El radicalismo local volvió a pronunciarse en contra del acuerdo de gobernadores de provincias petroleras con la Nación en lo que hace a la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que prontamente tratará el Poder Legislativo.

En un documento firmado por Sergio Pinto, Gerardo Del Río, Laura Montero, Néstor Pares, Julio Cobos, Patricia Gimenez y Enrique Vaquié advierte que el acuerdo "viola la autonomía de las provincias sobre sus recursos naturales y en materia impositiva", en tanto que "sigue recostando sobre sus cuentas públicas el costo de las malas decisiones de política económica nacional".

Una vez más el Gobernador Pérez entrega autonomía y derechos de la provincia y de todos los mendocinos frente a los pedidos de Cristina y Kicillof. La propuesta de ley de hidrocarburos que acordó el gobernador con el Poder Ejecutivo Nacional genera actos de disposición y entrega de recursos de las provincias a la Nación en violación a lo establecido en el artículo 99° inciso 4 de la Constitución de Mendoza.

Los serios problemas de inversión que enfrenta el sector son producto de las distorsiones de las variables macroeconómicas en Argentina. Ni este proyecto y ningún otro enfrentan las causas de estas desviaciones. Mientras los costos son determinados por un dólar paralelo, los ingresos se computan por el dólar oficial con una brecha del 80% aproximadamente. Este gobierno lejos está de brindar a las empresas la seguridad jurídica y la estabilidad económica que reclaman para invertir.

En la década ganada la producción de petróleo pasó de 43.122.908 m3 en 2003 a 32.455.013 m3 en 2013, lo que significa una pérdida del 33% en todo el país. Más específicamente en Mendoza la ahora estatal YPF disminuyó en el período 2007-2013 un 27% su producción y la variación en lo que va del año 2014 representa una caída del 6%.

Este acuerdo realizado en forma secreta es una nueva pérdida de federalismo, pues la Nación por medio de una ley otorga prórrogas sobre los contrato de concesión existentes de exploración y explotación hidrocarburífera. Ahora las concesiones podrían llegar a un plazo de 45 a 55 años dependiendo del área, llegando inclusive hasta el año 2070, comprometiendo mediante decisiones a oscuras el futuro de varias generaciones de mendocinos.

La Nación determinará el dónde, el cómo y el cuándo se dispondrán los recursos hidrocarburíferos pues al decidir bajo la presión de los fondos discrecionales de Kicillof los pliegos licitatorios de las áreas que utilicen las provincias, estaremos perdiendo de hecho autonomía sobre nuestros recursos ya que dichos pliegos deberán contener las condiciones que impondrá seguramente el Ministro de Economía de la Nación.

Esta propuesta de ley vuelve a castigar las alicaídas cuentas provinciales estableciendo un tope máximo del 12% en concepto de regalías para las nuevas concesiones. Castiga a las empresas estatales de energía como EMESA prohibiéndoles la posibilidad de participar por medio del sistema de acarreo en las inversiones, pero se lo posibilita a las empresas privadas generando un negocio “inmobiliario” importante para capitales especuladores que no aportan inversiones.

El gobernador debe tener presente que el anexo 1 de este acuerdo establece un nuevo pacto fiscal al determinar una tasa límite del impuesto de Ingresos Brutos del 3%, la cual es inferior a la que tributan la mayoría de las actividades económicas de la provincia. Y además prohíbe una ampliación del porcentual vigente del Impuesto de Sellos.

Reclamamos al Gobernador, al representante por Mendoza en el directorio de YPF y en especial a los legisladores nacionales del Frente para la Victoria que se expresen en defensa de los intereses de la provincia y de los mendocinos. No se puede apoyar una propuesta que no soluciona el verdadero problema de la falta de inversión producto del desmanejo de la situación macroeconómica. Que viola la autonomía de las provincias sobre sus recursos naturales y en materia impositiva, y que sigue recostando sobre sus cuentas públicas el costo de las malas decisiones de política económica nacional.

Por Mario Fiore.

Frente al poco margen de acción que le deja a las empresas provinciales de energía el proyecto de ley consensuado por los gobernadores petroleros y la Nación para modificar la ley de Hidrocarburos (que comenzará a ser tratado por el Senado en una semana), Emesa apostará por desarrollar proyectos de energías alternativas (eólica, solar, del producido de basura e hidroeléctrica).

Así lo manifestó ayer Alejandro Neme, el presidente de la compañía provincial.

“De hecho, ya tenemos el financiamiento del Fondo Argentino Sectorial (Fonaser), que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología nacional, para varios proyectos. El primero está casi listo y lo desarrollará IMPSA (de la familia Pescarmona).

