Por Silvia Naishtat.

En el que fue un día en el que el Gobierno no aflojó con las presiones para evitar que la Ley de Abastecimiento llegue a la Justicia, anoche el Grupo de los Seis que cobija a las principales cámaras empresarias, decidió por unanimidad recurrir a la Justicia para reclamar que se declare inconstitucional la iniciativa votada casi en exclusiva por el oficialismo el pasado jueves por la madrugada. También acordó esperar las recomendaciones sobre el camino a seguir por parte d e los tres estudios jurídicos que contrataron, cuyos nombres mantienen en reserva.

El primer paso de la decisión empresaria comenzó a gestarse en la reunión que tuvo ayer el comité ejecutivo de la Unión Industrial. Los directivos, que no se encontraban desde fines de agosto, llegaron a la tradicional sede de avenida de Mayo a las 13 con ánimo de discutir. Y se llevaron una sorpresa. El presidente de la entidad, Héctor Méndez, no asistió ya que estaba citado al ministerio de Economía para una entrevista con Axel Kicillof. Esa cita siguió a la que ya habían mantenido el último lunes, como reveló Clarín, con Augusto Costa. El lunes en su despacho, el secretario de Comercio prometió a Méndez, al vice de la UIA, Daniel Funes de Rioja y a su secretario José de Mendiguren, una reglamentación más flexible de la ley a cambio de evitar su judicialización.

Pero Funes de Rioja, que presidió junto a Cristiano Rattazzi ayer la mesa chica de la entidad, planteó que una reglamentación no puede alterar el espíritu de una ley que “no es razonable ni constitucionalmente aceptable”.

Ayer en la UIA y en el ardor del debate, uno de sus dirigentes invitó a no caer en la trampa y señaló que el objetivo del Gobierno era quebrar el bloque empresario.

En ese momento dejaron por escrito la posición, conscientes que iba a impulsar la decisión posterior del Grupo de los Seis: “La Junta Directiva reafirmó su rechazo a la aplicación de la Ley de Relaciones de la Producción y Consumo (Abastecimiento), que constituye una violación a la Constitución Nacional al otorgar una delegación abierta al Poder Ejecutivo. En este sentido, la entidad, en conjunto con el G-6, está evaluando posibles acciones judiciales a desarrollar”.

A eso de las 16 llegó Méndez. En su ausencia se había improvisado de urgencia un encuentro más amplio con las entidades del Grupo de los Seis. Es decir, la Bolsa. los bancos de capital nacional, la Rural y las cámaras de Construcción y Comercio. Hasta la semana pasada la posición del G-6 era monolítica en el rechazo a la ley de abastecimiento y se proponía como salida recurrir al amparo judicial. Anoche esa fue la posición dominante y por unanimidad decidieron recurrir a la Justicia para pedir la incostitucionalidad de la ley.

En el G-6 las cámaras de Comercio y Construcción plantearon que eso no significa que se caigan negociaciones. La Rural en la figura de su presidente, Luis Etchevehere, planteó que mantendrá su posición de siempre. “Nosotros no acompañamos la ley desde el principio y no vamos a negociar su reglamentación”, sostuvo. Los empresarios irán ahora en bloque a la Justicia y no parece probable que, al menos en el corto plazo, esa posición vaya a desvanecerse.

Los hombres de negocios se reunieron con el secretario de Comercio Augusto Costa por la reglamentación de la nueva Ley de Abastecimiento.

El funcionario desplegó la nueva estrategia oficial: quebrar al frente empresario, que hasta ahora se movió en bloque rechazando la ley. Hay algunos industriales que aceptarían trabajar en conjunto con el Gobierno y negociar lo que será la letra chica de la aplicación de la ley, pero el campo se niega rotundamente a esta posibilidad.

El lunes por la mañana llegaron al viejo edificio de Julio Roca al 600, Héctor Mendez, Daniel Funes de Rioja y José Ignacio de Mendiguren. “Señores, o dialogamos y trabajamos en conjunto o nosotros iremos a fondo con la reglamentación de esta ley. Yo me puedo ir mañana de este despacho pero el que venga tendrá en sus manos la ley reglamentada”, los amenazó Costa en un encuentro que duró una hora y media.

