Por Pablo Fernández Blanco.
Durante una década, el Gobierno marginó a Enrique Pescarmona, dueño de Impsa, de los grandes negocios relacionados con la obra pública. Ahora, cuando la situación económica y financiera de la compañía mendocina (una de las pocas grandes empresas argentinas en condiciones de desarrollar tecnología para exportar) amenaza con llevar a la quiebra a la empresa centenaria y dejar en la calle a 1700 empleados, acude en su ayuda.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, lo confirmó ayer desde Rusia. "[La empresa] tiene problemas desde hace dos años por dificultades financieras en Brasil y Venezuela, y estuvimos trabajando para ayudarla y mantener su fuente de trabajo y su capacidad productiva", sostuvo en declaraciones radiales. También confirmó que el Gobierno estudia hacer un aporte de fondos públicos para capitalizarla a cambio de acciones en la compañía, que fabrica turbinas para generación eléctrica hidráulica y molinos eólicos. "Eso lo estamos decidiendo en conjunto con distintas áreas del Gobierno, en tanto y en cuanto se preserven los intereses de los 1700 trabajadores y del propio Estado", dijo.
Según la empresa, que hoy entrará en default al no pagar el vencimiento de un bono, la mayor parte de sus problemas se debe a la demora en pagos por trabajos hechos en aquellos países por unos 5500 millones de dólares.
El lunes pasado Pescarmona se reunió con el ministro de Economía, Axel Kicillof. La semana anterior lo había hecho con Débora Giorgi. Entre todos comenzó a aflorar una solución mixta, que todavía no está madura: sostener a Impsa, que hoy entrará en default, mediante un aporte del Estado y el ingreso de dos socios privados (uno sería un consorcio brasileño y el otro, la japonesa Toshiba). En ningún caso la familia está dispuesta a abandonar el control de la empresa. De lo contrario, preferiría vender.
Kicillof y Giorgi encabezan las negociaciones con el grupo privado. Afuera quedó el ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien en el entorno del grupo mendocino consideran uno de los responsables de la precaria situación de la empresa.
Allegados a la empresa confirmaron que el Gobierno aceptó otorgarle los denominados Repro (planes de contingencia para sostener el empleo, que consisten en un subsidio del Estado de $ 2000 por trabajador).
El kirchnerismo bajó a Pescarmona de proyectos hidroeléctricos cuando ya había ganado las licitaciones y hasta le pidió silencio para allanar el camino a otros constructores cuando intentó impugnar adjudicaciones de sus competidores. Ahora, el empresario quiere sumar puntos adicionales a un acuerdo con el Gobierno. Entre ellos, que las gestiones de Cristina Kirchner faciliten el cobro de las deudas de la administración de Nicolás Maduro con su empresa. Un ejemplo reciente confirma esa clase de operatoria: en 2009, Ternium, una de las empresas del Grupo Techint, acordó con Venezuela un pago de US$ 1970 millones por la expropiación de Sidor. La Presidenta se encargó telefónicamente de allanar el camino cuando la negociación se trababa.
Hay otro ejemplo histórico que está del lado de Pescarmona. Siempre que una empresa icónica argentina estuvo al borde del abismo, el kirchnerismo giró fondos para salvarla. También en 2009, en un acto de campaña, el ex presidente Néstor Kirchner le ofreció un salvataje público a Mastellone Hnos., cuando la láctea atravesaba por una situación crítica y su socia francesa, Danone, quería comprarla. Antes lo había hecho con el supermercadista Alfredo Coto.
Algo similar ocurrió con SanCor. Cuando estuvo a punto de venderse a una empresa de George Soros, Kirchner la "obligó" a tomar un crédito del gobierno de Hugo Chávez para evitar la operación.
Además, Pescarmona quiere que el Gobierno lo vuelva a poner en el radar de la obra pública, ya que de lo contrario la empresa volvería a caer en desgracia. En 2010, un consorcio del que formaba parte Impsa se preadjudicó la construcción de las centrales Condor Cliff-La Barrancosa, en Santa Cruz. Pero la obra, por unos US$ 4500 millones, fue rebautizada (ahora se llaman Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) y relicitada. Las construirá Electroingeniería con socios chinos.