Se trata de un banco de ensayos de generadores eólicos que funcionará dentro del departamento de Energía de Emesa”, explicó el funcionario de Francisco Pérez. Dicho proyecto tiene financiamiento de 41 millones de pesos. Además, IMPSA participa de otro proyecto: la medición de vientos en el sur, en la zona de El Sosneado (San Rafael).

Por otro lado, está avanzado un proyecto para administrar “inteligentemente” los recursos hídricos y eléctricos según los terrenos que se deben regar, del cual participan Distrocuyo, el Ministerio de Energía y Emesa. Además, ya se compraron equipos para medir el recurso solar en estaciones meteorológicas y se prevé crear una micro red para administrar eficientemente la energía que se consume en Casa de Gobierno.

Neme defendió, por otro lado, el acuerdo al que llegaron los gobernadores y la Nación en torno a la nueva ley de Hidrocarburos. “Estamos conformes porque si bien las provincias no podrán hacer reservas de áreas para sus empresas de energía, el acarreo (carrier) quedó vigente para la etapa exploratoria, de modo que Emesa podrá asociarse con privados en la primera etapa, que es cuando hay riesgo minero, y si se descubre que hay petróleo o gas, entonces podremos salir a buscar financiamiento para conservar la participación dentro del proyecto, ya que la nueva ley nos obligará a poner capital”, explicó.

Con este nuevo marco legal, Neme prepara un nuevo llamado a licitación para después de que el Congreso sancione la ley enviada por la Casa Rosada.

Se pondrán en concurso las cuatro áreas que no fueron adjudicadas en el proceso licitatorio que se llevó a cabo entre mayo y julio de este año, ya sea porque no recibieron propuestas o porque las ofertas no pasaron el cedazo de Emesa.

Además, entrarán en esta nueva licitación dos áreas revertidas a Geo Park, Loma del Cortaderal y Cerro Doña Juana, más las dos áreas que devolvió YPF como parte del acuerdo al que llegó su CEO, Miguel Galuccio, con el gobernador Pérez: Ñacuñán y San Rafael.

Neme indicó que la otra área en discusión con YPF por la falta de inversiones, Chachahuén, no fue devuelta en su totalidad, ya que se acordó que la empresa número uno del país continuará su exploración en un tercio de la superficie y comenzara la explotación en otro tercio. De modo que sólo se revertirá “la zona norte, que no tiene posibilidades”, explicó el funcionario.

Para dar señales de que la continuidad de Emesa no corre peligro, Neme mostró las actas en las que constan que las empresas que ganaron la primera licitación que llevó adelante la empresa provincial ya realizaron sus aportes voluntarios -que debían hacer por única vez- por un total de 830 mil dólares.

Se trata de las firmas Medanito y Roch. “Los proyectos ya están en marcha, se realizó la asamblea de accionistas para dar comienzo a las actividades”, explicó Neme.

Consultado sobre si Emesa podrá abocarse a la exploración y explotación de proyectos mineros, ahora que el Gobierno provincial ha decidido darle impulso a la minería, el funcionario explicó que “no está en la razón social de Emesa la minería, pero eso se puede modificar con ley”.

Y recordó que el Senado le dio media sanción a un proyecto que va en ese sentido del macrista Gustavo Cairo y que sólo resta que la Cámara de Diputados lo trate.

Del Caño quiere nacionalización y “control obrero”

El diputado nacional del PTS (Frente de Izquierda), Nicolás del Caño, presentó ayer un proyecto para nacionalizar el petróleo y el gas y darles a los trabajadores del sector el control de la política hidrocarburífera del país.

La iniciativa implica la expropiación por causa de utilidad pública de todos los proyectos que hoy tienen firmas privadas y del 49% de YPF que está en manos de privados (que recibirán como compensación solamente $1).

Así, los empleados de todas las empresas expropiadas pasarán a YPF y podrán conservar sus puestos dentro de las diferentes unidades operativas en las que se subdividirá la empresa que tendrá el control monopólico de los hidrocarburos.

“Cada unidad operativa elegirá un Consejo de Empresa que ejercerá el control obrero, que estará conformado por no menos de 5 trabajadores y no más de 15”, dice el proyecto de ley que también firmaron el diputado salteño Pablo López, del Partido Obrero, y el kirchnerista rionegrino Josué Gagliardi.

Además, cada Consejo de Empresas elegirá un representante en el Consejo General de la Industria Hidrocarburífera, “que será el encargado de establecer los planes nacionales de dicha industria”, agrega la iniciativa de la izquierda.

Además, la propuesta de Del Caño acota la participación de las provincias productoras a un 20%, quedando el restante 80% para el Estado nacional.

El proyecto indica que del total de los recursos obtenidos los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán destinar, como mínimo, el 10 por ciento en el sistema de educación pública y otro tanto para el área de salud y el 15 por ciento para la construcción de viviendas.