Los senadores Isabel Allende, Adriana Muñoz, Alfonso De Urresti, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Hernán Larraín y Eugenio Tuma, presentaron un proyecto de acuerdo -que está en tabla para ser votado en Sala- mediante el cual plantean esta nueva institucionalidad.
Según explican los senadores, la institucionalidad existente para la gestión del agua en Chile presenta problemáticas como falta de consolidación e integración de la información generada por las instituciones involucradas en la gestión del agua; inadecuada delimitación y coordinación de funciones entre los organismos que intervienen en la gestión de las aguas; ausencia de una autoridad política superior que coordine las funciones e instituciones del Estado en relación con el agua; y falta de coordinación de los actores responsables de la gestión del agua a nivel local, en una misma unidad geográfica.
A ello se agrega que existen diversos problemas a enfrentar como la escasez y sustentabilidad de los aprovechamientos en diversos valles de la zona norte y central, y la competencia entre distintos usos por los recursos hídricos existentes; la contaminación de aguas en ríos, lagos y acuíferos, y, en general de conservación ambiental; el desarrollo de infraestructura para entregar una adecuada seguridad hídrica a los diversos aprovechamientos y apoyar la actividad productiva; el manejo de los cauces y el control de inundaciones; y la entrega de una cobertura universal de servicios de agua potable y saneamiento, incluidos los sectores rurales.
Según los autores del proyecto de acuerdo, “se ha definido la necesidad de contar con una institución que tenga un efectivo liderazgo al interior del aparato de gobierno, y frente al Parlamento, a la sociedad civil, y a los actores privados, en los temas relativos al agua”. Entre ellos, dicen, “que esté en condiciones de estudiar, proponer, impulsar y monitorear la aplicación de una Política Nacional de Recursos Hídricos y las políticas sectoriales sobre el agua, con el apoyo de los organismos especializados del sector, cubriendo las múltiples dimensiones y funciones del Estado en esta materia, para el cumplimiento de las metas de desarrollo social y económico del país”.
Según explican los senadores, existe un diagnóstico del Banco Mundial del año 2013, que concluye que los problemas de gestión de los recursos hídricos no obedecen solamente a una insuficiencia del marco normativo de la Dirección General de Aguas ni a la deficiente jerarquía institucional de tal organismo a efectos de poder convocar o imponer al resto de la administración, los requerimientos de mejoras en la gestión necesarios para una adecuada regulación de los recursos hídricos.
Por ello, hace recomendable radicar ciertas funciones específicas en materia de gestión superior de recursos hídricos en una nueva institucionalidad de mayor rango, entidad que debiera tener las atribuciones y competencias suficientes que le permitirán diseñar, implementar, controlar y evaluar las estrategias, planes y políticas públicas sobre recursos hídricos.
“Una Subsecretaría de Recursos Hídricos cumple con los requerimientos necesarios, tanto para asegurar el incremento en la estatura institucional de las funciones que actualmente desempeña la DGA y otros organismos del Estado, posibilitando la presencia y la consideración de los intereses hídricos, con una visión integrada en los más altos niveles de decisión gubernamental, como también, para dar a los requerimientos presupuestarios asociados a tales funciones las instancias de proposición y de aprobación adecuadas para garantizar que se cuente con los medios económicos suficientes”, puntualizaron los legisladores.
