Por Martin Bravo.
El kirchnerismo sancionó esta madrugada en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de abastecimiento, fuertemente criticada por el empresariado y la oposición. Tras una extensa sesión con intensos cruces, el oficialismo consiguió pasadas las 2 de la madrugada 130 votos a favor. Hubo 105 en contra y 5 abstenciones. El proyecto tuvo un trámite exprés, ya que el dictamen de comisión recién fue aprobado el martes.
El kirchnerismo consiguió llegar a 130 votos gracias a sus tradicionales aliados y al apoyo de la ex piquetera del MIJD de Raúl Castells, Ramona Puchetta (Frente por la Inclusión Social), y del moyanista Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo). En tanto, se destacaron las abstenciones de los diputados de Unidad Popular Víctor De Gennaro, Claudio Lozano y Antonio Riestra, junto a Alicia Comelli y Adrián San Martín, ambos del Movimiento Popular Neuquino.
Por la negativa también se manifestó la mayoría de la bancada radical, el PRO, Frente Renovador, Partido Socialistas, Coalición Cívica ARI, GEN, Frente Cívico de Córdoba, Compromiso Federal, Unión por Córdoba y Facundo Moyano (Cultura, Educación y Trabajo), entre otros.
Durante el extenso tratamiento, los diputados del Frente para la Victoria argumentaron que el paquete de tres proyectos apuntan a proteger a los consumidores de los abusos de las posiciones dominantes de las empresas y embistieron contra los que anunciaron el voto negativo. Del lado de la oposición, se repitieron los discursos con cuestionamientos sobre la discrecionalidad que otorgará al Poder Ejecutivo, consideraron que la ley de abastecimiento –la más polémica del paquete– será declarada “ inconstitucional”, que frenará las inversiones y que no resolverá los problemas de la economía.
La nueva ley de abastecimiento faculta al Estado a “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios ”, prevé sanciones hasta la clausura, y la incautación y venta de bienes. En el Senado el kirchnerismo excluyó a las pymes, entre otras modificaciones, aunque no consiguió apoyos fuera de los propios y aliados. En Diputados, para alcanzar mayoría confiaban en sumar al moyanista Omar Plaini y a la piquetera Ramona Pucheta, quienes aportaron al quórum junto a cinco adolfistas y dos delasotistas (ver pág. 11).
Pese a que el recinto lució semivacío durante la mayor parte del debate, se sucedieron los discursos encendidos. De entrada, la kirchnerista Diana Conti, a cargo de Asuntos Constitucionales, dejó planteada la polémica. “¡No nos dejemos correr por los grupos concentrados que no quieren dejar de hacer uso abusivo de su posición dominante!”, le dedicó a la oposición, y luego apuntó directamente a los radicales: “¡Reflexionemos, miren menos a Lanata, más a la Constitución y al pueblo! ¿Qué están defendiendo? No se presten, compañeros correligionarios. Van a seguir degradando a la política”.
Patricia De Ferrari, titular de la Comisión de Derechos del Consumidor, fue la primera radical en replicarle: “En los últimos 11 años nada se ha hecho por los usuarios y los consumidores.
Pregúntense qué clase de servicios públicos tenemos ”. Luego Jorge D’Agostino consideró que el proyecto “violenta notablemente la Constitución” y Mario Barletta fundamentó el rechazo: “Este Gobierno no sólo no combatió a los monopolios sino que los promovió.
No podemos darle a Drácula a que cuide el banco de sangre ”.
El macrismo también lanzó fuertes críticas. “La escala de control que quieren instaurar desvirtúa el control democrático y la división de podere s, y lo convierte en amenaza permanente”, dijo Patricia Bullrich. Para Pablo Tonelli, la ley buscará “el disciplinamiento y amedrentamiento de los empresarios”.
Entrada la noche, la massista Graciela Camaño replicó: “¿Ahora se acuerdan de que existe el abastecimiento? No nos vengan con el cuento de que defendemos la concentración económica, cuando otorgaron subsidios inexplicables.
Explíquenlo a Lázaro Báez, a Eurnekian, a Cirigliano ”. Aunque el Frente Renovador adelantó el voto a favor para el nuevo fuero de consumidores (ver pág. 12).
“Si el Estado necesita tantos controles es una muestra de debilidad ”, dijo Alicia Ciciliani, del socialismo.
Además de Conti, otro de los kirchneristas que defendió el paquete fue Roberto Feletti, titular de la Comisión de Presupuesto: “Si el Estado no regula las relaciones de producción y consumo, no hay política de precios posible”.
Ni las diatribas de la oposición ni las reiteradas advertencias de las corporaciones empresarias alcanzaron para torcer la voluntad del oficialismo, que, tras un debate de alrededor de 14 horas en la Cámara de Diputados, logró reformar la Ley de Abastecimiento y crear un observatorio de precios.
