Sólo unas horas después de la sanción de la reforma de la ley de abastecimiento, concretada en la madrugada de ayer en la Cámara de Diputados, la oposición prometió que, en caso de llegar al poder, en diciembre de 2015, derogará la norma.
Coincidieron en ese compromiso referentes de los principales bloques de la oposición. "La ley de abastecimiento tiene que ser derogada y en 448 días la vamos a derogar", declaró Sergio Massa, del Frente Renovador (FR), en referencia a lo que le resta de mandato a Cristina Kirchner. En la misma línea se manifestaron Mario Negri, presidente del bloque radical; Federico Pinedo, jefe de la bancada de Pro, y el socialista Hermes Binner, referente del FAP.
"Cualquiera que gane tiene que derogar la ley, porque es innecesaria e inconstitucional", dijo a LA NACION Negri, autor de un proyecto de derogación de la ley. Pinedo explicó que su partido prepara un paquete de leyes a ser derogadas en el próximo gobierno, entre ellas la de abastecimiento. Binner calificó la ley de "una aberración" y, al ser consultado por la agencia DyN si la derogaría, respondió "totalmente".
El proyecto de "regulación de las relaciones de producción y consumo" obtuvo 130 votos a favor, 105 en contra y 5 abstenciones. El oficialismo construyó la mayoría con 116 diputados del Frente para la Victoria, incluido Martín Insaurralde; 12 de sus 16 aliados habituales y dos nuevos socios: el ex moyanista Omar Plaini, cercano a Daniel Scioli, y Ramona Pucheta, ex dirigente de la fuerza de Raúl Castells. Los dos habían votado la ley de pago local de la deuda externa. En cambio, los tres legisladores del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que solían acompañar al kirchnerismo, se dividieron entre la abstención y el rechazo. La oposición votó en contra, con la excepción de Unidad Popular, de Claudio Lozano.
"[Las leyes vigentes] no son suficientes porque han distorsionado la capacidad que tiene el Estado de regular esta relación entre la producción y el consumo. Por eso, la Presidenta tomó una decisión para fortalecer al Estado dándole herramientas para regular esa relación", dijo la jefa del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, en el arranque del discurso que cerró la sesión.
La actualización de la ley de abastecimiento se aprobó como parte de un paquete de "defensa del consumidor", que incluye la creación de un observatorio de precios y de un fuero especial para resolver los reclamos de los consumidores. Sancionada en 1974, la ley otorga amplias facultades al Estado -como fijar márgenes de utilidad, y precios máximos y mínimos- para intervenir en casos de abusos de posición dominante, entre ellos, aumentos "injustificados" de precios y "ganancias abusivas". La reforma acota las facultades de intervención, pero puso en pie de guerra a las grandes empresas porque da la pauta de que el Gobierno planea usarla más seguido para combatir la inflación.
"Está muy bien que la oposición vote en contra -continuó Di Tullio, aplaudida por su bloque y por los militantes que ocuparon las galerías-. Hace bien en quedarse en el lugar que eligió. Nuestra posición es siempre la de estar en el lugar de defensa de los más débiles. En el lugar de los más poderosos, jamás."
Minutos antes, los jefes de los principales bloques opositores cuestionaron la constitucionalidad de la ley, afirmaron que establece una intervención estatal "excesiva", que otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Comercio y que ahuyentará la inversión. "El ser Estado no es sinónimo de ser bueno. No se puede confundir al Estado con un funcionario, como no se debería tampoco confundir al gobierno con el partido de gobierno", sostuvo Juan Carlos Zabalza (FAP), al abrir los discursos de cierre de la sesión, pasada la medianoche.
Pinedo y Oscar Martínez (FR) coincidieron en que la ley no apunta a defender a los consumidores. "Estamos discutiendo si la democracia argentina va a ser gobernada sin limitaciones, sin reglas y sin previsibilidad por funcionarios que se creen iluminados y que pretenden llevarnos a una oscura noche", afirmó Pinedo.
En el cierre de su exposición, Di Tullio negó que el Gobierno planeara usar la ley para intervenir en la producción agropecuaria. "Hoy me cansé de leer algo que me llama la atención. Menos mal que tengo 234 testigos que pueden desmentirlo. ¿La diputada Diana Conti dijo que íbamos por los granos? Quiero que salgan a desmentir esto, que está en todos los portales. En ningún momento se dijo que nosotros íbamos por los granos", afirmó. En rigor, Conti planteó una situación hipotética para sostener que la oposición se maneja con una doble vara a la hora de denunciar la inconstitucionalidad de determinadas leyes impulsadas por el Gobierno.
CÓMO FUERON LOS VOTOS
Como en toda ley polémica, hubo algunos posicionamientos que llamaron la atención
El apoyo de nuevos aliados
Además del bloque kirchnerista, con Insaurralde incluido, y la mayoría de sus aliados habituales, respaldaron la ley Omar Plaini y Ramona Pucheta. También habían votado el pago local de la deuda externa
Distancia de los neuquinos
Los tres diputados del Movimiento Popular Neuquino, aliados habituales del oficialismo, no apoyaron la ley. Alicia Comelli y Adrián San Martín optaron por la abstención. María Villar Molina, que responde al petrolero Guillermo Pereyra, votó en contra
Abstenciones en la oposición
Toda la oposición votó en contra de la ley de abastecimiento, con la excepción de los tres diputados de Unidad Popular, de Claudio Lozano, que se abstuvieron. Junto con Alcira Argumedo (Proyecto Sur) apoyaron la creación del observatorio de precios
Algunos que respaldaron
La ley que crea un fuero especial para atender reclamos de los consumidores tuvo 203 votos a favor y 35 en contra. Además de los votos oficialistas, tuvo el respaldo de la UCR, el Frente Renovador, el FAP, Unidad Popular y el Frente de Izquierda