Incluso el gobernador de mendoza, Francisco "Paco" Pérez, se sumó de lleno al salvataje de la empresa. Durante la última visita del presidente de YPF, Miguel Galuccio, a la provincia, le pidió ayuda para Impsa. El jefe de la petrolera le prometió al mandatario provincial que buscaría la manera ayudar.
DEFAULT
Cualquiera que sea el resultado de la negociación con el Gobierno, Impsa entrará hoy en cesación de pagos porque no puede pagar un vencimiento de obligaciones negociables por 42 millones de pesos y 23 millones de dólares. Eso la obligará a reestructurar su deuda. Ya le encargó ese trabajo al ex secretario de Finanzas Daniel Marx y al estudio de abogados Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (H).
Además de las gestiones con el Gobierno y otras empresas, Enrique Pescarmona, quien condujo la empresa durante décadas, pero en los últimos años delegó el manejo cotidiano de los negocios principalmente en sus hijos Luis, Lucas y Sofía, cree que la superstición también le hizo un guiño.
En el mundo empresario se lamentan de que las terceras generaciones funden las empresas. "Esta empresa tiene 107 años. Mis chicos son la cuarta generación. No les va a pasar", le dijo con una breve sonrisa a uno de sus colaboradores esta semana.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, dijo ayer que el Gobierno analiza una ayuda del Estado para Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), que afronta dificultades financieras y avisó que no podrá cumplir hoy sus vencimientos de deuda.
La funcionaria reveló, en declaraciones radiales desde Moscú, que mantuvo reuniones con el titular de la firma, Enrique Pescarmona, junto con el ministro de Economía, Axel Kicillof. La empresa con sede en Mendoza tiene problemas hace dos años, por dificultades financieras en Brasil y Venezuela, y estuvimos trabajando para ayudarla y mantener su fuente de trabajo y su capacidad productiva, dijo Giorgi.
En cuanto a un probable aporte del Estado nacional, reveló que eso lo estamos decidiendo, en conjunto con distintas áreas de Gobierno, en tanto y en cuanto se preserven los intereses de los 1.700 trabajadores y del propio Estado. Giorgi remarcó asimismo que los problemas de Pescarmona no tienen nada que ver con la jugarreta de (el juez neoyorquino Thomas) Griesa y sus holdouts, al referirse a las versiones que vincu-laban las estrecheces de la empresa con el default del país.
En un escrito enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía sostuvo que se ve en la necesidad de posponer el pago de intereses correspondientes a la fecha de pago del 18 de septiembre de 2014 de sus Obligaciones Negociables Clase X y de sus Obligaciones Negociables Clase XI. La empresa no podrá hacer frente a un pago de intereses previsto para hoy por $ 42 millones y u$s 23 millones.
Miguel Ángel Flores Isuani
El Gobierno nacional finalmente blanqueó su intención de brindar un rescate a Impsa al menos hasta fin de año, con subsidios salariales y fondos frescos a cuenta de la acreencia por más de U$S 950 millones en proyectos energéticos desarrollados y sin cobrar aún en Venezuela y Brasil, como lo anticipó Los Andes. A lo que se suma un apuesta no menor en estudio: estatizar parte de su pasivo, superior a U$S 1.200 millones, mientras activa el salvataje.
De la intervención de una comisión tripartita, integrada por los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, de Industria, Débora Giorgi, y la AFIP, con la consigna de analizar "exhaustivamente” la situación de la multinacional mendocina surgió la decisión. La Nación se pondrá el traje de pivot para gestionar la cobranza a Venezuela y Brasil, transferir fondos a cuenta para oxigenar a la compañía e, incluso, se analiza renegociar la deuda que la llevó al default, técnicamente desde hoy, al no poder cancelar un vencimiento de Obligaciones Negociables (ON) emitidas en enero.
Actualmente, el pasivo con el mercado de capitales que forzó la cesación de pagos representa unos U$S 300 millones, parte del cual solventaría el Gobierno nacional para salir del paso. Otros U$S 700 millones, en cálculos de la compañía, provienen de inversiones comprometidas en los contratos para luego cobrar con la operación de cada central energética, modelo de negocio habitual de Impsa.
