Las gestiones entre el Gobierno e Impsa para un eventual aporte estatal de fondos que le permita a la empresa del Grupo Pescarmona sortear el mal momento financiero parecen haberse enfriado. Fuentes oficiales como cercanas al holding mendocino coincidieron en sostener que lo que se evalúa ahora se limita a realizar gestiones ante los gobiernos de Brasil y Venezuela para que la empresa pueda cobrar deudas por casi u$s 1.000 millones en en proyectos energéticos desarrollados y sin cobrar en ambos países. Ayer, Impsa incumplió con el pago de intereses por casi $ 9,5 millones de pesos (u$s 1,1 millón) de Obligaciones Negociables clase X y XI, que vencían precisamente ayer. De todos modos, tiene aún 30 días para poder obtener fondos y hacer frente a esta obligación, por lo cual técnicamente todavía no entró en default.

Igual, su futuro sigue siendo incierto, ya que la posibilidad de aportes estatales estaría mas lejana de lo que se creía hasta ayer, cuando la ministra de Industria Débora Giorgi, admitió gestiones oficiales junto al Ministerio de Trabajo y la Afip para auxiliar al grupo de Enrique Pescarmona. Entre las variantes se especulaba con aportes directos del Estado. A esto recuerdan la autorización para que ingrese en el procedimiento de crisis y los repro para el pago a sus 3.500 empleados.

En este marco, las fuentes también reconocieron negociaciones con el grupo japonés Toshiba, interesado en el área de hidro de Impsa, y que todos los parques eólicos de Brasil “tienen cartel de venta”.

Y como si le faltaran problemas, El Cronista pudo conocer que se le abrió otro frente. Esta vez, en Estados Unidos, donde tenedores de un bono por u$s 390 millones con vencimiento en 2020, contrató a un estudio norteamericano ante la posibilidad de que tampoco este título sea cancelado. Según la agencia especializada Redd Latin America, el bono fue emitido a través de WPE International Cooperatief U.A, el brazo financiero de WPE, a su vez controlada por Venti, la holding que Impsa creó en enero pasado para unificar sus ingresos en pesos y reales y que tiene sede en Luxemburgo.

En su comunicado del martes, la empresa anunció que no hará frente a las cuotas de capital e intereses de todos bonos en circulación y de sus restantes obligaciones con acreedores financieros. En este marco, los bonistas extranjeros buscan una estrategia que les permita hacer frente a cualquier intento por parte de Impsa de incumplir también con el bono extranjero. El estudio Akin Gump Strauss Hauer & Feld es el asesor legal de los bonistas en Estados Unidos. Pero también evalúan contratar asesores financieros para analizar opciones para defenderse de un default definitivo de Impsa.

Entre los acreedores extranjeros figuran fondos conocidos por los argentinos como Ashmore Group; los chilenos de Moneda y Greylock Capital. Pero la mayor parte del bono por u$s 390 millones está en manos de una gran cantidad de inversores minoristas.

Por su crítica situación económica y financiera, IMPSA, la histórica firma del grupo Pescarmona, entrará en cesación de pagos.

Si bien la empresa mendocina tiene obras en ejecución en al menos 10 países, advierte que su supervivencia depende hoy de la ayuda que puedan garantizarle el Gobierno de Mendoza y de la Nación para mantener unos 300 empleos directos y casi 1.000 indirectos que tiene sólo en Mendoza.

Si bien Pescarmona achaca la situación actual de su holding al pago postergado de Brasil y Venezuela, países cuyas economías también están en procesos de crisis, cuando IMPSA funcionaba a pleno no se vio en la provincia un impacto financiero acorde con los millonarios negocios que desarrollaba su firma.

Sin embargo, ahora es el Gobierno nacional el que debe salir a apagar el incendio otorgándole planes REPRO (el programa de ayuda del Estado a empresas en crisis) para evitar despidos y otro fracaso estruendoso como el de Vale en Malargüe.

El miércoles se reunieron representantes de la empresa y del gobierno de Francisco Pérez. Allí, el responsable de Recursos Humanos de IMPSA, Matías Massera, solicitó unos 1.000 planes REPRO. Actualmente este plan otorga $2.000 por REPRO concedido.