Costa los invitó a que ofrezcan sus opiniones en relación a cómo debería ser la reglamentación a cambio de que la UIA de un paso al costado en sus amenazas de ir hasta la Corte Suprema para evitar que se aplique la ley, indicó el diario Clarín. “Ustedes son la corpo, nosotros defendemos a los consumidores. Elijan ustedes si quieren judicializar”, advirtió Costa.

Méndez (que hoy se reunirá a solas con Axel Kicillof) y De Mendiguren reconocieron dificultades para dar marcha atrás con la “judicialización”. El llamado “Grupo de los seis (G-6)”, que reúne a las principales entidades empresarias lanzó un duro comunicado advirtiendo que consideran a ley de abastecimiento “intervencionista”, y acordaron que recurrirán a la Justicia para que la declare “inconstitucional”.

“No podemos ahora retroceder en los pasos dados, ¿por qué no lo llamaste a Luis Etchevere que es el más duro en su posición en vez de plantearnos esto a nosotros?”, dijo uno de los industriales en relación al presidente de la Sociedad Rural. “Muchachos, yo con Etchevere no me voy a reunir. Esa tarea se la dejo a ustedes. La semana que viene tenemos que tener una respuesta”, contestó Costa, que, según los empresarios, de a poco va abandonando la bandera del pacifismo que supo caracterizarlo desde el comienzo de su gestión, agregó el matutino.

El Secretario de Comercio también recibió a la Cámara de Comercio y a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pero no recibió a ninguna entidad de las que agrupa al campo.

En el G-6 hay algo que los divide especialmente y es la necesidad de los industriales de tener dólares para importar. “Y el acceso a las divisas depende de Costa por lo que no nos conviene confrontar tanto”, admitió un empresario. “Costa nos pide un imposible”, dijo al citado matutino el titular de una importante empresa. “Nos quieren romper el frente monolítico empresario. Quieren evitar la judicialización prometiéndonos que podemos tener algún beneficio en la reglamentación cuando en realidad la ley ya salió y el texto es claro”, dijo en estricto off el industrial consultado.

Por Ariel Maciel.

El Gobierno les informó a las cámaras empresarias los detalles técnicos de la reglamentación que realizará en los próximos días de la resistida ley de Abastecimiento. El objetivo del Ejecutivo nacional fue “tranquilizar” a los hombres de negocios por los efectos de la nueva norma y con algunos abrió la posibilidad de participar de las reuniones técnicas para proponer modificaciones en la letra fina de la iniciativa.

Fue a través de tres reuniones que mantuvo con la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que dieron inicio una ronda de diálogo que días atrás anticipó BAE Negocios. Durante el resto de la semana desfilarán otras entidades afectadas directamente por la nueva legislación aunque habrá ausentes, como el caso de la Sociedad Rural.
El primer encuentro fue con la UIA, en donde el secretario de Comercio, Augusto Costa, le transmitió a la entidad industrial el trazo grueso de la futura reglamentación. La reunión se restringió a “brindar información técnica” e “intentó aclarar que no va a ser nada raro” en la aplicación de la nueva ley, según señaló uno de los integrantes de la cúpula industrial.

La propia UIA reclamó la participación en las rondas de consultas de todas las cámaras que integran el Grupo de los Seis, y si bien habrá participación de otras entidades, quedó cerrada la puerta para el ingreso de la SRA.

Otro integrante del G-6 que pasó por la Secretaría de Comercio fue la CAC. En soledad, su presidente Carlos De la Vega ofreció participar de reuniones de técnicos para la letra chica de la reglamentación. Si bien los comerciantes aclararon que una “reglamentación no modifica las leyes” buscarán, a través de su participación, “aclarar expresiones amplias y generales y queda a disposición del funcionario que las aplique”.

De hecho, la Comercio fue la única entidad que presentó observaciones al proyecto de ley y buscó conciliar posturas con el Gobierno. Aunque ratificó ante Costa la vía judicial por la que optará el G-6 ante la sanción y la promulgación de la ley. La aclaración fue a pedido de Costa, que indagó sobre el estado de situación de esa avanzada legal.

“Nos fuimos satisfechos porque fue una conversación franca y se conformó la posibilidad de participar de las reuniones técnicas para hacer aportes a la reglamentación. Eso va en línea con lo que hicimos; es decir, solicitar modificaciones, de las cuales la mitad fueron aceptadas”, dijo De la Vega.

Por el despacho de Costa además pasó la CAME, una de las entidades que festejó la exclusión de las pymes del proyecto que la semana pasada votó la Cámara de Diputados.