Mientras funcionarios del Ejecutivo local admitían en off the record que estatizar el pasivo “está en evaluación” como parte del megaplán de rescate desde la Nación, Giorgi confirmaba ayer en declaraciones a Radio del Plata que una reunión con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el propio Enrique Pescarmona fue decisiva para asegurar el salvavidas, a fin de que “la empresa mantenga puestos de trabajo y su calidad productiva”. A condición, advirtió, de “ejercer la defensa del aporte que haga el Estado, siendo par de otros acreedores que pueda tener” frente a problemas que, a su criterio, arrastra desde 2012.
Problemas que no han sido pocos y que Pescarmona expuso ante Giorgi y Kicillof, además de la inactividad en el país para una empresa con desarrollos de ingeniería y know how propios. Sólo en Brasil, el holding registra un juicio por U$S 150 millones, a causa de más de 30 meses sin cobrar un contrato de generación de energía eólica para repago de una obra de U$S 750 millones. A lo que se sumó un pedido de quiebra por no cancelar U$S 4 millones en junio.
“Estamos decidiendo en conjunto con Pescarmona un aporte del Gobierno nacional, en tanto y en cuanto se preserven los intereses del Estado”, precisó Giorgi, haciendo hincapié en mantener 1.700 puestos de trabajo a nivel nacional.
A recuperar la dinámica de Impsa se ata la llegada de $ 2 millones en subsidios para solventar salarios de 1.076 trabajadores de su planta en Mendoza a través del Programa de Recuperación Productiva. “No puede haber Repro ni sostén de puestos de trabajo si la empresa se cae”, resumió el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, partícipe de las gestiones con Nación, para dejar en claro que el acuerdo en progreso es parte de un “tome y daca”. Lo hizo antes de volar hacia Buenos Aires, donde lo esperaba Tomada, coordinador de asistencia laboral.
Cuatro años sin proyectos
La cuestión de fondo es que Impsa recupere ritmo con nuevos contratos en Argentina. El último data de 2010 cuando, a través de Enarsa, había obtenido la concesión para repotenciar la Central Nuclear Embalse, por U$S 160 millones, a una rentabilidad del 7%.
En ese plan se dio un contacto informal, propiciado por Lafalla, entre Sofía Pescarmona, la hija de Enrique, y el CEO de YPF, Miguel Gallucio, durante la última visita de éste a Mendoza para anunciar una inversión en el yacimiento La Ventana, del cual surgió la propuesta de trabajar en la provisión de equipos extractivos a la petrolera e ingresar pymes proveedoras al Plan Sustenta que, en el afán de dar una buena nueva, anunció el gobernador Francisco Pérez pero la petrolera no confirmó aún.
El mandatario señaló que “es una situación delicada, que no sólo tiene que ver con pagos por cancelar sino cobrar los fondos trabados en Brasil y Venezuela, donde se está articulando con el embajador venezolano Carlos Cheppi, y con que la firma necesita trabajo”. A juicio de Pérez, “hay que ayudarla porque es una de las mejores empresas argentinas que desde Mendoza llevó su prestigio al mundo”.
Tratativas para modificar la estructura salarial
Pasó una nueva audiencia de conciliación desde que Impsa se declaró en crisis y las partes involucradas -la UOM y la empresa- convinieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 22 para analizar opciones.
“Hasta entonces se seguirán profundizando alternativas para reducir costos y esquemas fiscales más beneficiosos a fin de ganar tiempo hasta poder recuperar capacidad de trabajo, que está a un nivel muy bajo”, señaló el director de Recursos Humanos de Impsa, Matías Massera.
Entre las líneas de acción pretendidas está concederle a Impsa un diferimiento múltiple. Esto es, de impuestos (AFIP aprobó postergar el pago de IVA y Ganancias al menos hasta fin de año), y también de cargas patronales, en discusión con el titular de la Anses, Diego Bossio, hasta fin de año o principios de 2015.
A eso se suma un reacomodamiento de los salarios. Contempla transitoriamente convertir ítems remunerativos en no remunerativos y así reducir la base imponible.
“Hay que terminar de definirlo, pero en todo caso, en conjunto, equivale a poco menos del 20% de los costos que la compañía necesita ajustar”, completó Massera.