La idea de la empresa, que entre sus quejas esgrime que la obra pública está frenada y eso la afecta, sin que se discuta que en el campo privado también podría desarrollar sus negocios, es que el beneficio del Estado alcance a todos sus trabajadores.

Será el subsecretario de Trabajo, Rubén Boris, quien tendrá como misión lograr la autorización para que IMPSA reciba los REPRO solicitados.

Desde el Gobierno ofrecieron además de los REPRO la alternativa de concretar otra serie de medidas, como por ejemplo el abaratamiento laboral e impositivo, a efectos de evitar despidos y suspensiones hasta fin de año.

De esta forma, argumentan, le permitirán a IMPSA que gane tiempo para cobrar algunas de las deudas millonarias que posee y modificar actual la situación de crisis.

Lo que no se aclaró es cómo la firma de Enrique Pescarmona devolverá la ayuda recibida, la cual debe concretarse con fondos públicos.

Por otra parte, el propio gobernador Pérez habló con Pescarmona y se comprometió en recomendarlo para una licitación en Canadá. Además, anticipó que se reunirá con el titular de ANSES, Diego Bossio, y con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para avanzar en nuevos acuerdos.

“Es una situación compleja, delicada. Nos estamos ocupando porque no es sólo los pagos que debe cancelar, sino también, como están trabados fondos en Brasil y Venezuela, hay que reestructurar algunos trabajos que la empresa pueda hacer en el futuro”, justificó Paco Pérez.

En este paquete de “ayuda”, IMPSA también podría beneficiarse gracias a YPF si la petrolera les ofrece algunas tareas a empresas contratistas de esa firma.

La Subsecretaría de Trabajo confirmó que el próximo lunes habrá una nueva reunión entre los representantes de IMPSA, la UOM, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y el Gobierno provincial, con el fin de evitar despidos y suspensiones.

La Nación no se suma
Altas fuentes de los ministerios de Industria y de Economía de la Nación aseguraron, en off, a UNO que no habrá asistencia para empresarios en crisis.

El argumento es que si se da ayuda a uno, movilizadas por la crisis económica aparecerán otras firmas que hacen negocios en el exterior a golpear las puertas del Estado en busca de oxígeno.

Ayuda estatal para uno de los 40 millonarios que tiene la Argentina
El mendocino Enrique Pescarmona, quien hoy depende del salvataje del Estado para evitar el naufragio de su histórica empresa IMPSA, figura en la lista de los 40 empresarios más ricos del país, según la revista Forbes en su edición de diciembre de 2013.

El ingeniero Pescarmona, que es el actual presidente de la Corporación IMPSA, de la Cámara de Comercio Italiana de Mendoza y vicepresidente de la Asociación Empresaria Argentina, ocupa el lugar número 38, con U$S320 millones.

El empresario mendocino fundó Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) en 1965, que actualmente es considerada la séptima empresa energética más grande de América Latina.

De acuerdo con la publicación especializada, “en los últimos tres años desembolsó más de U$S1.000 millones en parques eólicos e hidroeléctricos. De ellos proviene el aumento de su patrimonio este año”.

Pese a este patrimonio personal, la situación de su nave insignia -IMPSA- muestra lo opuesto: no podrá hacer frente a dos pagos de intereses que vencen hoy, por U$S23 millones y $42 millones, correspondientes a las Obligaciones Negociables que colocó en el mercado local en los últimos cuatro años.

►U$S200 millones es el valor aproximado del único contrato que hoy tiene IMPSA con la Nación. Se trata de la provisión de un equipamiento a medida para la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Embalse Río Tercero, en Córdoba. Los pagos del contrato estaban previstos para el 2015.

Por Joaquín Garau.

Sálvese quien pueda y, quien no, podría ser salvado por el Gobierno nacional, que tras anunciar que asistirá a IMPSA, empresa de la familia Pescarmona, sumó otra firma más al listado de las compañías que alguna vez le dio una mano. Uno de los casos más emblemáticos fue la papelera Massuh, que tras declarar el cese de pago, fue asistida por el Gobierno. La empresa tenía deudas por $ 250 millones.

El entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se había hecho cargo de la gestión de la compañía que, a través de un fideicomiso del Banco Nación, buscaba sobrevivir. Rebautizada Papelera Quilmes, el Gobierno intentó, tras alquilar la planta por tres años, mantener los 600 puestos de trabajo. Finalmente, la empresa vio la lona. 

Sancor, por su parte, también recibió una ayuda del Gobierno nacional. Tenía deudas con los bancos Nación, Provincia y Ciudad, el privado Rabobank y la Corporación Financiera Internacional (CFI), por US$ 167 millones, a principios de 2005. Luego, la deuda ascendió a US$ 200 millones.

La venta de la empresa a Adecoagro era una posibilidad latente. Una fuente consultada por Apertura.com recordó el rescate, donde el presidente Néstor Kirchner tuvo injerencia. “Kirchner les exigió que la reestructuración fuera con una venta de producto anticipado a Venezuela”, aseguró el especialista.

Y así fue: SanCor logró un acuerdo con el Banco de Desarrollo Económico Social (Bandes) de Venezuela, del cual recibió un aporte financiero de US$ 80 millones a cambio de venta de leche en polvo y tecnología durante 15 años. Es decir, se aseguró un cliente a largo plazo. Paraná Metal, empresa metalúrgica de Entre Ríos, tenía 900 trabajadores y, desde 2008, estaba en crisis. Quien hizo su aparición fue Cristóbal López, empresario cercano al Gobierno, quien se quedó con el control de la empresa a través de MyS, del Grupo Indalo.

“A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el Estado interviene explícitamente en la empresa, acá los rescates son de forma extraña”, aseguró la fuente y agregó: “Más que rescates, son apoyos direccionados por el Estado”. Otro caso. En julio de 2009, La Serenísima tenía una deuda de US$ 230 millones en obligaciones negociables y había perdido, en 2008, $ 265 millones. Allí comenzaron a circular fuertes versiones de que sería vendida a Danone.

Pero en plena campaña electoral, Néstor Kirchner volvió a aparecer en la escena del salvataje y aseguró que “la Presidenta, enterada de que podía haber una venta de La Serenísima, me dijo que la empresa podía contar absolutamente con el apoyo del Gobierno”. Finalmente, en una nota a la Bolsa de Comercio, La Serenísima desestimó el proceso de venta. “Los accionistas tienen decidido conservar sus tenencias accionarias y mantener inalterada la conducción histórica de la empresa”, detalló en un comunicado. 

Por Rodolfo Cavagnaro

La  crisis pública de la empresa madre del grupo Pescarmona presenta varias aristas, que son consecuencia de decisiones políticas tomadas por el Gobierno nacional.

La empresa, por razones obvias, nada dirá al respecto mientras negocia condiciones para su salvataje, pero vale la pena repasar algunas de ellas.

La primera fue el cepo cambiario. Es que para una empresa como Impsa, que es de capital intensivo, la necesidad de crédito internacional es fundamental para poder encarar sus negocios.

Ninguna empresa de su porte tiene los recursos de caja para encarar estos proyectos. Por esa razón depende del crédito internacional, algo que el grupo tenía bien aceitado y por lo cual gozaba de prestigio.

El cepo hizo que hubiera restricciones al acceso de dólares, que el ingreso de divisas se liquidara a dólar oficial, perdiendo con la diferencia con el paralelo. Ésta fue una de las razones que llevó a Pescarmona a instalar una parte importante de su negocio en Brasil.

Además, el gobierno decidió acceder a préstamos chinos para financiar grandes obras, como las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz.

Impsa había ganado con uno de los consorcios, pero luego fue adjudicada al consorcio de Cristóbal López con una empresa china y las exigencias eran comprar tecnología de ese país.

Algo similar ocurrió con la compra de trenes y vagones ferroviarios, dejando de lado a empresas argentinas especializadas en la fabricación de unidades para este servicio.

La imposibilidad de cobrar a Venezuela y Brasil debería ser gestionada por el Gobierno, ya que muchas empresas fueron incentivadas por créditos recíprocos comprometidos entre ambos países.

Pero el colmo de todo fue el default de la deuda y el conflicto generado en la justicia de Nueva York. Argentina se quedó sin crédito y esto abarca no sólo a los Estados sino también a las empresas. Esto afecta a aquellos que compraban con crédito de los proveedores, algo que se ha perdido.

