Antes de partir hacia Roma, Cristina Kirchner dejó firmada la promulgación del paquete de leyes sobre los consumidores sancionado el jueves a la madrugada en la Cámara de Diputados, publicado ayer en el Boletín Oficial. De inmediato, legisladores de la oposición y empresarios insistieron con los cuestionamientos a la nueva ley de abastecimiento –la más polémica– e integrantes del Grupo de los Seis comenzaron a preparar con sus equipos de abogados las anunciadas presentaciones ante la Justicia, con el objetivo de que sea declarada inconstitucional, según dijeron a Clarín fuentes de esa .

Con el decreto 1622 quedó promulgada la ley 26.991, llamada “Nuevas regulación de las relaciones de producción y consumo”. Lo firmaron, además de la Presidenta, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; y el de Justicia, Julio Alak. La norma fue sancionada con 130 votos a favor (el kirchnerismo contó con sus diputados propios, los aliados incondicionales y dos aliados recientes, el moyanista Omar Plaini y la ex piqutera Ramona Puchetta), 105 en contra y cinco abstenciones.

Faculta al Estado a “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios ”, la incautación y venta de bienes, y prevé sanciones que van de multas hasta clausuras. En el recinto, varios legisladores opositores plantearon que la norma sería declarada inconstitucional. Y al día siguiente precandidatos y referentes parlamentarios, como Sergio Massa, Hermes Binner, Mario Negri y Federico Pinedo, aseguraron que buscarán derogarla a partir de diciembre de 2015, si le arrebatan a los K la mayoría parlamentaria.

Como ratificó en la sesión Congreso José Ignacio de Mendiguren, referente de la UIA y diputado del Frente Renovador, el Grupo de los Seis se presentará en la Justicia para intentar que se declare la inconstitucionalidad de la ley. De Mendiguren estimó que habrá un “largo” litigio sobre el tema. A su vez Luis Etchevere, presidente de la Sociedad Rural, adelantó que “va a haber cataratas de amparos en toda la Argentina”. A los sectores empresarios que venían rechazando la ley se sumó ayer la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que advirtieron que “desalentará la inversión productiva y provocará menor producción y desempleo, perjudicando a los consumidores” (ver aparte).

Legisladores opositores también insistieron ayer con los cuestionamientos a la iniciativa. “Seguramente será declarada inconstitucional. Viola el artículo 17 de la Constitución en materia de derecho de propiedad y el artículo 14 en lo relativo al derecho de trabajar y ejercer libremente toda industria lícita. Asimismo se están delegando facultades propias del Congreso, sin contemplar lo previsto en el artículo 76 de la Constitución, que establece que solamente se lo podrá hacer respecto de actos de administración y de situaciones de emergencia y por tiempo determinado”, aseguró ayer Omar Duclós, diputado del GEN.

Finalmente, y con la firma de Amado Boudou, el Gobierno logró su objetivo: La ley de Abastecimiento. A pesar de las encendidas críticas de empresarios, banqueros y economistas, el kirchnerismo tendrá en sus manos un instrumento legal con el que intentará intervenir en los distintos mercados durante sus últimos meses en el poder.

Los puntos más salientes de la ley ya vigente – y los que más temor despiertan en los inversores- son:

1.- El Estado podrá intervenir en cualquier compraventa, permuta y locación –cualquiera fuera su naturaleza– que tenga relación con la producción, construcción, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, logística, esparcimiento, y en todo aquello que el Gobierno entienda que esté orientado al bienestar general de la población.

2.- El Poder Ejecutivo podrá establecer –en cualquier etapa del proceso económico– márgenes de utilidad, precios de referencia, precios mínimos y máximos.

3.- Los gobernadores de todas las provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrán fijar precios máximos en sus territorios.

4.- Serán pasibles de multas de hasta diez millones (10.000.000) de pesos, clausuras de hasta noventa (90) días e inhabilitación de hasta cinco años para ejercer el comercio, quienes - según el Gobierno -:

a) Elevaren injustificadamente los precios u obtuvieren una ganancia abusiva

b) Acaparen materias primas o productos

c) Intermediaren innecesariamente en la distribución y comercialización

d) Redujeren la producción habitual o no la incrementaren habiendo sido intimados por el Gobierno a hacerlo.

5.- Los funcionarios del Gobierno no necesitarán autorización judicial para ingresar a cualquier establecimiento con la fuerza pública durante horas hábiles y días de funcionamiento.

6.- Por orden del Poder Ejecutivo podrán secuestrarse libros y cualquier elemento relativo a la administración del negocio y no devolverlo por treinta (30) días.

7.- También el Estado podrá vender las mercaderías secuestradas (sin juicio de expropiación) cuando el funcionario público entienda que el mercado se encuentra desabastecido.

8.- En caso de que el Gobierno lo considere necesario, podrá vender y distribuir (sin importar quién sea el propietario) lo confiscado por la fuerza pública. Esta facultad durará lo que el Poder Ejecutivo considere necesario.