En cuanto a la llegada de subsidios a través del Repro, según el subsecretario de Trabajo, Rubén Boris “se están acelerando las gestiones para que puedan liquidarse con los haberes de setiembre, dentro de una propuesta de trabajo hasta diciembre”.
Los Andes
La ministra de Industria, Débora Giorgi, admitió hoy que el Gobierno nacional está analizando una posible participación del Estado Nacional en el paquete accionario del Grupo Pescarmona, a modo de salvataje ante la delicada situación financiera por la que atraviesa la empresa.
"Estuvimos trabajando junto con el ministro (de Economía, Axel) Kicillof y Enrique Pescarmona y estaremos ayudando a una empresa para mantener sus puestos de trabajo y la calidad productiva, pero viendo los intereses del Estado en el aporte que haga", dijo la funcionaria.
En declaraciones radiales, afirmó que "lo estamos decidiendo" porque aún "estamos trabajando en conjunto con la empresas y distintas áreas de gobierno".
No obstante, la ministra reiteró que se hará, "en tanto y en cuanto se preserven los intereses del Estado y los 1.700 puestos de trabajo".
Impsa comunicó la cesación de pagos de cuotas de capital e intereses de Obligaciones Negociables y a todos sus acreedores financieros por atrasos en el cobro a clientes con “contratos significativos” que le deja un lastre de U$S 1.200 millones.
La modalidad del salvataje financiero para aliviar a Impsa incluye absorber la acreencia de la multinacional mendocina con los gobiernos de Brasil y Venezuela por casi 950 millones de dólares, mientras en el orden local la Provincia intercede ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para amortiguar la situación de pymes proveedoras del holding forzadas por montos sin cobrar que, en ciertos casos, llegan a $ 2 millones. Esperan, así, diferir y renegociar IVA y Ganancias.
La “gestión de cobranza” que asumiría el Gobierno nacional frente a los de Dilma Rousseff y Rafael Maduro es parte de un acuerdo hasta ayer fraguándose como parte de un salvataje tripartito. Sin duda, el componente sustancial para revertir el default, complementado con subsidios para sostener 1.000 puestos de trabajo en Mendoza y un programa de diferimiento impositivo hasta 2015.
Al día de hoy Brasil le debe a Impsa alrededor de U$S 300 millones en concepto de cancelación de un parque eólico de más de 200 megavatios en Santa Catarina mientras que Venezuela mantiene un saldo cercano a U$S 250 millones por la ejecución de la represa de Tocoma.
“Esto es algo que va día a día. Tenemos licitaciones que atender, no todos podemos correr detrás de la pelota”, admitió con medido optimismo Rubén Valenti, vicepresidente de Impsa, sobre el reparto de roles en las gestiones.
Por Daniel Calivares.
La crisis en la empresa IMPSA, de la familia Pescarmona, provocó que esta le pida ayuda al gobierno provincial y nacional, que ha movilizado parte de la maquinaria estatal para impedir que se produzcan despidos debido a la recesión de pagos en la que entraría la empresa.
Por un lado, en una reunión hecha entre representantes de la empresa y del gobierno provincial, el responsable de Recursos Humanos de IMPSA, Matías Massera, clarificó un pedido de mil REPRO, que es un programa de ayuda del Estado a empresas en crisis y que consiste en aportar parte de los salarios de los trabajadores con el fin de evitar despidos. Actualmente, este plan consiste en 2 mil pesos por REPRO concedido.
La idea de la empresa, en este caso es abarcar a la totalidad de sus trabajadores, por lo que el representante del gobierno, el subsecretario de Trabajo, Rubén Boris, será el encargado de lograr la autorización para que IMPSA reciba los REPRO solicitados.
En ese sentido, Boris explicó que la semana que viene ya puede llegar a estar lista la resolución por los REPRO y expresó que la empresa pidió esa cantidad de REPRO por los 1050 trabajadores que denunció tener, al mismo tiempo que presentó un plan de crisis para 200 despidos.
