A mes y medio del derrame de sustancias tóxicas de una mina de Grupo México en ríos de Sonora, la Cámara de Diputados pidió al gobierno federal que aplique una "sanción ejemplar" contra la empresa y que ésta aporte al menos 5,000 millones de pesos extras para reparar los daños en las comunidades afectadas e impulsar su desarrollo.
El exhorto a las autoridades federales se produjo luego de que se conociera el informe de la comisión especial creada a finales de agosto para dar seguimiento al caso, un documento que contiene 10 recomendaciones que el pleno del órgano legislativo aprobó e hizo suyas durante la sesión de este miércoles.
La primera recomendación del texto es llamar al gobierno federal a que exija a Grupo México que aporte 5,000 millones de pesos —de manera inicial—, para crear un Fondo de Desarrollo Regional que "compense" los daños infligidos por la minera y "reactive" la economía de Sonora, un estado del norte mexicano.
Ese dinero sería adicional a los 2,000 millones de pesos que la empresa había aceptado adelantar, para crear un fideicomiso con el que se atiendan las afectaciones más inmediatas del incidente.
La situación comenzó a principios de agosto, cuando 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, se derramaron en el río Bacanuchi debido a las fallas en una tubería.
Después de esto, la sustancia contaminó también el río Sonora, el arroyo Tinajas y la presa El Molinito, lo que afectó a cuando menos siete municipios —Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures— con una población conjunta de cerca de 24,000 habitantes.
Al respecto, las autoridades han advertido que la sustancia no sólo puede perjudicar la salud de las personas, sino el ambiente y a productores agrícolas y ganadores. Hasta ahora, sin embargo, los daños no se han cuantificado.
"La empresa Grupo México se condujo con falsedad desde un primer momento, ya que a pesar de tener conocimiento del derrame se abstuvo de dar aviso oportunamente a las autoridades correspondientes durante varios días, permitiendo que la contaminación de las aguas subsistiera para posteriormente señalar que el derrame había sucedido a causa de las lluvias, lo que fue desmentido por la Conagua (Comisión Nacional del Agua) y el Servicio Meteorológico Nacional, evidenciando su indolencia ante la magnitud del problema", señala el informe.
Además, el documento refiere otras presuntas irregularidades, como que aún no se reparan los contenedores para lixiviados y que hay poco personal limpiando las zonas alcanzadas por el derrame.
La concesión, bajo la lupa
La comisión que elaboró el texto se conformó por siete diputados y es presidida por Marco Bernal, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Después de su creación, el órgano legislativo se reunió con funcionarios federales, estatales y municipales y con directivos de Grupo México, solicitó información a varias dependencias y visitó la zona.
"Con la información que se nos presentó, la comisión especial solicita a las autoridades federales una sanción ejemplar, penal, civil y administrativa, en contra de la empresa minera Grupo México y los mandos directivos que resulten responsables", señala el informe.
Al respecto, detalla que cuando terminen las investigaciones del caso, el gobierno federal debe evaluar la posibilidad de quitarle la concesión para operar la mina de Buenavista del Cobre —a la cual atribuye ganancias de 4.4 millones de dólares diarios—, puesto que "no puede ser considerada en México una empresa socialmente responsable".
En su más reciente comunicado, fechado el 1 de septiembre, Grupo México afirma que ha actuado "siempre con la verdad" y que su prioridad es "superar los efectos del accidente".
"La empresa se encuentra operando normalmente y llevando a cabo los trabajos de construcción de sus nuevas plantas, además continúa apoyando a las comunidades afectadas y trabajando en la reparación y limpieza de la zona", asegura.
La semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a un grupo de funcionarios federales como responsables de vigilar la recuperación de las localidades afectadas.
