Por Daniel Peralta.

¿Qué será de la empresa provincial de Energía? Más conocida como Emesa, nació hace poco más de dos años, cuando la Legislatura aprobó su creación con un claro objetivo: el ‘acarreo’, es decir aparecer como socia de otras empresas para “morder” un poco de la rentabilidad de las petroleras que operan en nuestra provincia.

Pero el acarreo no existirá más como posibilidad; es que la futura ley nacida del “Acuerdo federal para el autoabastecimiento de hidrocarburos” lo prohíbe tajantemente.

Todo parece indicar que Emesa quedará sepultada por el acuerdo que suscribieron los gobernadores de provincias petroleras, incluido Francisco Pérez pero la pregunta no ha tenido una respuesta oficial. Nadie en el elenco gubernamental quiso responder acerca del futuro de la empresa provincial.

La pelea por el acarreo tiene varios meses de desarrollo. En la búsqueda de socios internacionales de peso para agilizar la extracción de petróleo, Miguel Galuccio encaró una cruzada contra esas asociaciones que se producen en todas las provincias que terminan siendo una incomodidad a la hora de promover el negocio.

Como contrapartida, la Constitución del ‘94 dice que las provincias son dueñas del hidrocarburo y todas están necesitadas de recursos frescos, por lo que tratan de adueñarse de todo dinero que pueda surgir de sus entrañas.

El proyecto de ley remitido al Congreso nacional la semana pasada es la letra que acordaron los gobernadores de provincias petroleras y el Gobierno nacional. Ese acuerdo incluye varias modificaciones a la vieja ley de hidrocarburos, la 17.319, que fuera sancionada en 1967 durante el gobierno de facto que encabezaba Juan Carlos Onganía.

El artículo 18 de la iniciativa propone incluir una modificación en el título VIII de la 17.319, que se refiere a las empresas estatales. Cuando el Congreso vote el proyecto remitido por Cristina Fernández, se incluirá el artículo 91 bis: “Las provincias y el Estado nacional no establecerán nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal”, dice específicamente en el primer párrafo.

En el párrafo siguiente, siempre en el artículo 18 del proyecto de ley remitido al Congreso, se indica que en todas las áreas reservadas para empresas provinciales, “pero que a la fecha no cuenten con contratos de asociación con terceros, se podrán realizar esquemas asociativos, en los cuales la participación de dichas entidades o empresas provinciales durante la etapa de desarrollo será proporcional a las inversiones comprometidas y que efectivamente sean realizadas por ellas”.

Hablando sencillo, lo que dice ese segundo párrafo es que las empresas provinciales pueden asociarse con otras empresas, siempre y cuando pongan plata proporcionalmente a su participación para compartir rentabilidad.

Podría decirse que hoy Emesa ya tiene participación en la exploración de las últimas cuatro áreas petroleras licitadas por la provincia. El 20 de agosto pasado, Pérez firmó la concesión de los yacimientos a tres empresas: Medanito, Roch y Pluspetrol-Geopark.

Hace un mes se informaba que, gracias a esa adjudicación, en 30 días Emesa estaría capitalizándose en 830 mil dólares, es decir ya debería tener ese capital. Pero, por culpa del silencio oficial en torno al destino de Emesa, no se pudo confirmar tal capitalización o si ya están firmados los contratos.

Sin embargo, a partir de la sanción de la ley, Emesa no podrá participar como socia de futuras licitaciones de áreas petroleras, a no ser que comprometa dinero.

El dinero es un recurso escaso en Mendoza, al punto de depender de un préstamo de 800 millones de pesos para poder pagar el gasto cotidiano del Estado. Difícilmente pueda Emesa poner plata en futuras exploraciones y explotaciones.

La historia de la empresa provincial de energía parece que será muy breve. Fue engendrada en un largo debate legislativo, de un proyecto presentado durante el gobierno de Celso Jaque. Nació con una ley sancionada el 30 de mayo de 2012 y su titular, Alejandro Neme, asumió el 22 de marzo del año pasado, con la presencia estelar de quien está a punto de matarla: el CEO de YPF, Miguel Galuccio.

Aquel faltazo de YPF que desnudó el conflicto

La breve historia de Emesa tuvo momentos de alegrías y también de turbulencia política. El cimbronazo se produjo el 15 de mayo pasado, cuando se vencía el plazo de presentación de ofertas en la licitación de ocho áreas petroleras e YPF decidió no participar. La cruzada de Miguel Galuccio contra el acarreo empezaba a tener las primeras consecuencias políticas tangibles. Pero Emesa ya había conocido días aciagos.

Fueron casi dos años de debate legislativo. El concepto detrás de la creación de la empresa era quedarse con parte de la rentabilidad del negocio petrolero. Cabe recordar que el recurso es de las provincias, pero hay un ejemplo que suele irritar: las regalías se pagan como si el barril costara 70 dólares, pero en el mercado internacional hoy cotiza a 94 dólares.

La mayoría propia que el oficialismo ostentaba en Senado había logrado media sanción, pero en Diputados los números no acompañaban, y el proyecto de Jaque y su entonces ministro de Infraestructura, Pérez, quedaron cajoneados en Legislatura.

La versión original de la empresa incluía en su objeto la participación en emprendimientos mineros. A la hora de negociar la sanción con el radicalismo, se eliminó la palabra minería y el proyecto vio la luz durante mayo de 2012, días después de que la Nación expropiara YPF a la española Repsol.

Los tiempos cambiaban, pero la necesidad de incrementar los ingresos del Estado pudieron más y se avanzó igual. Aún hoy la palabra minería sigue resonando, con la intención de participar de futuros emprendimientos de ese sector. ‘Morder’ sigue siendo el objetivo.

El 12 de abril de 2013, Pérez declaraba desierta la licitación de 12 áreas petroleras y anunciaba que volvería a licitarlas, pero con la participación de Emesa. Esa nueva compulsa fue la que YPF desdeñó.

Cronología

El 31 de mayo de 2012 se sancionó la ley que creaba la empresa provincial de energía Emesa.
El 22 de marzo de 2013 asumía su actual presidente Alejandro Neme. Ese día lo acompañó Miguel Galuccio.
El 15 de mayo pasado se cerraba el plazo de presentación de ofertas en la licitación de ocho áreas petroleras en las que participaba Emesa como socia. YPF no participó y arreciaba el conflicto de la empresa con las provincias productoras.
El 20 de agosto, el gobernador Francisco Pérez adjudicaba cuatro áreas en Malargüe y Emesa era socia.
El martes pasado, Pérez firmaba con el Gobierno nacional el “Acuerdo federal para el autoabastecimiento de hidrocarburos”.