El Gobierno embistió ayer contra los empresarios del G-6 por haber ratificado que irán a la Justicia a pedir que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que “ahora” se va a saber si ese poder“protege a los más débiles o a los más fuertes”, a la hora de resolver la presentación que harán las entidades fabriles.

Precisamente, los miembros del G-6 (que nuclea a la UIA, la Rural, Las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa y los bancos privados nacionales) se reúnen hoy para definir la estrategia judicial. Recibirán a representantes de los tres estudios de abogados que contrataron y cuyos nombres mantienen en reserva. Por lo que deslizaron, no hay una opinión única de los letrados acerca de los pasos que deben realizar en Tribunales.

En primer lugar, el G-6 no puede hacer una presentación como tal ya que no se trata de una entidad inscripta sino una sumatoria informal de entidades. Por lo tanto, cada entidad deberá hacer la presentación por su cuenta. El otro tema es si la denuncia debe realizar antes de que la ley se aplique, de manera preventiva, o luego de un caso concreto.

Lo cierto es que el presidente de la Sociedad Rural, Luís Etchevehere, ratificó ayer que los empresarios recurrirán a la Justicia para rechazar la ley. “Vamos a cuestionarla judicialmente”, expresó, al término de una reunión del Grupo de los 6 en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA). “Vamos a pedirles a los abogados un dictamen para ver cuál es la mejor estrategia”. Según Capitanich, con esta iniciativa, “lo que pretenden estos grandes grupos empresarios es castigar a los mas débiles”.