La economista Eliana Miranda, del insituto IERAL, perteneciente a esa fundación, emitió su opinión al analizar el proyecto de la mencionada ley que ingresó esta semana al Congreso y para ella, "el acuerdo busca definir reglas de juego estables en materia impositiva al tiempo que amplía el régimen de promoción de inversiones que se había establecido por decreto a propósito del acuerdo YPF-Chevron".

En cambio, consideró que el proyecto posterga definiciones en el tema ambiental y, para la adjudicación de concesiones, admite licitaciones competitivas sólo en el caso de los recursos convencionales.

"Para este año, las autoridades neuquinas estiman que Vaca Muerta podría llegar a recibir inversiones en torno a los 5,5 mil millones de dólares. La región hoy sobresale por su dinamismo, diferenciándose del resto del país", indicó en el Informe de Coyuntura de la Fundación Mediterránea.

Además, Miranda señaló que "la riqueza del subsuelo constituye una nueva oportunidad para un país como el nuestro, que en 2011 perdió el autoabastecimiento energético sostenido a lo largo de dos décadas".

"La producción de petróleo se contrae desde el año 2002, y la de gas desciende en forma ininterrumpida desde 2007. Las importaciones energéticas ascienden a los 11,2 mil millones de dólares en el acumulado de 12 meses a julio de este año y la producción nacional aún muestra tasas de crecimiento negativas en términos interanuales: -0,6% para el petróleo, -2,5% para el gas", indicó.

Tomando nota de la necesidad de una reforma que incluyera las nuevas formas de explotación hidrocarburífera y los desafíos ambientales que se desprenden de las nuevas prácticas, en el mes de junio el Gobierno nacional presentó a los gobernadores de las provincias petroleras un borrador de proyecto de ley.

De esta manera buscaba "sellar acuerdos con los máximos representantes de quienes a partir de la reforma de la constitución de 1994 pasaron a ser dueñas de los recursos hidrocarburíferos".

El acuerdo acaba de sellarse, luego de tres meses de negociación y como resultado, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado de la Nación un proyecto de ley titulado "Complemento Normativo de las leyes 17.319 y 26.197 para la explotación no convencional y la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos".

En tanto, Miranda manifestó que "el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo busca dar más homogeneidad a los contratos que vinculan al estado con las compañías petroleras, y a YPF con las provincias, lo cual constituye un elemento positivo, por la anarquía observada hasta el momento, pero no es comparable a los proyectos que se han encarado en otros países de la región".

Las reformas impulsadas por países como Colombia, México y Brasil, están orientadas a generar más competencia en el sector y a darle mayor institucionalidad al uso y aplicación de la renta petrolera.

"El proyecto que se acaba de presentar en Argentina toma bastante distancia de esos objetivos, incluso algunos puntos parecen ir en el sentido contrario, porque podrían favorecer una menor transparencia en la distribución de los recursos, y poner barreras de entrada a otras empresas que hoy no están operando en el país pero que cuentan con financiamiento y tecnología", confirmó Miranda.