Sin embargo, desde el gobierno dieron otra alternativa que es que se entreguen los REPRO y analizar otra serie de medidas como abaratamiento laboral, impositivo y de esa manera evitar despidos y suspensiones hasta fin de año, como una forma de ganar tiempo para que IMPSA cobre algunas de las deudas millonarias que posee y la situación se modifique.
En tanto, el gobernador Francisco Pérez explicó que habló con Enrique Pescarmona este martes y que se avanzó en una nota de recomendación para una licitación que se hará en Canadá.
Asimismo, el mandatario sostuvo que desde la semana también mantiene conversaciones con el titular de Anses, Diego Bossio y con el ministro de Economía, Axel Kicillof.
“Es una situación compleja, delicada, nos estamos ocupando porque no es solo los pagos que debe cancelar, sino también como están trabados fondos en Brasil y Venezuela, hay que reestructurar algunos trabajos que la empresa pueda hacer en el futuro”, explicó Pérez.
Justamente, desde la empresa explicaron que de poder cobrar los trabajos hechos en el exterior, la situación de la empresa mejoraría considerablemente, como así también si salieran nuevos trabajos en el país.
El gobernador también aclaró que el ministro de gobierno y trabajo, Rodolfo Lafalla y su par de Agroindustria, Marcelo Costa, están trabajando en todo lo que tiene que ver con cuestiones operativas, de subsidios y sostenimiento de empleo.
“También hay una situación de YPF de ofrecerle distintas tareas, también estamos trabajando con empresas contratistas de IMPSA, volcándolas a YPF y a otras empresas petroleras”, explicó el mandatario.
Los dichos de Pérez fueron confirmados también por la ministra de Industria de la Nación, Débora Georgi, quien señaló que la empresa, de prestigio nacional e internacional, “tiene problemas hace dos años, por dificultades financieras en Brasil y Venezuela, y estuvimos trabajando para ayudarla y mantener su fuente de trabajo y su capacidad productiva”, y agregó que se está analizando algún tipo de ayuda desde la Nación.
Desde la subsecretaría de trabajo confirmaron que este lunes habrá una nueva reunión entre los representantes de la empresa, la UOM. la Asociación de Industriales Metalúrgicos y el gobierno provincial con el fin de evitar más despidos y suspensiones.
El Gobierno analiza el pedido de ayuda de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) para levantar el cuadro de cesación de pagos en que cayó la empresa. La ministra de Industria, Débora Giorgi, confirmó ayer que se vienen realizando gestiones en ese sentido desde hace semanas. “Tuvimos algunas reuniones junto al ministro Axel Kicillof con Enrique Pescarmona, dueño de Impsa. Estamos trabajando para evaluar las distintas opciones, siempre que se preserven los intereses del Estado”, indicó la funcionaria. Una de esas posibilidades consiste en que el Estado haga un aporte de capital a cambio de acciones, pero tampoco se descarta que otra empresa privada ingrese en la negociación. Las causas del default de Impsa radican en la demora de los gobiernos de Venezuela y Brasil para cancelar contratos de trabajos realizados por la compañía. Giorgi descartó que los problemas particulares de la compañía se vinculen con el litigio del Gobierno con los fondos buitre.
Impsa es la empresa argentina más importante en energías renovables. En su fábrica de Mendoza produce turbinas hidroeléctricas y molinos para la generación de energía eólica. La empresa envió anteayer una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para informar que no podría hacer frente a un pago de intereses por 42 millones de pesos y 23 millones de dólares. Son obligaciones negociables clase X y XI.
Ayer Giorgi planteó que “la empresa tiene problemas hace dos años, registra dificultades financieras por falta de cobro en Brasil y en Venezuela. Vamos a estar ayudando para mantener sus 1700 puestos de trabajo y su capacidad productiva”. Aclaró, además, que “el Grupo Pescarmona ha tenido problemas con anterioridad de la jugarreta del juez Griesa”, desligando el default de Impsa de los vaivenes en la pelea con los fondos buitre.
Fuentes de la empresa reconocieron que el ingreso del Estado en el paquete accionario es una posibilidad, pero tampoco descartaron que lo haga otra firma del sector privado. Se están llevando a cabo negociaciones y nadie quiere pisar el palito y cerrar puertas de antemano. El factor más sensible que explica el desajuste financiero de la empresa es la falta de cobro por los proyectos que Impsa realizó en Venezuela, con la represa de Tocoma, y en Brasil, con el parque eólico de Santa Catarina.