Para una empresa como Impsa el crédito es fundamental porque, en su sistema de trabajo, unas emisiones de bonos iban apalancadas con órdenes de compra y otros bonos. La pérdida del crédito genera un daño irreparable para el sistema productivo.

Ahora se buscan soluciones de emergencia, ya sea por subsidios a la mano de obra o, incluso, una eventual capitalización transitoria del Estado. Pero éstas son soluciones de corto plazo que no resuelven el problema estructural.

Impsa necesita que le adjudiquen obras, pero sin crédito tampoco podrá hacerles frente. Y para que vuelva el crédito será fundamental solucionar el tema del juicio con los holdouts y tomar medidas definitivas para poner fin a la inflación.

Esto último no pasa por amenazar a las empresas con la Ley de Abastecimiento, sino por tener una política fiscal y monetaria seria y consistente.

Ayer nomás, la ministra de Industria, Débora Giorgi, confirmó que el Gobierno analiza ir al rescate de la empresa Impsa, del Grupo Pescarmona, que se declaró en crisis tras avisar que no podrá afrontar mañana sus vencimientos de deuda.

La funcionaria precisó que la administración kirchnerista podría ayudar con algún tipo de aporte de capital a la empresa controlada por Enrique Pescarmona, para evitar que se acerque a un escenario de quiebra.

Giorgi aclaró que el rescate se dará "en tanto y en cuanto se preserven los intereses del Estado y los 1.700 puestos de trabajo" que la firma tiene en la Argentina.

A su vez, la funcionaria precisó que con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y otras áreas de la administración central, están trabajando "codo a codo" desde hace tiempo con la empresa de Pescarmona para evitar su bancarrota.

Como sea, cualquiera que sea el resultado de la negociación con el Gobierno, Impsa entrará hoy en cesación de pagos porque no puede pagar un vencimiento de obligaciones negociables por 42 millones de pesos y 23 millones de dólares. Eso la obligará a reestructurar su deuda.

Desde Moscú, donde se encuentra en plena misión comercial y bilateral, Marcelo Costa reveló a MDZ Radio: "Estuve hablando el lunes con (Débora) Giorgi y me dijo que estaba trabajando con Kicillof, De Vido y Capitanich para que no tenga grandes inconvenientes la empresa".

En el mismo sentido, el ministro de Agroindustria reveló que se está evaluando "una incorporación de capital hacia la empresa". Se trata, según Costa, de una "problemática muy complicada que superaba cualquier ayuda que pudiéramos llevar adelante desde la provincia".

Luego, el ex titular de Hacienda de la provincia confesó que Francisco Pérez estaba preocupado y disparó: "Sería catastrófico el cierre de Impsa para la provincia".

Finalmente, recordó que la crisis de Pescarmona se dio a través de una deuda con Brasil y Venezuela y reveló que "Impsa no está teniendo negocios en Argentina por decisión propia".

"Venezuela está pagando, Brasil no", culminó al programa "Uno nunca sabe" que conduce Marcelo Arce.

Por Juan Carlos Albornoz.

El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, estará este viernes en Mendoza y el Gobierno provincial espera que la visita sirva para avanzar con las negociaciones en torno a los puestos de trabajo de la empresa Impsa, que se encuentra en crisis por las deudas que la firma no ha podido cobrar en el exterior.

Oficialmente Tomada viene a participar de un acto vinculado a los gremios de empleados municipales, pero en el Poder Ejecutivo aspiran a que además se pueda reunir con representantes de Impsa y dirigentes gremiales de UOM y ASIMRA.

La reunión se enmarcaría en el "proceso de crisis" que en Mendoza conduce el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla. Este proceso se realiza para evitar despidos y sus plazos se extenderán por lo menos hasta la semana que viene.

En el Ejecutivo señalaron ayer que se trata de evitar el despido de unas 200 personas en Impsa, aunque en los últimos días se ha hablado de un reclamo de subsidios para unos 1.000 trabajadores.

"Catastrófico"

Las gestiones de Lafalla tienen que ver esencialmente con el otorgamiento de planes Repro (Programa de Recuperación Productiva), que es una ayuda estatal para sostener salarios. El problema es que esta medida sería de poco impacto: representa 2.500 pesos por trabajador, suma que es escasa si se la compara con los salarios altos que paga Impsa.