Las distintas cámaras empresarias, encolumnadas detrás del Grupo de los Seis, decidieron presentarse en los próximos días a la justicia para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Los hombres de negocios consideran que la norma empeorara – aún más – la situación económica por la que atraviesa Argentina. Sin perder el sentido del humor, ayer hacían circular por mail un discurso en la Plaza de Mayo, del 15 de abril de 1953, en el que el General Juan Perón explicitaba su política de control de precios.

El presidente de la Cámara Argentina de Construcción es uno de los principales referentes que se alzó en contra de los cambios a la Ley de Abastecimiento. Desde su lugar en el G6, acompañó las críticas del industrial Héctor Méndez, que llegó a comparar al Gobierno con la dictadura militar.

Esta posición le generó problemas internos a Weiss, quien tuvo que dar explicaciones en el seno de la construcción. "Quedamos a la derecha de Etchevehere", le reclamaron sus pares en privado. Es que cuando surgió la polémica por los dichos del presidente de la Unión Industrial, uno de los empresarios que marcó distancias fue el líder de la Sociedad Rural.

Desde el Gobierno también están enojados con la postura de Weiss. Es que pese al deterioro general de la economía, los grandes jugadores del sector ya se aseguraron importantes obras para los próximos años. Una de ellas es la contrucción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernick, en Santa Cruz, por u$s4.700 millones. Este proyecto quedó en manos de Electroingeniería.

"En realidad esta ley no cambia nada y mucho menos para el sector de la construcción. Weiss se está sumando a una pelea de un sector empresario con el Gobierno y para nosotros eso no es negocio en este momento", aseguró un experimentado constructor que tiene varias obras públicas en el curriculum.

La diputada oficialista Diana Conti admitió en el Congreso que uno de los objetivos de la ley es regular la venta de granos que acopian los productores rurales. La propia legisladora dijo después que la entendieron mal. Sin embargo, la construcción no aparece como uno de los rubros "amenazados" por la iniciativa.

Además de la Cámara de Construcción, el G6 está integrado por la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio y la UIA. Con diferentes documentos públicos, en las últimas semanas alzó su voz contra el avance del Estado sobre la propiedad privada y los efectos negativos en la economía de la ley que promulgó este viernes el Poder Ejecutivo.

Es más, en las últimas horas ratificaron que irán por la inconstitucionalidad de la norma. Para ello necesitan que el Gobierno la aplique y se abra un caso particular en los tribunales argentinos. De acuerdo a las leyes vigentes, no se puede dictar la invalidez de una norma del Congreso en abstracto.

La aprobación de la Ley de Abastecimiento cosechó hoy nuevas criticas, ya que desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) destacaron que desde hace muchos años que no se produce una unidad total en el empresariado" para repudiar esa norma y el campo alertó que "es peor que" la resolución 125.

El presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, ratificó que se está "analizando con profundidad" de presentar recursos en la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley que ayer fue promulgada por el Gobierno, mediante un decreto presidencial.

Por su parte, el jefe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, advirtió que esta ley "es peor que la 125", en referencia a frustrada resolución que impulsó el Gobierno nacional en 2008 para establecer retenciones móviles a las exportaciones del sector rural.

Campos remarcó en referencia a la ley de Abastecimiento: "Al empresariado le eriza la piel por razones históricas, les trae recuerdos muy malos momentos del pasado".

"Esta ley es claramente inconstitucional, hemos consultado con muchos abogados y claramente hay normas muy puntuales que no coincide con el sistema económico de la Argentina", señaló el presidente de AEA en diálogo con radio El Mundo.

Campos alertó que la ley en cuestión, tiene "un impacto generalizado en el mundo del empresariado muy negativo".

"Es una ley muy grave por lo que implica, en todas las entidades empresarias nos hemos unido en este reclamo, es una unidad que es única y desde hace muchos años que no se produce esta unidad total del empresariado en la materia", aseveró.

La denominada ley de "Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo" fue sancionada en la madrugada del jueves con el voto positivo de 130 diputados, la negativa de 105 y la abstención de 5.

A su turno Etchevehere subrayó: "Es peor que la 125 porque la 125 perjudicaba solamente al campo y esto perjudica a toda la economía".

En declaraciones a radio Mitre, Etchevehere aseguró que "todas las cámaras empresarias están en contra de esta ley" y reconoció que están trabajando con abogados para presentar algún reclamo ante la nueva normativa que se aprobó el pasado jueves en Diputados.

"Esto peor que la 125, esto es el 'exprópiese de (Hugo) Chávez", reiteró el directivo de la Rural. Etchevehere agregó que las entidades rurales están "alerta en toda la Argentina para que, en el caso de que alguien vaya a un establecimiento agropecuario a decomisar algún producto, rápidamente ir e interponer un recurso de amparo para cesar la acción".