Las iniciativas más polémicas del paquete enviado por el Poder Ejecutivo contaron con los votos del Frente para la Victoria y sus aliados, mientras que parte de la oposición acompañó la inauguración de un nuevo fuero para dirimir los reclamos de los consumidores.
Fue al cabo de un extenso debate a causa de la veintena de dictámenes presentados, aunque a pesar de que se preveía el fin de la sesión para el mediodía del jueves, los legisladores acordaron reducir drásticamente la lista de oradores para votar pasadas las 2 de la mañana.
La “nueva regulación de las relaciones de producción y consumo”, que fue el epicentro de la discusión en el recinto, tuvo 130 votos a favor y 105 en contra, de la UCR, el FAP, el Frente Renovador, Unión Pro, la CC-ARI, Suma+UNEN y el FIT. Hubo cinco abstenciones: tres de Unidad Popular, de Claudio Lozano, y dos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Con la excepción de este bloque, el oficialismo contó con los votos de sus aliados habituales del Frente Cívico por Santiago, Nuevo Encuentro, el PJ La Pampa y el Movimiento Solidario Popular.
Los bloques opositores sustentaron su rechazo en la “arbitrariedad” y la “discrecionalidad” que esta ley otorgaría a los funcionarios para fijar márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.
En este sentido, propusieron sin éxito delegar las atribuciones de la ley en el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, en lugar de hacerlo en la Secretaría de Comercio.
Además, algunos auguraron que la nueva Ley de Abastecimiento será declarada “inconstitucional” por atentar contra la libertad de empresa y la propiedad privada, argumento que también levantó el denominado “Grupo de los seis” en un duro documento hace casi un mes.
En tanto, el nuevo observatorio para monitorear y sistematizar precios obtuvo 136 adhesiones y 104 rechazos. Por la oposición, sólo acompañaron este proyecto el bloque de Lozano y Alcira Argumedo (Proyecto Sur).
Por último, la iniciativa que crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) contó con amplio respaldo: 202 votos a favor y 36 en contra, de Unión Pro, la Coalición Cívica-ARI y Suma+UNEN. En este caso apoyaron el FAP, el Frente Renovador, la UCR y el Frente de Izquierda.
Una vez más, el kirchnerismo contó con apoyos extra al mediodía para reunir el quórum y dar inicio a la sesión: volvió a contar con el apoyo de Martín Insaurralde y la facción opositora del Movimiento Popular Neuquino.
También se sentaron en sus bancas los cordobeses Blanca Rossi y Carlos Caserio, que responden al gobernador José Manuel De la Sota, del peronismo opositor y los cinco miembros de Compromiso Federal, el bloque referenciado en el senador opositor Adolfo Rodríguez Saá, al igual que la expiquetera Ramona Pucheta.
En el caso de Pucheta, cada vez más cerca del kirchnerismo, la ayuda fue aún mayor, ya que votó a favor de los tres proyectos en cuestión.
Otra diputada que aportó para iniciar la sesión fue la fueguina Graciela Boyadjian, quien pertenece al Movimiento Popular Fueguino, del senador opositor Jorge Garramuño.
El sindicalista Omar Plaini también estuvo bien temprano en el recinto. Si bien integra la conducción de la CGT opositora de Hugo Moyano, el canillita juega con el gobernador bonaerense Daniel Scioli, anotado en la interna kirchnerista. Y votó a favor de los tres proyectos.
El debate
En un encendido discurso, la diputada Diana Conti justificó la actualización de la Ley de Abastecimiento en la necesidad de darle herramientas al Estado frente a los “abusos” del “poder económico concentrado”, y criticó duro al arco opositor por alinearse a las corporaciones económicas.
Al abrir la discusión, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales recordó que la Ley de Abastecimiento de 1974 fue votada por la UCR y que el entonces senador Fernando De la Rúa aseguró que “no había escrúpulo constitucional alguno” en esa norma, a diferencia de lo que denuncia hoy el radicalismo.
“No nos dejemos correr por los grupos concentrados que no quieren renunciar a hacer uso abusivo de su posición dominante (…) Miren menos a (el periodista Jorge) Lanata”, disparó luego y dijo no entender la oposición de los partidos con trayectoria “nacional y popular”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti (FpV) sostuvo que “es necesario que el Estado se ponga en el centro de la escena para regular la concentración del mercado”.
El economista aseguró que “si el Estado no regula la producción y el consumo, no hay política de ingreso que aguante, no hay pequeña y mediana empresa que aguante, y terminamos en una sobreconcentración de la renta”.
En la misma línea, Alex Ziegler, titular de Comercio, aseguró que el paquete de proyectos económicos busca enfrentar la concentración del mercado de bienes y servicios, “que las riquezas generadas se distribuyan de modo equitativo” y “garantizar más derechos” para usuarios y consumidores.
