Por Mario Fiore

Atrapado por la crisis de las economías regionales extrapampeanas, que fueron las más tempranas víctimas de un modelo económico en caída libre, y que ha puesto en jaque la matriz productiva de Mendoza basada históricamente en la vitivinicultura y la fruticultura, el Gobierno provincial decidió rever su posición respecto de la minería metalífera. La jugada, basada en la necesidad de sacar a la economía mendocina del coma, también tiene un sustento político ya que hay detrás un cálculo electoral que tiene que ver con la supervivencia del partido gobernante más allá de 2015. 

Hasta hace sólo dos meses, el gobernador Francisco “Paco” Pérez estaba en desacuerdo con impulsar nuevos proyectos mineros en la provincia, atento a que fue él en persona, como candidato en 2011, quien pidió a los legisladores peronistas que no le dieran el aval a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge. Su palabra empeñada ante los mendocinos “estaba en juego”, dijo el mandatario a los intendentes y líderes del PJ que lo escucharon en el Centro de Congresos de San Martín el 28 de julio. Sin embargo, en ese cónclave quedó firme la idea de utilizar la minería no sólo como tabla de salvación en el último año de gestión sino como principal herramienta de militancia en el año electoral. 

“¿De qué querés que salgamos a hablar cuando nos larguemos como candidatos? ¿De seguridad, de hacer más viviendas?”, dijo irónicamente a Pérez un dirigente peronista que, a pesar de medir bien en las encuestas, es uno de los pocos que no se ha lanzado como precandidato oficialista. Fue ahí que el mandatario entendió que la minería podía servir al PJ como salvoconducto para no entrar en debates más espinosos para el actual gobierno, terrenos a los que seguramente lo querrán llevar los candidatos de la oposición. 

Actualmente Pérez es quien está al frente de llevar a la práctica esta estrategia política. Mandó a la Legislatura dos nuevos proyectos mineros, Hierro Indio y Cerro Amarillo, que la Casa de las Leyes comenzó a debatir esta semana, y logró poner incómoda a la UCR, el principal partido de oposición, donde hay posiciones divergentes sobre el tema. “Nosotros imaginamos que en 2015 se pueda dar una especie de plebiscito sobre la minería. En ese escenario, que haya partidos que sigan apostando a la Mendoza verde y nosotros, en el PJ, seamos los únicos que planteemos una Mendoza con chimeneas y fabril, abierta a una nueva matriz económica”, explican algunos popes del peronismo. 

Según un importante dirigente del Gran Mendoza, el tema está siendo medido por consultoras a pedido del Gobernador. “Hoy hay un 60% que dice estar a favor de que se discuta la minería”, asegura esta fuente. “Sólo un 20% está decididamente en contra, el otro 20% no sabe o no contesta”, agrega. “Si logramos capturar el voto del 40% que terminará estando a favor, entonces tenemos chances de ganar la provincia”, explicó la misma fuente. 

De los candidatos a gobernador que tiene el peronismo, al menos cuatro están a favor de que se discuta la matriz productiva de la provincia para abrir la puerta a la minería: Dante González, diputado nacional y sindicalista petrolero; Omar Félix, ex intendente de San Rafael y representante de Mendoza en YPF; Rubén Miranda, intendente de Las Heras, y Adolfo Bermejo, senador nacional y ex intendente maipucino. Hay jefes comunales, como Juan Agulles, de Malargüe, que son aún más ofensivos y meten presión para que la Suprema Corte declare inconstitucional la ley 7.722 -de 2007- que prohibió la minería metalífera a cielo abierto. En cambio, los intendentes del Valle de Uco, Martín Aveiro (Tunuyán) y Joaquín Rodríguez (Tupungato) y el alvearense Juan Carlos de Paolo, responden a comunidades abiertamente anti-mineras. Atento a que las posiciones no son homogéneas, Pérez decidió avanzar de a poco, “proyecto por proyecto” y siempre dentro del marco de la ley 7.722. 

Para que el “tema minero” tenga el protagonismo que el justicialismo está proyectando para cuando los mendocinos vayan a las urnas, el mismo peronismo está analizando cada vez con más seriedad el desdoblamiento de los comicios provinciales de los nacionales. Aunque claro, hay sectores que están en desacuerdo porque tienen compromisos con Daniel Scioli, el principal candidato del Frente para la Victoria y el oficialista que más mide en Mendoza. Entre los que apoyan el desdoblamiento está Alejandro Abraham, diputado nacional y ex intendente de Guaymallén, quien propuso a sus compañeros que Mendoza tenga tres elecciones: las PASO nacionales, en la que se elegirán presidente y legisladores nacionales el 11 de agosto, y dos o tres semanas después, que la provincia tenga sus primarias, para que luego los candidatos seleccionados en ambas instancias converjan en la elección general de octubre, cuando se definirá quién gobernará el país y Mendoza. 

La propuesta de Abraham  tiene como objetivo no sólo ayudar a que el radicalismo no saque provecho en las PASO del efecto Cobos, que es candidato a presidente, sino evitar que los candidatos nacionales del FpV -básicamente Scioli- tengan poder de influir en la primaria de los peronistas mendocinos. Si tenemos en cuenta que Abraham es uno de los fundadores de La Corriente, junto al ultra-sciolista Carlos Ciurca, la desconfianza que reina en esta nueva línea partidaria queda al descubierto. 

Para que el debate minero cale entre los mendocinos que aún no han tomado posición, los peronistas que plantearán el tema “casa por casa” prometerán un fondo de desarrollo que se nutrirá con lo que dejen las empresas que exploten los suelos mendocinos y también con impuestos que paguen actividades subsidiarias de la minería.

“Si no, estaríamos vendiendo las joyas de la abuela. Hay que tener en cuenta que es un recurso no renovable”, explica Félix. Por su lado, Abraham propone que un 25% vaya al Fondo para la Transformación y el Crecimiento; otro 25% a mejorar la red de riego, otro 25% a Aysam y el restante cuarto a la política habitacional. “Estaremos dando un mensaje claro de que estamos apostamos por un cambio de la matriz productiva pero cuidando el agua, que para los mendocinos es sagrada, y sin descuidar las actividades que necesitan crédito del Fondo para la Transformación”, explica Abraham. 

En el radicalismo, las posiciones están divididas, sobre todo porque en el cobismo siguen defendiendo la ley 7.722 que hizo aprobar Cobos cuando fue gobernador. En cambio, hay dirigentes como el senador nacional Ernesto Sanz que están de acuerdo con que haya un debate amplio y que cada comunidad decida sí o no a un proyecto teniendo la debida información y luego de un proceso de debate de al menos un año. 

Lo que sí está claro entre los miembros de la UCR es que no quieren dejar que el Gobierno se apropie de un tema para tapar los problemas de gestión. La izquierda, por otro lado, tiene una posición combativa respecto de la minería y cree que si el PJ apuesta por ella, no hará más que ayudar al FIT a posicionarse como la tercera fuerza de la provincia, desplazando a partidos tradicionales como el PD, como sucedió en las últimas elecciones.