La aplicación de los procesos de consulta indígena en la tramitación ambiental de proyectos, para cumplir con el Convenio 169 de la OIT, es exclusiva responsabilidad del Estado. Al menos eso dice la ley.
Sin embargo, en los procesos de socialización de las iniciativas existe una serie de negociaciones entre compañías y comunidades indígenas tendientes a disminuir el nivel de oposición que figuran como negociaciones privadas. Tal fue el caso del memorándum de entendimiento firmado entre Barrick, titular de Pascua Lama, y un grupo de comunidades Diaguitas.
Luego de este acuerdo, un buen número de expertos y representantes de comunidades expresaron que debe existir un instrumento formal que transparente los aportes y las negociaciones en la tramitación.
Según Marcial Colín, representante mapuche y consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), “se debe aclarar la entrega de recursos, porque no se sabe ni cuánto ni cómo lo entregan. Hay empresas en la zona de Melipeuco y Freire que se acercan a negociar, pero nunca dicen cómo. Aquí hay operadores en un mercado que está oculto. No existe regulación y llegan antes que el Estado y tratan de comprar las voluntades”.
Para el dirigente, es fundamental que se transparente esta información para consolidar una consulta informada y de buena fe.
“Aquí las empresas manejan mucha información de las comunidades, pero lo lamentable es que no lo utilizan para su bien”, apunta.
A pesar de que el gobierno estudia una fórmula para establecer compensaciones o asociatividad, en la actualidad las empresas buscan diferentes elementos para obtener la tan anhelada licencia social.
“Por ejemplo, en el sur se ha visto a empresas forestales que han hecho tratos con comunidades, pero normalmente todas esas acciones se camuflan con las normas FSC, porque las empresas tampoco quieren quemarse y reconocer impactos antes de iniciar el proceso de evaluación ambiental”, comenta la abogada representante de comunidades mapuche, Paula Villegas.
Interlocutor
Ejemplos de negociación entre comunidades y empresas hay muchas, sin embargo, para las compañías es cada vez más complejo identificar interlocutores válidos que representen a toda la masa opositora a los proyectos. Por esa razón los expertos consideran oportuna la generación de un instrumento formal de mediación entre empresas y titulares, el cual transparente las donaciones, lo cual podría evitar incluso la dispersión de las comunidades opositoras y hacer más compleja la llegada a un acuerdo.
“Cuando los aportes se ofrecen como condición para viabilizar y disminuir la oposición a un proyecto de inversión, a cambio de la renuncia a determinadas acciones legales, vemos que a veces se divide una comunidad, que en algún momento estuvo unida oponiéndose a un proyecto. Por eso, en la reforma del 2010 algunos sectores querían prohibir la negociación entre privados, lo que se vio que no era viable jurídicamente”, explica la gerente legal de Gescam, Valentina Durán.
La experta, quien participó activamente en la conformación del programa ambiental de la Presidenta Bachelet, sostiene que la generación de un instrumento de mediación debe tener un componente público.
“El Estado no solo debe construir y asegurar la mesa y las sillas en las que se sientan los representantes de la empresa y de las comunidades, sino que debe poner la luz y además, sentarse a la mesa, en el marco de sus facultades, velando por el bien común. De lo contrario, es difícil que el mero acuerdo entre privados pueda viabilizar un proyecto”, manifiesta Durán.
Para el socio de Odebret Advisors, Carlos Odebret, el transparentar los aportes no sólo ayudaría a las empresas, sino que también sería un aporte para mantener las confianzas al interior de las comunidades.
“Es bueno que se transparenten los recursos, porque si hay participación ciudadana lo que uno esperaría es que sea la ciudadanía la que se entere de las cosas que pasan y no solo los grupos que la representan. La participación ciudadana debe ser un proceso transparente en todos los sentidos”, afirma.
¿Afectación?
También hay quienes consideran que se debe mantener un proceso de negociación entre las comunidades y las empresas, pero definiendo la variable de afectación.
Para el socio de Cubillos Evans, José Miguel Hernández, el proceso debe mantener un carácter de negociación entre privados, sin embargo, el experto considera que es “más importante definir qué comunidades se encuentran realmente afectadas por la construcción de un proyecto.
“En muchas ocasiones las empresas negocian con comunidades afectadas, pero posteriormente llegan otras a las cuales tangencialmente les podría efectar. Sería bueno tener una definición”, remata el abogado.