Por el contrario, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Patricia De Ferrari (UCR), negó que las iniciativas defiendan a los consumidores al asegurar que “ignoran la defensa de la competencia”.
De Ferrari aseguró que la competencia “quedaría anulada a partir de la discrecionalidad” de la Secretaría de Comercio. Por eso, pronosticó que la nueva ley “restringirá la oferta” en el mercado. “Tiene destino de fracaso”, auguró.
Por su parte, José Ignacio De Mendiguren manifestó su rechazo a la actualización de la Ley de Abastecimiento de 1974 al asegurar que “ahuyentará inversiones”, es “inconstitucional” y otorga facultades “arbitrarias” al Poder Ejecutivo. “Al errar el diagnóstico, erran en el instrumento”, resumió sobre los aportes del proyecto.
El diputado massista y dirigente de la UIA sostuvo que “es imposible buscar en el pasado la solución para los problemas del futuro, que es a nuestro entender la respuesta que da esta ley a las cosas que tenemos que resolver”.
De Mendiguren se quejó porque “desde fines de 2011, en lugar de alentar la inversión, la pusimos en el frízer del cepo cambiario y la inflación, y a esto se sumaron las prácticas arbitrarias de un secretario de Comercio (por Guillermo Moreno)”.
Por Unión Pro, Pablo Tonelli sentenció que “el verdadero objetivo de esta ley es disciplinar y amedrentar empresarios y productores”. “Como el Gobierno no sabe resolver los problemas que la economía afronta, particularmente la inflación, la inversión, entonces aplica el único método que conoce: el disciplinamiento y amedrentamiento”, añadió.
Otro macrista, Federico Sturzenegger, recordó que “esta ley ya se aplicó a la carne, a la energía y al dólar”, y como resultados “tenemos la carne más cara que en los EE.UU., la energía la tenemos que importar y el dólar está a 15 pesos y cada vez faltan más”.
Por el Frente Amplio Progresista, la socialista Alicia Ciciliani consideró en la sesión por los proyectos para consumidores que “lo que está en debate es el Estado” y remarcó la necesidad de “transparentar” la cadena de valor.
La santafesina consideró que “en Argentina tenemos un enorme problema de falta de productividad y competitividad”.
Martín Lousteau (Suma+UNEN) centró su discurso en el “mal diagnóstico de la inflación” y sostuvo que por eso “estamos condenados a usar mal estas herramientas”. “Esta ley no es el instrumento idóneo para bajar la inflación”, concluyó entonces, al advertir que este problema “es resultado de los horrores macroeconómicos”.
Desde la Coalición Cívica-ARI, Fernando Sánchez cargó duro contra los proyectos del Ejecutivo para los consumidores y pronosticó en particular que el nuevo fuero judicial “no resolverá ningún conflicto”.
Ante la mirada atenta de su jefa política, Elisa Carrió, Sánchez opinó que votar a favor de ese proyecto sería caer en una actitud “irresponsable”, al indicar que es “inconstitucional” y que esos tribunales “sólo van a existir en la Ciudad de Buenos Aires”.
Quien salió luego al cruce de la oposición fue el referente de La Cámpora Juan Cabandié, quien negó que la nueva Ley de Abastecimiento sea “antiempresaria” y embistió contra los diputados que “defienden” al titular de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere.
“No es una ley ‘antiempresaria’. Las grandes empresas nunca ganaron como en estos 11 años. En este gobierno maximizaron sus ganancias”, aclaró el oficialista.
Acto seguido, tildó de “vergonzosa” a la Sociedad Rural –que aseguró que la norma “perjudicará” al campo- ya que “avaló la dictadura militar y no ha pedido perdón”. Más aún, el diputado recordó que Etchevehere está “acusado de reducir a la servidumbre a dos trabajadores de sus campos”.
Claudio Lozano, de Unidad Popular, se mostró en una posición intermedia: “Nosotros rechazamos la opción entre la regulación fracasada y corrupta del Gobierno nacional y el cántico mentiroso de las cámaras empresarias que representan al capital concentrado que, alegando la vigencia de mercados inexistentes pretenden mantener sus privilegios y posiciones dominantes”, dijo.
Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, analizó: “La Ley de Abastecimiento, mientras el dólar paralelo trepa a las nubes, es la mayor ficción del kirchnerismo”.
Y se preguntó: “¿Se la aplicarán a (Miguel) Galuccio, que aumenta 60 por ciento los combustibles en un año? ¿A (Juan Carlos) Fábrega, que lleva las tasas de interés pasivas al 30 por ciento? ¿A (Axel) Kicillof, responsable de la devaluación monetaria de enero? ¿Al Gobierno, que que paga deuda externa con inflación?