Tocoma es una represa vendida bajo la modalidad “llave en mano”, que cuenta con diez turbinas generadores Kaplan de 230 megavatios cada una, un total de 2300 megavatios. Es más grande que el proyecto hidroeléctrico que se va a llevar a cabo en Santa Cruz, por ejemplo, que va a aportar al país 1740 megavatios. Venezuela, con graves problemas económicos, dejó de pagar por la obra. Algo relativamente similar ocurrió en Brasil, en donde la empresa Electrobras dejó de pagar la energía del parque eólico durante dos años. En 2013, Pescarmona ganó el juicio y volvió a recibir el dinero, pero en el medio la empresa cubrió el bache con endeudamiento “que dejó secuelas”. En la firma no vinculan la cesación de pagos con la decisión de Griesa de bloquear pagos a los bonistas del país, pero advierten que la dificultad en el acceso al financiamiento en general complicó el panorama.
IMPSA, la empresa de Enrique Pescarmona, está esperando una capitalización por parte del Poder Ejecutivo, que podría anunciarseentre hoy y mañana. La compañía, que anunció el lunes que no pagará intereses ni capital de sus Obligaciones Negociables, espera una inyección de dinero estatal para poder reestructurar su deuda, quesupera los US$ 1.000 millones.
La firma de Pescarmona le pidió al Gobierno que interceda para poder cobrar dinero que le deben en Brasil y Venezuela. Recuerdan que el Poder Ejecutivo auxilió a Techint en las gestiones similares en la expropiación de Sidor en Venezuela. Ahora Pescarmona espera colaboración oficial en esa tarea.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, es una de las funcionarias encargadas del rescate de IMPSA. Ayer dijo que estudian una salida que permita “mantener los puestos de trabajo, la calidad productiva y preserve los intereses del Estado”. En Pescarmona miran con más atención al ministro de Economía, Axel Kicillof, a quien indican como un “conocedor del funcionamiento de la industria pesada”. Aunque en la firma evitan hacer declaraciones, su esperanza es que Kicillof active un rescate económico y también logre que Pescarmona participe en las represas de Santa Cruz y en el proyecto de represa de Chihuido (Neuquén). El ministro de Planificación, Julio De Vido, excluyó a IMPSA de ambas obras.
El gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, confirmó ayer que su provincia quiere ayudar a IMPSA. “Para nosotros es una de las mejores empresas de Argentina que ha llevado el prestigio de Mendoza al mundo”, afirmó el mandatario.
La empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), que ganó tres licitaciones para la realización de cuatro parques eólicos en Maldonado y Lavalleja, se declaró en default al no poder hacer frente esta semana al pago de intereses de dos bonos domésticos, en lo que representa el primer incumplimiento de una empresa privada desde que el vecino país cayó en cesación de pagos en julio.
La difícil situación de la empresa, que desde hacía ya varios meses se percibía como delicada, hace que se considere muy difícil que se completen los proyectos eólicos que le fueron adjudicados en Uruguay. De acuerdo a lo que informó el director Nacional Energía del Ministerio de Industria (MIEM), Ramón Méndez a El Observador, este viernes 19 vence el plazo de tres años en el que los primeros tres parques adjudicados, Libertador I, II y III, por 65 megawatts (mw) debían haberse completado. Mientras tanto, el 27 de junio de 2015 es la fecha límite para la puesta en marcha del cuarto parque, Libertador IV, de 50 mw. Todos los contratos pactaban la instalación de 115 mw cuya energía compraría UTE.
Méndez comentó que en los cuatro predios elegidos para realizar los parques no se iniciaron obras, aunque sí reconoció que se han pedido prórrogas que el directorio de UTE negó. Impsa prepara un plan de reestructuración para mantener su sostenibilidad, para lo cual debería cancelar mañana intereses por US$ 1,1 millones. “La sociedad debe adoptar esta decisión debido a su situación financiera y como consecuencia de los atrasos sufridos en las cobranzas a algunos clientes en contratos significativos”, informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
