agencia de atracción de inversión extranjera.
- Ahí tengo un problema de interpretación o una pregunta sin respuesta, porque por un lado se reconoce como motor de desarrollo a la inversión extranjera y no hay un cuestionamiento a su fondo. También se quiere potenciar y dar más recursos a la agencia que promueva y atraiga la inversión extranjera, pero falta lo esencial: cuál va a ser el chasis o las reglas del juego con que va a actuar la inversión extranjera. Creo que va a haber bastante convergencia en que conviene promoverla, además hay estudios que apuntan a que cuando se gasta un dólar en promover inversión extranjera, a lo menos te llegan 200 dólares de vuelta (…) Considero que hay muchísimo que rescatar del DL 600, en términos de perfeccionamiento, modernización y ponerlo en sintonía con los países desarrollados.

- Entonces, ¿se requiere un estatuto que reemplace al DL 600?

- No puede no existir aquello, ya tiene certificado de defunción el DL 600. Hay que actuar en consecuencia de los hechos y ello nos lleva a levantar la mirada, pero sin desconocer todo lo virtuoso que tuvo el DL 600. El paréntesis tiene que ser lo más breve posible, sin cambios radicales y debe estar en sintonía con lo que el mundo está sintiendo y pensando. Hay un reconocimiento en el mundo a las ventajas de la inversión extranjera. Necesitamos un chasis legal que sea claro, diáfano, que no se preste a equívocos y que dé los estímulos necesarios, pero sin dar ningún tipo de subsidio, y que no sea un contrapunto a la inversión local.

- Pero el Ejecutivo ha dicho que no se requiere un nuevo estatuto porque la Constitución, el capítulo XIV del Banco Central y los tratados comerciales ya dan garantías a la inversión extranjera.
- Sí hay resguardo en la Constitución y en los tratados comerciales, eso es insustituible. Pero creo que el inversionista extranjero quiere un interlocutor claro y permanente, porque al invertir en otro país está arriesgando su nombre y su capital y, por lo tanto, quiere reglas muy claras. Hay variables macro y sociales que tomará en cuenta, pero también va a querer claridad en el ámbito de remesa de capitales, en qué sectores no puede invertir. Reconozco también que llenarse de contratos puede ser una burocracia mayor, pero por otro lado no somos un país con riesgo cero para no tener una base de cimientos y una plataforma que le dé garantías, claridad y reconocimiento a la inversión extranjera.

- ¿Usted realizará alguna propuesta en esa línea?

- Es clave que una agencia de promoción y atracción de inversión tenga mayores recursos y que haya una vocación y sensación de que el país le da importancia a esto. No hay que olvidar que el inversionista negocia con el mercado, no se le pueden imponer criterios, ni puede ser selectiva la inversión extranjera, eso sí buscaremos que haya consciencia social, respeto con el medioambiente y que aporten valor agregado al país.

Inversión extranjera: OCDE entregará antes de fin de año informe sobre institucionalidad

La comisión de expertos pro inversión extranjera volverá a reunirse el lunes 29 de septiembre.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) está asesorando al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), en su nueva estrategia y estructura como agencia de promoción de inversiones.

El nuevo rol de la repartición es parte de las medidas de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento y está en sintonía con el mandato de la comisión asesora de expertos, que se constituyó el 15 de septiembre, con el fin de proponer nueva institucionalidad para la atracción de capitales del exterior.

Dicha instancia forma parte del protocolo de acuerdo de la reforma tributaria.

La asesoría a la OCDE fue solicitada a mediados de mayo por el CIE y el informe final con recomendaciones será entregado antes de fin de año.

La idea del servicio es alinearse con las mejores prácticas internacionales para la atracción de inversión foránea y contar con una estructura institucional que esté respaldada por la OCDE.

"Chile necesita hoy una institucionalidad para la inversión extranjera propia del siglo XXI, que incorpore los mejores estándares internacionales que ya han mostrado ser exitosos en el mundo. Hay que tener claro que la competencia por atraer inversión extranjera es una carrera global en la que hoy tenemos un modelo del año 74. Es momento de avanzar", señaló en su momento el vicepresidente del CIE, Jorge Pizarro Cristi.

El equipo de la OCDE ha desarrollado un diagnóstico y una propuesta de trabajo al CIE, enmarcada dentro de la estrategia de la autoridad, que apunta a atraer inversión productiva en sectores económicos estratégicos y en regiones donde es más necesaria.

En ese plano, energía, servicios, infraestructura e innovación aparecen como las áreas productivas donde es necesario impulsar la llegada de capitales desde el exterior.

De todos modos, trascendió que el análisis que está elaborando la OCDE será entregado como insumo de trabajo a la comisión de expertos que propondrá una nueva institucionalidad en el área.

"El perfeccionamiento y modernización de la institucionalidad pasa por la OCDE, organización de la que somos parte y tenemos que cumplir las mismas normas y estándares", señaló una fuente bien informada del trabajo de la comisión asesora.

Como supuesto previo, el mismo personero dice que es sabido que la mayoría de los países desarrollados no tienen contratos que den garantías exclusivas al inversionista extranjero, "muy pocos tienen subsidios y franquicias especiales y la carga tributaria se sitúa en torno al 30%", puntualizó.

En los próximos tres meses la instancia técnica que preside el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, desarrollará cinco sesiones de trabajo y entregará un informe final al gobierno con recomendaciones a más tardar en enero de 2015, el que además de una nueva institucionalidad incluirá una propuesta para potenciar al CIE como una agencia de atracción de inversiones.

El Ejecutivo se comprometió a plasmar en un proyecto de ley las propuestas que hagan los expertos en la materia.
La próxima reunión de trabajo de los expertos será el próximo lunes.