Por Daniel Tejada

Canal 13 San Juan

Son días de profundo debate interno en el gobierno mendocino, donde la prohibición absoluta de la minería metalífera volvió a ponerse en revisión. La necesidad de recursos aprieta a la gestión en retirada. Pero inquieta más a los que tienen aspiraciones de suceder a Francisco "Paco" Pérez en diciembre de 2015.

Algunos peronistas y algunos radicales parecieran tener plena conciencia de que en algún momento habrá que –como mínimo- ablandar la ley 7.722 que cerró la puerta a la minería durante la gobernación de Julio Cobos desde 2007 en adelante. Sin embargo, a nadie escapa el costo político que tendría que pagar aquel que osara llevar a cabo la operación.

Como ejemplo, basta mencionar la movida del ex intendente de Guaymallén y actual diputado nacional Alejandro Abraham, que hasta el mes pasado estuvo al frente del PJ mendocino. Él planteó abiertamente la necesidad de instalar el debate minero en la campaña próxima.

En la vereda opuesta, Cobos ratificó su postura en una entrevista con MDZ radio: "Mendoza ha elegido el perfil productivo". O sea, minería no.

Pérez se pregunta -y consulta a sus asesores- si es conveniente dar el paso, a poco más de un año de finalizar la gestión y sin chances de una reelección (la Constitución de Mendoza no lo permite). ¿Vale la pena rematar la imagen política con una cruzada pro-minera?

Ya recibió algunos planteos de compañeros suyos con aspiraciones a sucederlo, para que haga frente al desafío. Así el que venga después se encontraría con el camino allanado. Hay que decirlo: a nadie le disgustan las inversiones, sean mineras o de cualquier otro tipo.

Entre la tentación de hacer la plancha y dejar que corran los meses o jugarse a ser el gobernador que dio vuelta la taba en Mendoza, Pérez tomó una decisión: medir la opinión pública en los 18 municipios y actuar en consecuencia.

Contra el imaginario popular, los primeros sondeos mostraron que no existe una resistencia inflexible y unánime contra la actividad en cuestión. Un cercano colaborador del gobernador mendocino reveló a Tiempo de San Juan que el escenario en aquella provincia es muy parecido al de San Juan en 2002. Esto significa que hay una cuasi paridad entre los que quieren y los que no quieren minería. El resto es decisión –y muñeca- política.

Hay matices entre Malargüe, más amigable con la minería tal vez por su historia petrolera, y San Carlos, donde la antiminería es la mayor bandera política del intendente demócrata Carlos Difonso, hoy enrolado en el Frente Renovador de Sergio Massa.

Se repite una tendencia nacional, según reveló la fuente: los grandes conglomerados urbanos son los más reacios a la minería, mientras que las comunidades cordilleranas se muestran más permeables.

Del sondeo de opinión también se desprendió otro dato llamativo. Espontáneamente aparece el caso sanjuanino como argumento a favor de la minería. El despegue económico de la vecina más chica llamó la atención en las calles mendocinas.

Ante la realidad descripta en las encuestas, Pérez comenzó a descubrir el juego, pero con cautela. "Mendoza avanza de 20 años en 20 años. Me parece que los dirigentes políticos nos tenemos que poner los pantalones largos y estar a la altura de los acontecimientos”, dijo el gobernador el martes 2 de septiembre en la cena de la industria. Así presentó una batería de cinco proyectos mineros en carpeta: el postergado San Jorge y otros cuatro en Las Heras y Malargüe.

El próximo paso será su ingreso a la Legislatura para su evaluación de impacto ambiental. El gobierno provincial aseguró que en ningún caso se viola la ley 7.722, al menos durante la etapa de prospección y exploración. Pero habrá picoteo, de eso no quepa duda. Mendoza está recalculando. Habrá que ver hacia dónde.

La ley Cobos

Tan sólo 2 días demoró la publicación de la ley 7.722 en el Boletín Oficial de Mendoza. El 20 de junio de 2007 la Legislatura sancionó el proyecto motorizado por el entonces gobernador radical Julio Cobos. El 22 estaba promulgada y plenamente vigente. Chau minería. 

Según analizó un asesor del gobernador actual, Francisco "Paco” Pérez, más que una ley, la 7.722 es una declaración política que lógicamente ahuyenta cualquier atisbo inversor.

En su artículo primero, la norma "prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.

Curiosamente, la prohibición de estas sustancias está exclusivamente ligada a su uso minero. Por lo tanto, cualquier otra actividad industrial puede operar en suelo mendocino con estos químicos sin restricción alguna.