Hay un dato que pesa como un karma sobre la industria extractiva mundial. De los 25 países que más dependen de los recursos naturales para sus finanzas, solamente dos están en los primeros 50 puestos de la lista de naciones con mejores índices de desarrollo humano.

Y esto no quiere decir que las empresas mineras y petroleras no aporten recursos a estas naciones. Por el contrario, en la última década, el dinero que las firmas del sector destinan a actividades de responsabilidad social empresarial, RSE, se ha multiplicado por ocho. Pero, al mismo tiempo, las protestas de las comunidades asociadas con esta actividad son cada vez mayores y cada vez más fuertes.

De acuerdo con el director de la fundación FSG (Foundation Strategy Group), Dane Smith, la razón por la cual la inversión social que hacen las empresas del sector no convence a las comunidades es que no se está haciendo bien y estos recursos no están dirigidos a resolver los problemas de fondo de las poblaciones.

Smith vino a Colombia a presentar los resultados del estudio realizado por la fundación con empresas del sector extractivo y comentó con Portafolio sus perspectivas sobre el sector.

En términos generales, ¿qué es lo que ha visto en los modelos de responsabilidad social de las empresas del sector minero y petrolero?

Lo que hemos visto es que cada vez más las empresas gastan más y más dinero en el área social y los conflictos sociales siguen multiplicándose. Vemos que esto sucede porque los recursos que destinan las empresas para las comunidades terminan fomentando relaciones transaccionales. Las comunidades llegan con unas ‘listas de compras’ para las empresas, que en realidad no contribuyen a solucionar los problemas de raíz y así no es posible construir relaciones de confianza.

Pero la industria siempre ha manejado así sus relaciones con las comunidades, ¿cómo se puede cambiar esta forma de trabajar?

No es fácil, pero lo primero que las empresas tienen que hacer es darse cuenta de que no está funcionando y que si continúan en esa forma, su legitimidad va a continuar disminuyendo. Porque la sociedad va a decir que su actividad (la de las firmas) no está teniendo impacto en las comunidades. Dicen: ‘la pobreza aumenta mientras que las empresas se vuelven cada vez más ricas’.

¿Qué más pueden hacer?

Deben mostrar a las comunidades que tienen un compromiso de largo plazo, que están involucrados en las necesidades de las personas. Cuando alguien tiene un check list de las cosas que tiene que hacer para conseguir el permiso social, no entra en profundidad en los problemas de la comunidad. Pero cuando la empresa se compromete a entender esos problemas, ahí empieza la oportunidad de mostrar la diferencia. Crecer más con programas que continúan, en vez de regalos y filantropía de corto plazo.

¿Cree usted que esta forma de trabajar explica el hecho de que a pesar del aumento de la inversión en Responsabilidad Social, los conflictos con comunidades siguen multiplicándose?

Sí, porque las personas miden el compromiso de la empresa en términos de la cantidad de dinero gastado en vez del impacto social que han tenido. Eso hace que pidan cosas de corto plazo, que es más dinero, en vez de entender que con las inversiones correctas y la colaboración correcta se pueden atender los problemas de raíz.

Pero, esto que usted propone, ¿no implica poner a las empresas a jugar un poco el rol del Estado?

Es posible que se pueda entender así, pero no estamos diciendo que las empresas tienen que tomar el papel del Estado. Lo que estamos diciendo es que cuando las empresas trabajan en una zona en la que el Estado no está haciendo lo que debe, tienen la opción de decir: “Bueno, yo no soy el Gobierno y eso es responsabilidad del Gobierno”, o pueden decir: “Yo voy a tratar de comprometerme a ser un actor que va a contribuir para de resolver ese problema”. Y esto no quiere decir gastar todo el dinero.

¿Qué quiere decir entonces?

Por ejemplo, las empresas tienen relaciones que pueden ayudar a atraer atención de organizaciones internacionales que están comprometidas en resolver estos problemas. Lo que yo digo es que la empresa tiene que convertirse en un maestro de rompecabezas, que entienda cómo se pueden combinar las piezas para resolver los asuntos.

En términos generales, la industria tiene muy mala reputación, ¿cree que si hay un cambio en la forma como se hace la inversión social esto puede cambiar?

Sí, lo que pasa es que todavía la gran mayoría de las empresas no se dan cuenta de que los problemas sociales son también un problema de la empresa porque tienen un impacto sobre el negocio. Piensan en esos problemas como problemas periféricos.

Lo que proponemos, normalmente, son cosas que no son sencillas porque estamos hablando de cambios en la cultura. No es fácil, pero lo que pasa es que lo tradicional no está funcionando.

EL PESO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Los conflictos que se generan entre las empresas del sector mineroenergético y las comunidades donde operan no son de poca monta. En Colombia, los problemas sociales le costaron a la industria petrolera dejar de producir más de 37 mil 700 barriles diarios, en promedio, en el 2013 por cuenta de bloqueos en operaciones.

En el mundo también se han presentado casos emblemáticos, como el de Barrick Gold, cuyas acciones en la bolsa cayeron casi 30 por ciento en dos meses por protestas en el proyecto Pascua Lama, en Chile, relacionadas con el impacto ambiental de la iniciativa.

En la mina de Yanacocha, operada por la firma Newmont en la provincia de Cajamarca, Perú, protestas por parte de la comunidad frenaron una inversión de 5 mil millones de dólares.

En Colombia, en el proyecto de níquel de Cerromatoso, operado por BHP Billington en Córdoba, tuvo dos paros ocasionados por protestas del pueblo Zenú. Las demandas de la comunidad suman 700 millones de dólares.

Según una encuesta de BNaméricas entre empresarios del sector, 60 por ciento de los consultados creen que “las relaciones con comunidades disuaden inversiones en proyectos de minería”.