Pero los planes Repro no han sido la única gestión de Lafalla. La semana pasada, en ocasión de la visita a Mendoza del CEO de YPF, Miguel Galuccio, el ministro propició un encuentro con Sofía Pescarmona, hija del titular de Impsa, para ver si es posible que la petrolera nacional contrate servicios de la empresa.

"Todo se está hablando", resumieron en Casa de Gobierno, donde es notoria la preocupación por el destino de la empresa mendocina.

Uno de los que ayer dejó en claro cuánto preocupa el problema de Pescarmona fue el ministro de Agroindustria, Marcelo Costa. El funcionario no dudó en sostener que “un cierre de la empresa sería catastrófico para Mendoza”, aunque a la vez dijo que está “convencido” de que surgirá una solución en los próximos 10 días.

Costa está en Rusia, en una misión que busca colocar vino mendocino en ese país, pero allí tuvo oportunidad de conversar con la ministra de Industria, Débora Giorgi, sobre la crisis de Impsa.

La funcionaria nacional blanqueó en estos días que la Nación está trabajando para solucionar las dificultades financieras de Impsa por trabajos realizados en Venezuela y Brasil que no le pagaron. Esto compromete el futuro laboral de sus 1.700 empleados.

Rescate de empresas

En Rusia, Costa habló con Giorgi el lunes, quien le confirmó que hay preocupación a nivel nacional y que vienen trabajando en la crisis de Impsa, además de la ministra, el titular de Economía, Axel Kicillof; el ministro de Infraestructura, Julio de Vido; y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich.

“Están evaluando alternativas”, deslizó Costa a MDZ Radio, y confirmó que se estudia dar una importante ayuda estatal a la empresa, a la cual le deben “más de 500 millones de dólares” en los países donde hizo negocios.

Sobre la participación del gobernador, Costa señaló que Pérez “habló con Echegaray (titular de AFIP) y viene hablando con todos los funcionarios nacionales”.

También indicó el ministro de Agroindustria que tiene noticias de que Venezuela (cuya deuda con Impsa fue cifrada por el funcionario en 250 millones de dólares) ha reactivado sus pagos. “Venezuela generó un programa de pagos, pero Brasil no le paga nada desde el año pasado”, especificó, además de indicar que la deuda de la empresa con la AFIP duplica a lo que le debe Venezuela.

Dijo además que la firma no tiene negocios en Argentina “por decisión propia” y justificó la intervención estatal: “Es un compromiso de la Nación y la Provincia salir a rescatar a todas las empresas para sostener la economía y el trabajo. Hay que ayudar en todo lo que sea posible”, aseguró.

Impsa, la empresa de Enrique Pescarmona, no termina de arreglar las condiciones de capitalización por parte del Gobierno. En la propuesta de inyección de dinero del Poder Ejecutivo habría detalles que no acepta el empresario mendocino, ya que implicarían resignar el control de la conducción de la compañía.

En la empresa igual siguen confiando en que el ministro de Economía, Axel Kicillof, consiga alguna negociación que acerque al Gobierno con la empresa, mientras que Débora Giorgi, ministra de Industria, no estaría entendiéndose con la firma mendocina.

Para pagar su deuda superior a los US$ 1.000 millones, la compañía buscaría vender sus negocios de parques eólicos en Brasil. Allí, Pescarmona constituyó varias sociedades, de las que está buscando desprenderse. De todas formas, el negocio brasileño no vino funcionando como esperaba Pescarmona. La compañía registró demoras en un emprendimiento eólico en Santa Catarina, que tuvo que terminar dirimiendo en la justicia de ese país.

La compañía quiere que el Gobierno la ayude a cobrar deudas en Venezuela. Sin embargo, en el país gobernado por Nicolás Maduro, la situación cambiaria es aún más complicada que en el frente local, por lo que la posibilidad de obtener dólares de allí sería muy remota.

A través de subsidiarias, Impsa también posee un negocio de fabricación de aerogeneradores en Brasil, que estaría buscando conservar, aunque también pasó problemas financieros. La fabricación de turbinas hidroeléctricas sería otro de los segmentos en los que buscaría seguir participando.