Un clima sumamente tenso ha desatado la ejecución de la Consulta a lo largo del país. Esto porque finalizó recientemente la primera reunión convocada para planificar, el desarrollo de la misma, sobre la nueva institucionalidad que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.

La resistencia de diversas agrupaciones se origina en que la Consulta se ejecuta bajo el canon que imponen los decretos que la norman (el N°66 y el N°40) sobre evaluación ambiental de la anterior administración, que afirman, “son ilegítimos e inconsultos”. De hecho, la Presidenta Bachelet afirmó en su programa oficial que los revisaría, lo que aún no ha ocurrido, desatándose la molestia de quienes acusan un “grave incumplimiento de los compromisos con los pueblos indígenas”.

Ante esto, El Director Nacional de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Alberto Pizarro Chañilao, al realizar el balance del quinto año de la entrada en vigencia del Convenio 169, no tuvo más opción que salir al paso de las críticas.

“Es bien claro, en el programa de gobierno se menciona que se está llano justamente a modificar el Decreto Supremo 66. Estamos ahora trabajando con en un proceso que tiene que ver con el Ministerio de Pueblos Indígenas y en eso seguramente se tomará nota de los aspectos que sea necesario cambiar”, afirmó, añadiendo que se está trabajando también con el Ministerio del Medio Ambiente.

“Hemos tenido reuniones en Consejo inclusive, en varias oportunidades con el Ministro y se está trabajando en adecuar lo que son los reglamentos a esta solicitud de los pueblos indígenas”, puntualizó.

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la consulta previa, libre e informada, fue ratificado por Chile el 15 de septiembre de 2008 y entró en vigencia el 15 del mismo mes del 2009, pese a que se venía intentando ratificar desde 1991. Dado este atraso es que en nuestro país recién se levanta el proceso que, en otras partes del mundo, ha permitido un mayor resguardo de los derechos de los dirigentes indígenas.

En ese sentido el director de la CONADI sostuvo que“la idea del Gobierno justamente es consensuar el trabajo y que las comunidades tengan incidencia en lo que va a ser el futuro Ministerio” y destacó la participación de más de siete mil dirigentes a nivel nacional y más de tres mil 400, en la región de La Araucanía, lo que bordearía el 80 por ciento de las comunidades y organizaciones que fueron convocadas.

Pero las organizaciones cuestionan estas cifras, después de que en la primera jornada de Consulta existieran incidentes en Arica, diversos puntos de la región del Bibío y La Araucanía, además de Puerto Montt donde se acusó “mala fe”, lo que el Director calificó como “hechos aislados” y añadió que “no sería bueno generalizarlo a un proceso que fue bastante tranquilo”, aunque reconoció problemas de coordinación que hicieron necesario trabajar más de cerca con las gobernaciones.

Por su parte, el abogado de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, sostuvo que las medidas que se consultan han pasado a un segundo plano, concentrándose todo en la crítica que se justifica, afirmó, ya que estos decretos vulneran los contenidos normativos del convenio. En ese sentido advirtió que estamos boicoteando la Consulta.

“El mecanismo de Consulta es el mecanismo fundamental para producir diálogo entre pueblos indígenas y el Estado, y lo que se está haciendo ahora es más o menos incendiar este puente porque el Gobierno, en lugar de aclarar si va a modificar los decretos ilegítimos que jibarizan o amputan la Consulta del 169, los sigue aplicando y no dice cuándo van a ser revisados, pese a que hay un compromiso en el programa de Michelle Bachelet”.

El también Director del Programa de derechos indígenas de la Fundación Chile 21 se preguntó qué va a pasar después si este mecanismo es la base de cualquier política indígena que se pueda adoptar a futuro y aseguró que “hay que corregir el rumbo a tiempo”.

Con esto coincidió la comunicadora y dirigenta Aymara, Leyla Noriega, quien participó del proceso en Arica, donde de plano se rechazó la Consulta y donde los pueblos realizaron autoconvocatorias, para hacer una propuesta el Gobierno conforme a los estándares internacionales.

Pese a esto, afirmó que puede observar desinformación del proceso y desconocimiento de los proyectos que van a ser consultados:

“En general en las zonas rurales del norte grande se solicitó más tiempo porque la gente tiene mucho desconocimiento. Esa es la falencia que se le está haciendo ver al Estado, ¿cómo van a aplicar una normativa cuando en todo este tiempo la gente ni siquiera se le ha explicado que es el Convenio, hay un conocimiento, lo han escuchado, pero no saben propiamente tal que significan, que implican los decretos. Sobre todo lo que más preocupa es el decreto 40 que tiene que ver con el reglamento ambiental que es lo que más preocupa en la zona norte”, afirmó ante la contaminación que producen las grandes empresas mineras y otros proyectos de inversión.

Para la dirigenta es importante destacar que “nadie está contra de la creación del Ministerio, como han planteado algunos”, sino que no quieren que esto sea un trámite ya que están en juego sus derechos civiles y políticos, como el derecho a la participación, pero también sus derechos colectivos.

Esto, cuando para este domingo 28 estaba contemplada la realización de la consulta para la formación del Ministerio de la Cultura, la que se extenderá hasta el cuatro de octubre con cuatro reuniones.